María Ruiz
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos encabezó en la Glorieta Tatanacho la entrega de 53 patrullas nuevas durante la noche de este domingo 14 de septiembre.
Las unidades, en colores azul y blanco, fueron presentadas como símbolo de modernización: incorporan cámaras conectadas en tiempo real al C4 municipal, sistemas de geolocalización y software de inteligencia artificial capaz de detectar desde la fatiga del conductor hasta salidas de carril.
“San Luis Potosí merece vivir en paz, merece instituciones fuertes… hoy damos un paso más hacia esa meta”, dijo el edil frente a funcionarios y comités ciudadanos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, complementó con cifras de equipamiento: 159 cámaras móviles a bordo de las patrullas, además de las 190 ya instaladas en la ciudad.
En medio de discursos sobre confianza y cercanía ciudadana, hubo un detalle ausente, pues no se informó el monto de la inversión en este nuevo parque vehicular.
A la par de la celebración del evento este domingo, en el portal del Ayuntamiento se publicó la Convocatoria 38, una licitación pública para la compra de vehículos oficiales —camionetas pick up doble cabina, unidades con chasis y redilas, vehículos con equipamiento policial y un motocarro— cuyo fallo fue programado para el 14 de agosto de 2025.
El documento, detalla la adquisición de 135 vehículos, entre los que se incluyen 115 camionetas pick up doble cabina, 15 camionetas chasis con redilas, tres unidades con equipamiento policial y dos motocarrros, se realizó con el objetivo de reforzar su parque vehicular y atender distintas necesidades operativas del municipio.
Cabe destacar que la adquisición de patrullas por parte del ayuntamiento capitalino tiene antecedentes de opacidad y engaños por parte de las administraciones de Galindo Ceballos.
En enero de 2022, durante la primera entrega de patrullas de su gestión, Galindo aseguró que el arrendamiento de unidades representaba “una inversión global de 160-170 millones de pesos a tres años”.
Los documentos oficiales contaban otra historia. En el listado de adjudicaciones directas se estableció que el costo real del contrato ascendía a 203 millones 005 mil 067 pesos, es decir, entre 33 y 43 millones más de lo dicho públicamente. El desfase marcó un primer cuestionamiento sobre transparencia y manejo de recursos.
Hoy, tres años después, la apuesta de la administración se muestra distinta en forma —licitaciones públicas en lugar de adjudicaciones directas—, aunque el fondo mantiene una constante: la seguridad como argumento de legitimidad y las patrullas como símbolo visible de esa narrativa.
