Texto y fotografías de Fernanda Durán
La renovación del Poder Judicial en San Luis Potosí se concretó en una sesión marcada por posiciones políticas y retrasos logísticos.
Pese a que correspondía a la presidenta del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina (PRI), encabezar la ceremonia de toma de protesta, decidió abstenerse como lo había anticipado, debido a la actitud de su partido frente a la reestructura del Poder Judicial, aunque había asegurado que su titularidad de la Directiva mantendría una postura institucional.
La misma decisión fue replicada por la primera vicepresidenta, Mireya Vancini Villanueva (PAN). Ante ello, la conducción recayó en la segunda vicepresidenta, María Dolores Robles Chairez (PVEM), quien asumió la responsabilidad de llevar el protocolo junto al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El evento, programado para la mañana de este lunes, se vio retrasado por casi hora y media debido a la tardanza del mandatario estatal, lo que prolongó el acto solemne.
No obstante, una vez iniciado, la ceremonia congregó a la mayor parte de su gabinete, además de figuras políticas como Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, y los diputados federales Gabino Morales Mendoza, Aremy Velasco de Morena y José Luis Fernández Martínez del PVEM. También acudieron los titulares de órganos autónomos como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
Durante uno de los recesos, diversos actores políticos, entre ellos la consejera presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, así como algunos legisladores, posaron para fotografías en este evento.
Tras la validación y entrega de constancias a los magistrados electos realizada el domingo por el Ceepac, correspondió al Congreso cumplir con su parte al tomarles protesta.
Hacia las 11:00 horas concluyó la toma de protesta de los nuevos integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y del Tribunal de Disciplina Judicial.
Como presidenta del STJE rindió protesta Lourdes Anahí Zarazua Martínez, acompañada por Juana María Alfaro Reyna, Sara de la Luz Bernal Ramírez, Liliana Elizabeth Aguilar Gómez, Rocío Hernández Cruz, Silvia Torres Sánchez, Mónica Kemp Zamudio, Lizet Paola Morales Monter, Jairo Hernández Garibay, Arturo Morales Silva, Armando Rafael Oviedo Abrego, Juan David Ramos Ruiz, María América Onofre, Rogelio Javier Salazar Zavala y Ángel Gonzalo Santiago Hernández.
En el Tribunal de Disciplina Judicial, el encargo de la presidencia recayó en Zelandia Bórquez Estrada, junto con Austreberto Regil González y Luz Adriana Miranda Tello, quienes completan la nueva integración de este órgano de control interno.
Tras esta primera fase, el Congreso retomará al mediodía la sesión solemne para dar paso a la protesta de ley de juezas y jueces de primera instancia en diversas materias y distritos judiciales.
El procedimiento contempló la participación en bloques: primero, con 12 integrantes de tribunales de oralidad penal, y después con 11 más. Posteriormente se procederá a la toma de protesta de jueces laborales, de los juzgados familiares y civiles del primer distrito judicial, así como de las áreas de oral mercantil, oral civil y familiar, mercantil tradicional, justicia penal para adolescentes, penal tradicional y ejecución de penas.
El protocolo se completará con los jueces de los distritos del segundo al décimo tercero en la entidad.
Las personas electas ejercerán sus funciones conforme a los plazos fijados en la normatividad electoral: las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia permanecerán en el cargo por 11 años, hasta 2036; las del Tribunal de Disciplina Judicial por cinco años, hasta 2030; y las juezas y jueces de primera instancia por nueve años, hasta 2033. No obstante, aún restan tres cargos que no han recibido constancia de mayoría debido a las impugnaciones pendientes de resolución.
La jornada judicial, que se extendió más allá del mediodía, marcó el inicio de una nueva etapa en la estructura de justicia del estado, bajo la expectativa de que las recientes designaciones consoliden la autonomía y el funcionamiento de los tribunales locales.
