Estela Ambriz Delgado
La Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) advirtió que el fracking no puede ser una opción sustentable para lograr la soberanía energética, por lo que el Gobierno Federal tendría que pensar en el impulso de nuevas tecnologías sostenibles que aprovechen la energía solar, eólica, hidroeléctrica y la biomasa, entre otras, conjuntamente con la ciudadanía y los pueblos y comunidades originarias, garantizando sus derechos.
Manifestaron que es necesario redefinir la estrategia para que se deje de depender de combustibles fósiles y prohibir el fracking en la Constitución pues, aunque en el Plan Estratégico Pemex 2025-2035 se omite hablar de yacimientos de hidrocarburos en lutitas, los cuales solo pueden ser explotables con fracturación hidráulica, se habla de exploración y explotación en yacimientos de geología compleja, refiere exactamente a lo mismo.
Además, la Contraloría precisó que el 60 por ciento de hidrocarburos de este tipo de yacimientos se encuentran en la cuenca Tampico-Misantla, que abarca las huastecas potosina, veracruzana e hidalguense, así como el Totonacapan, además de que está contemplada como prioritaria para PEMEX al considerar tanto la inversión pública como privada.
“En una eventual incursión de los trabajos de exploración y después de extracción de hidrocarburos, las afectaciones ambientales y sociales abarcarían las huastecas, así como la Sierra Norte de Puebla. De modo que pueblos indígenas, zonas urbanas, y vida animal y vegetal de estas zonas estarían expuestas a la contaminación de sus aguas, suelos y aire”.
Destacaron también que las corrientes superficiales y ríos que alimentan a los ríos Tampaón y Moctezuma, que finalmente confluyen en el río Pánuco, así como las corrientes subterráneas, se verían contaminadas por el efecto de grandes volúmenes de sustancias químicas inyectadas y liberadas en el proceso de fracturación a miles de pozos, además de los químicos liberados existentes en el subsuelo.
La CAAHP alertó que esto no sólo afectaría a los 735 mil habitantes de la región Huasteca, de los cuales 70 por ciento pertenecen a pueblos y comunidades tének y nahua, sino también a las poblaciones aledañas de la parte costera, esto es de Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Altamira, Tampico y Ciudad Madero entro otros, que se abastecen de estas corrientes de agua para uso doméstico y actividades económicas y productivas.
En el mismo sentido, se señaló que va aparejado con el despojo de tierras para la servidumbre legal permitida en la Ley de Hidrocarburos, la cual fue diseñada en el gobierno de Enrique Peña Nieto para facilitar a las empresas la introducción de una red de caminos para la entrada y salida constante de miles de pipas y camiones para la introducción del agua, químicos y arena, insumos necesarios para la elaboración de las mezclas que serían inyectadas a los pozos para la fracturación hidráulica; así mismo para la trasportación del gas y petróleo extraídos desde profundidades que llegan hasta los ocho mil metros.
Puntualizaron que la distancia entre pozo y pozo va de 400 a 800 metros, y cada perforación vertical se reorienta a partir del contacto con la roca madre en forma horizontal en 16 direcciones para fracturarla y liberar los hidrocarburos, lo que significa que mientras en la superficie cada pozo requiere de dos hectáreas para sus operaciones, en las profundidades del suelo la fracturación abarcaría hasta kilómetro y medio de radio con un diámetro de tres kilómetros de fracturación de la roca madre.
“De este modo, en la superficie tendríamos un conjunto de áreas de operación de los pozos y en el subsuelo una roca madre totalmente fracturada con consecuencias catastróficas para la vida y salud de las personas y los ecosistemas a causa de la contaminación de las aguas, suelos y aire que provocarían los químicos de alta peligrosidad inyectados, así como por las sustancias tóxicas liberadas del subsuelo”.
Por todo ello la Contraloría considera que el fracking no puede ser una opción sustentable para lograr la soberanía energética, sino que se tendría que pensar en el impulso de nuevas tecnologías que son sostenibles a largo plazo.
Para lo anterior, se estima necesario rescatar y procesar en el debate parlamentario la iniciativa de reforma del artículo 27 constitucional para la prohibición del fracking enviada a la Cámara de Diputados desde 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y hacer eco a lo que muchos países de Europa y América han determinado.
