Por Victoriano Martínez
¿Cuánto costaron las 53 patrullas que el alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en operación la noche del domingo 14 de septiembre? El funcionario dice que entre 60 y 70 millones de pesos, pero en tanto no haga público el contrato o las facturas sobre la compra, esa cifra es tan dudosa como la que dio cuando en 2022 arrendó 96 patrullas.
En aquel año, aseguró que el arrendamiento de las patrullas tendría un costo entre 160 y 170 millones de pesos (también un rango de 10 millones de pesos entre una cifra y otra), cuando en realidad el contrato fue por 203 millones 5 mil 67 pesos.
Hace más de tres años y medio, la intención de Galindo Ceballos por aparentar que el costo de las patrullas no le alcanzó para lograr un costo promedio inferior al que tuvieron las patrullas y diversos vehículos policiacos que también arrendó tres años antes Xavier Nava Palacios: 210 vehículos por 112 millones 285 mil 449 pesos.
Esa intención manipuladora del costo fue desmontada porque la mentira pronunciada por Galindo Ceballos no previó que, a través de cumplimiento de obligaciones legales, el dato real se publicó conforme a la fracción XXXIV del artículo 84 de la Ley de Transparencia en la Plataforma Estatal de Transparencia.
En el formato correspondiente a diciembre de 2021, en la fila 271 se reporta la contratación de un “Servicio de arrendamiento de patrullas” con número de contrato DAAS/105/2021, asignado directamente, con un costo de 203 millones 5 mil 67 pesos. Más de 30 millones de pesos arriba de lo asegurado por Galindo Ceballos.
La revelación de ese dato junto con la denuncia del incumplimiento por parte de Galindo Ceballos sobre la publicación del contrato provocó que para el 2 de febrero se difundiera finalmente el documento.
Cuando lo que se podría esperar que dejara como aprendizaje para Galindo Ceballos aquella experiencia, en una ruta de mejora de la gestión pública, sería que ante una nueva situación similar el alcalde transparentaría todo el proceso para que la información que difunde fuera más confiable, vuelve a recurrir al ocultamiento y la manipulación mejorados.
Para empezar, la documentación relacionada con la licitación pública MSLP-38-2027, mediante la que convoca a la compra de 135 automóviles entre los que se encuentran vehículos “con equipamiento policial”, no se publica completa: el acceso al acta de la presentación de propuestas manda a una página con la advertencia “¡Acceso prohibido!”, en tanto que no se publica el fallo.
Dentro de la Plataforma Estatal de Transparencia, Galindo Ceballos también se cuidó de no reportar en el apartado correspondiente a la fracción XXXIV del artículo 84 de la Ley los datos sobre el contrato de adquisición de las nuevas patrullas.
Antes que reconocer la necesidad de atender a la ley y ser auténticamente transparente, la mala experiencia de haber sido descubierto en la manipulación de la información en 2022, todo indica que Galindo Ceballos aprendió a pulir su opacidad para no ser desmentido en esta ocasión.
Así que, ¿cuánto costaron las 53 patrullas que el alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en operación la noche del domingo 14 de septiembre? Sólo se puede saber lo que él dice: entre 60 y 70 millones de pesos.
La que también podemos saber ahora es que Galindo Ceballos pulió sus mecanismos de opacidad para ajustar el relato de la compra de patrullas a lo que más le convenga a sus fines propagandísticos. No hubo corrección para ajustarse a la Ley de Transparencia, sino que se afino el mecanismo de manipulación para aprovechar de mejor manera la opacidad.
A propósito, lo único que podría considerarse positivo con las nuevas patrullas en cuestión de correcciones es que después de más de tres años del intencional error ortográfico por exceso propagandístico en la palabra “polisía” ya no se repitió en las nuevas unidades policíacas.
¿Acaso San Luis Potosí ya no es la ciudad del Sí?
