Por: Marcela Del Muro y Marcos Vizcarra / GI-TOC
Ilustraciones: Por Dante Aguilera / GI-TOC
Hay un nuevo “triángulo dorado” de criminalidad que comprende los estados mexicanos de Sinaloa, Baja California y Sonora, junto con Arizona, en Estados Unidos, y está vinculado a la producción ilícita de fentanilo y al tráfico de armas de fuego, delitos que se encuentran interconectados. Esta dinámica binacional está ligada a la crisis de muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos y Canadá y a los miles de homicidios en México, que son muerte prevenibles, advierte el nuevo informe Fentanilo no regulado en Norteamérica, una perspectiva trilateral, realizado por expertos de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).
El fentanilo ilícito es, en esencia, un producto norteamericano. El estudio afirma que el poderoso opioide fabricado de manera clandestina se produce tanto en México como en Estados Unidos, donde se prensan cantidades significativas de tabletas y se adulteran; a diferencia de Canadá, que recibe precursores químicos desde China que son sintetizados y se venden ilegalmente para el consumo interno; evidenciando la falta de información existente sobre el tráfico de fentanilo ilegal a Estados Unidos.
El discurso del gobierno estadounidense se ha centrado en culpar a los grupos criminales mexicanos y canadienses de la grave crisis de opioides que se vive en su país; sin embargo, el informe subraya “la importante participación de ciudadanos estadounidenses en el tráfico, lo que evidencia la naturaleza transnacional del negocio”.
El fentanilo ilícito, advierte el estudio de GI-TOC, cruza la frontera entre México y Estados Unidos varias veces hasta llegar a los consumidores finales, utilizando la cadena de suministro entre los tres países norteamericanos y las perfeccionadas estrategias de tráfico que han construido los grupos criminales tras años de negocio. Las armas de fuego traficadas cumplen con un papel importante en el contrabando del fentanilo ilegal pues facilitan las operaciones de los grupos criminales.
“Si las organizaciones criminales intercambian conocimientos e información, los Gobiernos también deberían hacerlo. Para debilitar estas actividades es necesaria una respuesta transnacional”, recomienda el informe.
En México, explican los expertos de GI-TOC, es necesario publicar los datos y análisis químicos de las sustancias incautadas, que ayuden a demostrar cómo los actores de ambos lados de la frontera participan en la producción de fentanilo ilícito; también adoptar un enfoque proactivo, apoyando el trabajo basado en evidencias, como la reducción de riesgos y de daños, que realizan varias de las organizaciones civiles en apoyo a comunidades y a los consumidores problemáticos de sustancias; a su vez, se necesita respaldar la capacidad de actores no gubernamentales que ayuden a generar informes que combatan la desinformación y promueva la toma de decisiones informadas de las personas.
El informe está acompañado de una serie de productos que, justamente, buscan combatir la desinformación, ayudándonos a conocer cómo es la situación actual de México en relación al consumo de sustancias y la política de drogas que, lamentablemente, promueve la criminalización de consumidores de sustancias, comunidades empobrecidas e, incluso, al gremio médico que utiliza el fentanilo de grado clínico para su trabajo diario.
Aquí presentamos las primeras tres historias que acompañan el informe.
Radiografía de los efectos del consumo de fentanilo en México
El año 2025 comenzó con una nueva campaña federal para prevenir el consumo de sustancias en México, sobre todo el fentanilo. En la radio, una voz grave y solemne advierte: «El fentanilo te mata; una familia unida te da vida».
El objetivo es la construcción y el refuerzo del estereotipo del denominado «adicto», que suele ser creado y difundido por Gobiernos y empresarios. Esta imagen borra los complejos contextos de vida que llevan al consumo problemático de sustancias psicoactivas de una minoría de usuarios.
En un país fracturado por la violencia, donde para sobrevivir hay que trabajar jornadas laborales extenuantes, la política pública se centra en criminalizar al eslabón más débil de los grupos criminales, aquellos que menos beneficios obtienen de las actividades ilícitas, sin abordar los problemas sociales y de salud pública que afectan a miles de personas en México.
La campañas contra las drogas incluyen advertencias y eslóganes como:
- «El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte».
- «El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan».
- «Si [el fentanilo] entra a tu cuerpo, te adormecerá, perderás interés en las actividades diarias y sufrirás de ansiedad, paranoia y agresividad».
- «Con el tiempo, tus brazos, manos, dedos y cuello se irán deformando y perderás el control de tus movimientos».
- «Aléjate de las drogas, elige ser feliz».
Según Claudia Rafful Loera, experta en salud mental, uso de sustancias y reducción de riesgos, este tipo de campañas «muestran una visión muy binaria de lo que puede ser el mundo y las personas que consumen». Esto provoca que el estigma inhiba la búsqueda de ayuda de las personas con consumos problemáticos de sustancias que desean rehabilitarse.
«Desde el modelo basado en salud del consumo de sustancias, sí se elige consumir sustancias, pero cuando se tiene un problema, se considera un problema de salud que no es por elección», explica la especialista.
En México, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la reducción de riesgos y daños son las que sostienen a las personas con consumos problemáticos de sustancias, salvando vidas sobre todo en la frontera con Estados Unidos. Desde hace seis años, estas organizaciones han dejado de recibir apoyo del Gobierno federal. El estigma y la criminalización de las personas usuarias también se refleja en la dificultad para conseguir el medicamento que revierte las sobredosis de opioides, la naloxona, clasificada como agente psicotrópico y difícil de conseguir en el país.
«El concepto que la comunidad tiene de estos programas es que estamos ayudando a estas personas que no se quieren, que no quieren una vida feliz. Todo el apoyo va enfocado a organizaciones que trabajen la prevención, pero estamos hablando de la prevención desde la abstinencia: o consumes o no consumes. Nosotros no trabajamos la prevención como tal; la reducción de daños la vemos también como prevención, prevenimos muertes», señala Lourdes Angulo, directora de Verter, una organización de Baja California que promociona la salud pública y los derechos humanos entre poblaciones vulnerabilizadas.
Ante estas campañas de estigmatización que se escuchan diariamente en la radio o aparecen en los anuncios de las vías principales de nuestras ciudades, es importante entender que:
- El fentanilo médico y el fentanilo fabricado de forma ilícita no son lo mismo. La fabricación de este último no está sometida a ningún control de calidad; se ha adulterado con otras sustancias, provocando miles de muertes por sobredosis en todo el mundo.
- El fentanilo legal no destruye el cuerpo: es un opioide que sirve para tratar el dolor y que se ha utilizado durante décadas en contextos médicos.
- El fentanilo no «engancha a la primera», sino que un gran número de pacientes oncológicos habrían desarrollado una farmacodependencia. El medicamento causa dependencia con rapidez y es necesaria la supervisión médica en todo momento.
- Si entra en tu cuerpo, te adormecerá al momento, pero no te alejará del interés por las actividades diarias ni sufrirás ansiedad. Lo importante es comprender que se trata de un medicamento que debe suministrarse bajo supervisión médica.
- No perderás el control de tu cuerpo con el tiempo. Muchos pacientes oncológicos encuentran en él una ayuda para tener una vida más digna y menos dolorosa.
Los Gobiernos y las empresas pueden contribuir a atender el consumo de fentanilo en México apoyando la reducción de riesgos y daños, modelo que cuenta con décadas de evidencia que lo respaldan, en lugar de estigmatizar.
Las mujeres pagan el precio más alto de la guerra contra las drogas
En los 11 años que lleva encarcelada en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, en San Luis Potosí, María, de 57 años, ha visto entrar y salir a un sinfín de mujeres. En los últimos años, ha observado un aumento de las detenciones por delitos contra la salud relacionados con drogas.
Las mujeres son privadas de libertad por consumir, portar o incluso por acompañar a alguien que consumía o portaba alguna sustancia psicoactiva, sobre todo marihuana o metanfetamina, conocida como cristal o criko.
«Ves llegar a la huercada crikosa, todas bien flaquitas», cuenta María, refiriéndose a las jóvenes consumidoras de criko. «Aquí comen y las ves salir en unos meses, más repuestitas. Un tiempo después, las ves entrar de nuevo, otra vez bien flacas. Se reponen y vuelven a salir».
En los últimos seis años, el encarcelamiento de mujeres en México ha aumentado un 22%, mientras que, según la organización Elementa DDHH, el mercado ilícito de drogas se mantiene intacto. En abril del 2025, la organización informó de que hay 1,913 mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con las drogas en el país.
Mientras María ve cómo detienen y liberan de la cárcel a las jóvenes consumidoras, su defensa prepara un peritaje que acredite la tortura sexual y psicológica a la que fue sometida por los policías durante su primera declaración, y que pruebe su inocencia en el homicidio del que se le acusa.
La Chapis, de 19 años, vende dulces en el centro de San Luis Potosí y es consumidora habitual de marihuana y ocasionalmente de metanfetamina. Desde que cumplió la mayoría de edad, ha sido encarcelada en dos ocasiones. En abril salió del Cereso, donde había estado presa durante más de seis meses, tras ser condenada por posesión de metanfetamina y narcomenudeo.
Esta última privación de la libertad fue la más larga y La Chapis denuncia que fue arbitraria.
«Intento no traer nada encima porque siempre nos detienen. Esa vez venía con un amiguito caminando, ya era bien noche. Los puercos [policías] nos empezaron a molestar y [a él] le encontraron una pipa de criko», explica la muchacha.
A la Chapis le sembraron una pequeña cantidad de cristal para acusarla, pero conoce a algunas personas a las que les han sembrado grandes cantidades de drogas durante sus detenciones y que han terminado siendo procesadas por narcotráfico, alcanzando sentencias de entre cinco y quince años.
Según la organización Equis Justicia para las Mujeres, la política punitiva de drogas en México no castiga a los criminales, sino que castiga la pobreza y el desconocimiento, afectando de forma desproporcionada a las mujeres.
Alejandra, cuyo nombre ha sido cambiado, fue detenida en enero de 2025, después de salir de fiesta con unos amigos que portaban metanfetamina.
«Le tocó estar con las personas equivocadas en el lugar equivocado. Ella entró por delitos contra la salud. Le tocaba salir de la prisión en mayo, pero no alcanzó; en la salida, unos [policías] ministeriales la detuvieron. Le informaron de que tenía otra carpeta por robo calificado y secuestro exprés», relata su hermana.
Actualmente, Alejandra se enfrenta a un nuevo proceso penal, aunque la investigación señala a una mujer con características físicas distintas a las suyas. Además, su hermana afirma que el día del robo y el secuestro, Alejandra había viajado con su novio a una boda. Sin embargo, las fotos, los vídeos y los testigos que demuestran su inocencia no fueron aceptados como pruebas.
Alejandra cumplió cuatro meses de condena por un delito de narcomenudeo que no cometió. Ha sido detenida injustamente de nuevo y ahora se enfrenta a un proceso penal por dos delitos graves, con una petición de sentencia de 70 años de prisión.
Curar duele: el costo de prohibir opioides en México
Era el año 2021, aún había escasez de medicamentos a causa de la pandemia de la COVID-19, y la anestesióloga mexicana Marisa Brito tomó una decisión desesperada: comprar fentanilo médico con receta oficial a través de internet para intubar a pacientes en estado crítico.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República consideró que se trataba de un acto de narcotráfico en un momento en que el fentanilo ya formaba parte de las negociaciones bilaterales con Estados Unidos para su futura prohibición.
La doctora pasó meses inmersa en litigios, bajo el estigma de haber adquirido una sustancia tratada como si fuera droga ilegal, cuando en realidad era una herramienta de trabajo imprescindible.
El caso de Brito se sumó a otros sin que se produjera ningún avance que la inculpara de un delito que no cometió. Su defensa logró demostrar que la compra era legal y que la sustancia se iba a utilizar con fines médicos, pero esta persecución marcó el inicio de un periodo de criminalización de los anestesiólogos.
En julio de 2023, en Los Cabos, Baja California Sur, el anestesiólogo Gustavo Aguirre fue desalojado de su domicilio en el marco de una investigación en su contra por delitos de narcotráfico. El médico había comprado cajas de fentanilo con receta y autorización oficiales para atender a pacientes con dolores crónicos, pero en ese momento el Gobierno mexicano ya había decretado una prohibición hacia el fármaco. La Fiscalía registró su casa con drones y militares, lo vinculó a un proceso judicial e incautó su vivienda.
«De pronto, un medicamento indispensable se volvió un riesgo profesional», recuerda Antonio Juárez Navarro, su abogado.
Aguirre terminó viviendo en alojamientos temporales mientras enfrentaba un proceso que también afectó a su familia, ya que su esposa también tuvo que someterse a investigaciones penales.
Las historias de estos médicos ilustran un problema mayor: la prohibición del fentanilo de uso médico en México desde 2023. Ocurrió tras las presiones políticas de Estados Unidos, donde los opioides sintéticos están presentes en más del 75% de las muertes por sobredosis. En 2017, con Donald Trump en la presidencia, la crisis de opioides se declaró emergencia nacional y el fentanilo se convirtió en ficha de negociación internacional.
México, señalado como origen principal del opioide ilícito, implementó estrategias para frenar su tráfico y evitar sanciones comerciales. Así surgió la campaña «Aléjate de las drogas, el fentanilo mata», para la que se destinaron 300 millones de pesos a medios y vallas publicitarias. Aunque se presentó como una campaña de prevención, especialistas coinciden en que su objetivo es más diplomático que sanitario: calmar las presiones de Washington, más que atender un problema real de salud pública.
El discurso público ha colocado al fentanilo como el gran enemigo, pero en los hospitales se libra otra batalla: la criminalización. Brito fue procesada por adquirir seis ampollas para intubar a pacientes graves. Casos como el suyo o el del doctor Aguirre revelan cómo se ha tratado a los médicos como narcotraficantes pese a tener permisos legales.
En 2023, el expresidente López Obrador propuso sustituir el fentanilo médico por otros analgésicos, pero la medida fue rechazada por varios anestesiólogos, quienes advirtieron de que no existe un sustituto igual de eficaz.
«Imagínese un paciente… intubado, tiene un tubo en la tráquea… el fentanilo ayuda a que no le duela», cuenta el anestesiólogo José Ramón Saucillo.
Con la prohibición vigente, la persecución continúa y el desabasto en hospitales públicos agrava la crisis.
Un poco de historia
La prohibición de los opioides con fines médicos no es nueva en México, ya que no comenzó con el fentanilo, sino que le preceden otros casos. En 2008 ocurrió lo mismo con la efedrina y la pseudoefedrina, lo que dejó al país sin antigripales eficaces. Además, las restricciones impuestas a la morfina, la metadona y la ketamina han provocado escasez recurrente de estos medicamentos.
CRONOLOGÍA: Prohibiciones de opioides en México
2008 Prohibición de la efedrina y la pseudoefedrina (precursor de metanfetamina).
2011–2012 Restricción casi total de flunitrazepam por uso en delitos sexuales.
2013–2014 Endurecimiento de controles a la metadona y la morfina, con exigencia de receta especial.
2023 Prohibición del fentanilo médico, pese a su uso en anestesia y cuidados intensivos.
Aunque opioides como la morfina, la oxicodona o la metadona siguen estando disponibles bajo estricta prescripción, hay especialistas que aseguran que no existe un sustituto al fentanilo igual de efectivo y versátil.
Bajo los efectos de la prohibición
A finales de 2023 e inicios de 2024, en los hospitales de Baja California y Guerrero, los quirófanos se detuvieron tras acusaciones contra los anestesiólogos. Fue una crisis que se extendió a todo el país. Los médicos contaban con salas y pacientes, pero no con permisos para acceder a opioides controlados. Sin anestesia adecuada, se suspendieron muchos procedimientos, aumentando el sufrimiento de quienes necesitaban cirugía urgente.
Organizaciones médicas como el Colegio Mexicano de Anestesiología advierten de que estas restricciones anteponen la seguridad nacional sobre el derecho a la salud. La prohibición del fentanilo médico en México no ha detenido el narcotráfico. En cambio, ha convertido la anestesia en un campo de batalla.
