María Ruiz
A casi un año de que el Congreso del Estado aprobara las reformas al Código Penal que despenalizan la interrupción del embarazo, ocurrido el 7 de noviembre de 2024, integrantes de la organización Marea Verde SLP advierten que persisten desigualdades significativas en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el estado.
La reforma permite que la interrupción del embarazo deje de ser penalizada hasta antes de las 12 semanas de gestación con lo que se reconoce el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su reproducción.
En entrevista, integrantes de Marea Verde explicaron que el acceso a la atención médica para la ILE no es uniforme en todo San Luis Potosí.
Aunque el IMSS Bienestar ha habilitado 10 unidades de salud distribuidas en varias regiones, esta institución atiende solamente a una proporción limitada de la población, aproximadamente entre el 8 y 10 por ciento del total del estado.
“No toda la población femenina se encuentra cubierta, y la desigualdad se vuelve más evidente cuando comparamos la capital con municipios alejados”, señalaron.
Por su parte, el IMSS Bienestar, encargado de atender a la población sin seguridad social, ha habilitado el Hospital del Niño y la Mujer como centro de referencia, pero su ubicación en la capital complica el acceso para personas de regiones rurales.
En el caso del IMSS, aunque existen varias unidades en las cabeceras regionales, la cobertura aún es insuficiente para garantizar atención efectiva a quienes viven fuera de las ciudades principales.
En las zonas donde la infraestructura sanitaria es limitada y existen problemas generales de acceso a la salud, se afecta especialmente a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a la ILE, incluso en casos de violación.
La organización destacó que estas condiciones estructurales complejizan la atención y requieren soluciones específicas para cada región del estado.
Entre las principales carencias detectadas están la alta de rutas claras de atención en las unidades de salud, escasa capacitación del personal médico en procedimientos actuales y protocolos de aborto seguro, la necesidad de actualización en métodos modernos de interrupción del embarazo, incluyendo opciones ambulatorias con medicamentos.
Además existen limitaciones presupuestarias para medicamentos y equipamiento médico y sensibilización insuficiente del personal de salud respecto a la consejería y orientación ética.
Las integrantes enfatizan que es fundamental que las autoridades mapeen y reconozcan las desigualdades existentes, y trabajen en conjunto con la sociedad civil para implementar soluciones.
Entre las acciones sugeridas se encuentran la apertura de mesas de diálogo entre el sector salud y organizaciones civiles para identificar problemas y generar soluciones, realizar la capacitación del personal médico en procedimientos actuales de aborto seguro, incluyendo la atención con medicamentos en el primer nivel de atención.
Además, solicitan el establecimiento de rutas claras de atención en todas las instituciones de salud, incluyendo hospitales regionales y unidades rurales, asignación de presupuesto suficiente para garantizar capacitación, equipamiento, medicamentos y procedimientos quirúrgicos cuando sean necesarios.
Aclararon que aunque existen lineamientos nacionales de aborto seguro emitidos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, estos no son obligatorios ni tienen mecanismos que garanticen su cumplimiento en todo el sistema de salud. Por ello, es indispensable que el estado implemente políticas públicas concretas que aseguren la atención de manera efectiva y equitativa.
Asimismo, destacaron que los procedimientos quirúrgicos ya no son la única opción para la ILE. Gracias a los avances tecnológicos, el aborto asistido con medicamentos puede realizarse de forma segura y ambulatoria, incluso en entornos donde no hay acceso directo a hospitales especializados.
Sin embargo, esto requiere capacitación adecuada del personal, rutas de atención definidas y disponibilidad de medicamentos, así como actualización constante en técnicas como la aspiración manual endouterina, que aún es utilizada aunque no es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
Con la cercanía del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, las integrantes de Marea Verde SLP hacen un llamado para visibilizar las brechas existentes en San Luis Potosí.
La fecha se convierte en un recordatorio de que la legalización del aborto es solo un paso inicial para garantizar el derecho; se requiere asegurar que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso real, seguro y equitativo a la ILE sin importar su ubicación geográfica o situación socioeconómica.
“A casi un año de la despenalización, seguimos enfrentando desafíos estructurales y regionales. El objetivo principal es que todas las mujeres puedan ejercer este derecho de manera segura y efectiva”, concluyeron.
