Desiree Madrid
Al ser cuestionada sobre el inmueble destinado a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Industrial de la capital potosina, la fiscal María Manuela García Cázares confirmó que el edificio no les “fue entregado” y por tanto no han podido ocuparlo para sus operaciones.
“Fue recurso estatal o federal, pero no es de la Fiscalía”, aclaró la fiscal al deslindar a la dependencia de la inversión realizada.
La declaración ocurrió luego de que la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado recordara el proyecto de trasladar algunas dependencias estatales hacia la Plataforma Logística de San Luis (PILA), sitio donde se ubica el inmueble destinado originalmente a la FGE.
Sin embargo, García Cázares negó que exista un plan de reubicación y destacó la importancia de mantener oficinas en el centro de la ciudad, por su cercanía con la ciudadanía.
El contexto del edificio se remonta a hace dos años, cuando aún era fiscal José Luis Ruiz Contreras. En ese entonces, la obra fue concluida, pero sin servicios de agua, luz ni internet, lo que impidió su entrega y puesta en funcionamiento.
La situación fue documentada en septiembre de 2022 cuando el entonces fiscal, Ruiz Contreras, confirmó que, a pesar de estar terminado físicamente, el inmueble no estaba en condiciones de ser utilizado.
El espacio incluso fue presumido en el primer informe de gobierno de la administración estatal en 2022; en ese entonces se mostró un vídeo donde se presumía el siguiente mensaje:
“A un costado del Centro Estatal de Reinserción Social, La Pila, habitaba un elefante blanco, que convertimos en el nuevo edificio de la Fiscalía General del Estado”.
Sin embargo, a casi tres años de distancia, el edificio sigue sin ser entregado a la institución para la cual fue edificado, con lo que reitera su condición de “elefante blanco”
Pese a que se realizaron prospecciones técnicas, el espacio quedó en el abandono administrativo. La falta de servicios y de un plan concreto de traslado convirtió la obra en un ejemplo de inversión pública sin beneficio inmediato para la institución que supuestamente fortalecería.
Tres años después, el edificio permanece sin ser entregado formalmente a la Fiscalía General del Estado, mientras continúan las dudas sobre el destino de una infraestructura concluida, financiada con dinero público y que, hasta ahora, no cumple ninguna función para la ciudadanía.
