Por Victoriano Martínez
Mientras la obligada autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para poder construir la autopista Entronque 75D-Matehuala está suspendida por información adicional, la concesionaria y el gobierno estatal intensifican la presión para obtener parte de la información faltante: el convenio de ocupación del territorio sobre los ejidos El Peyote y Peotillos..
La presión por parte de las autoridades estatales y la empresa se incrementó desde el mes pasado, cuando Victor Suárez Carrera, procurador Agrario Nacional, respaldó con su visita al Estado las negociaciones por parte de los ejidos El Peyote y Peotillos, los dos de 18 ejidos que no han vendido sus tierras para la autopista.
Una presión que inició prácticamente al día siguiente de que J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario de gobierno, se reunió con Suárez Carrera al pretender avanzar en las negociaciones sin la participación de la autoridad federal como se habían comprometido, incluso con la manipulación sobre lo tratado en la reunión entre el funcionario estatal y el federal.
Torres Sánchez, quien concluye sus reuniones con una fotografía posada con sus interlocutores “para el face”, utilizó la que se tomó con Suárez Carrera para asegurar que fue para “fortalecer la coordinación en favor del campo potosino”, y después declarar que, con ese encuentro, el caso de El Peyote ya estaba atendido.
“Yo me reuní, chequen mis redes, la semana pasada con el procurador agrario nacional, yo directamente lo hice”, afirmó.
Mientras él decía eso, Severo Rosales Medrano, presidente del Comisariado Ejidal de El Peyote, intentó convencer a los ejidatarios de aceptar la oferta de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras de 50 pesos por metro cuadrado e ignorar la intervención de la Procuraduría Agraria. La asamblea lo rechazó.
En aquella ocasión, los ejidatarios le pidieron a Rosales Medrano actuar como Guillermo Zárate Cura, presidente del comisariado de Peotillos de quien afirman que se presentó a la empresa para advertirles que “‘si aquí no pagas lo que te pedimos, no pasas’, eso es como se debe manejar un comisariado”, le exigieron.
A seis semanas de aquella discusión, Rosales Medrano hoy vuelve recargado en su insistencia en favorecer a la empresa concesionaria con un acuerdo de asamblea en el que acepten vender sus tierras a una nueva oferta de 70 pesos por metro cuadrado, pero muy lejana de la exigencia de los ejidatarios de 400 pesos por metro cuadrado, 200 en efectivo y 200 en obras de beneficio comunitario.
En los últimos días, los ejidatarios han sido objeto de presiones para aceptar la venta de sus tierras a un precio que les resulta inaceptable. La mayor presión se ejerció sobre Heladio Cerda Guerrero, secretario del Comisariado, y de su suplente para que firmara la convocatoria a la asamblea en la que pretenden acordar la venta.
Ninguno de los dos aceptó, y Rosales Medrano se vio obligado a atender las presiones del gobierno estatal y la empresa con una primera convocatoria a asamblea sin la firma del secretario del Comisariado. La reunión se citó para el martes 30 de septiembre a las diez de la mañana. En 11 de los 17 puntos del orden del día, el tema es la venta de las tierras para la autopista.
Llama la atención que uno de los puntos se refiere a la explicación del procedimiento para que “la superficie de uso común objeto de la ocupación previa se desincorpore del régimen ejidal y pase a ser propiedad del Gobierno del Estado de San Luis Potosí”.
Como concesión otorgada por el gobierno, en su cuarto informe Gallardo Cardona presume como parte de la inversión en infraestructura el “Proyecto ejecutivo, estudios y proyectos complementarios para la construcción de la Autopista Entronque 75D – Matehuala” con un costo de 399 millones 381 mil 865 pesos, invertidos por la empresa.
“La construcción de la autopista Entronque 75D – Matehuala representa una de las apuestas más ambiciosas en materia de conectividad para el Estado”, afirma Gallardo Cardona en el “informe cuantitativo”.
Quizá por eso, aunque la SEMARNAT requirió información adicional a la empresa en el trámite de autorización de la MIA, Torres Sánchez calificó la suspensión como capricho de los ejidatarios y se a apresuró a anunciar que atenderán como si el gobierno del estado hubiera sido el requerido.
Una apuesta que debe sortear, entre otros, el obstáculo que representa la falta de acuerdo con los ejidatarios de El Peyote para obtener la ocupación previa de 37 hectáreas, que representan alrededor de 3.7 kilómetros de los 118.4 que tendrá la autopista.
El próximo martes se intentará la asamblea para “resolver” ese “inconveniente” en primera convocatoria y se verá la urgencia por lograrlo en cuanto se defina la segunda convocatoria.
¿Hasta qué niveles escalará la presión gubernamental y empresarial sobre los ejidatarios?
