Estela Ambriz Delgado
La Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) advierte que, para corregir de fondo la problemática en el sistema de concesiones, es necesaria la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y la construcción de otra que siente las bases para un acceso equitativo y sustentable, a través de la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno.
En relación a lo informado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el pasado 24 de septiembre durante la conferencia matutina sobre los avances en el Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua, que incluye la modificación de normatividad en la materia, la organización expresó su preocupación por que eso reduzca el derecho humano al agua a través de un servicio municipal, pues no media alguna consulta a la ciudadanía.
Mediante un comunicado, sus integrantes expresaron que, si bien celebran la intención de corregir las irregularidades en el sistema de concesiones, tienen inquietud por el anuncio de que el próximo lunes se presentará una Ley General de Aguas (LGA), que reglamente el derecho humano al agua, junto con reformas a la Ley Nacional de Aguas (LAN).
“No se puede proteger los derechos y usos hidrocráticos del agua en una ley (la LAN), acompañada de otra (la LGA), que reduciría el derecho humano al agua a un servicio municipal, medible en litros por persona por día”.
De igual forma, señalan que la propuesta de reformar la LAN para reemplazar el libre mercado del agua con la rectoría del estado, sin la participación ciudadana que mandata la Constitución, es preocupante a la luz del desarrollo del Acuerdo Nacional mediante el cual se ha obtenido la “donación temporal” de volúmenes de uso agrícola, por parte de Distritos de Riego.
Explican que una gran parte de esos volúmenes donados, de usos industriales y de servicios, en realidad deberían ser extinguidos por la falta de pago de derechos, pues lejos de poner orden, estos acuerdos conservan el sobre concesionamiento, acaparamiento, especulación e impunidad fiscal.
“Una vez más se evidencia que a la Conagua le falta voluntad y capacidad para corregir el desastre generado por la Ley de Aguas Nacionales. Este objetivo sólo será alcanzable cuando tengamos dinámicas de colaboración entre gobierno, comunidades y ciudadanía”.
Asimismo, indican que han buscado colaborar con la Conagua, por lo que han entregado documentos en los que se identifican irregularidades en las concesiones, en diferentes regiones del país. Sin embargo, no han obtenido respuesta de ello ni de diversas solicitudes de información respecto a los avances en el tema.
“Nos ha sorprendido la insistencia de defender la ley salinista, en imponer mega obras hidráulicas, que llevarían agua a ciudades cuyas redes pierden casi la mitad del agua que les llega, en preferir acuerdos superficiales con grandes usuarios, sobre la atención a las demandas y necesidades de los pueblos”.
No obstante, reiteran que las personas investigadoras, comunidades, pueblos y organizaciones agrupados en la CNAA y sus contralorías locales, ofrecen su apoyo para enfrentar el reto de lograr un sistema de concesiones justo y equitativo.
Finalmente, expresan su rechazo total a cualquier intento de ejercer un apartheid hídrico, en donde los derechos de los grandes usuarios queden blindados por una ley, mientras que se regula el derecho humano al agua en otra, pues lo que se requiere es una sola ley.
