Estela Ambriz Delgado
Ejidatarios de El Peyote y Peotillos, e integrantes de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, entregaron a autoridades de la Procuraduría Agraria Nacional tres documentos para solicitar su actuación en la pretendida ocupación de sus tierras para el proyecto carretero de cuota Entronque 75-D Matehuala, por lo que esperan que en breve se emitan las opiniones jurídicas sobre las convocatorias para ello y los contratos.
Luego de haber participado el viernes 26 en una jornada para desalambrar tierras de uso común del ejido Las Margaritas en el municipio Real de Catorce, el cual forma parte de la Ruta Wixárika por los sitios sagrados a Wirikuta, los representantes de Peyote y el colectivo hicieron la entrega de sus solicitudes a la coordinadora general de oficinas de representación de la PA, Yolanda Beatriz Vera Castillo.
Guardianes de la Sierra detalló que en los documentos se informa sobre el más reciente diálogo sostenido con el presidente del comisariado ejidal, Severo Rosales Medrano, quien respalda la propuesta de Mexicana de Técnicos en Autopistas (META) de vender a 70 pesos por metro cuadrado y la posibilidad de dos obras que no incluyen las hídricas, que son las de mayor necesidad.
Por ello se solicita que la Procuraduría actúe en la ocupación pretendida por la empresa y el Gobierno del Estado, así como la valoración de la legalidad de la convocatoria a asamblea ejidal el martes 30 de septiembre con la firma de sólo dos integrantes de la mesa del comisariado, y una opinión jurídica sobre el contenido de las convocatorias y contratos que se pretenden asumir.
Además, el colectivo hizo del conocimiento de la PA que el diálogo al que se había comprometido la administración estatal no se ha cumplido y, por el contrario, se ha suscitado una “guerra de grilla” para aislar a los ejidtarios y entregarlos a la empresa.
Ante la situación expresada, la representante del procurador Víctor Suárez Carrera se comprometió a actuar en términos de legalidad, revisar el contenido de la convocatoria, emitir una opinión sobre su validez con sólo dos firmas y revisar los contratos.
Guardianes de la Sierra puntualizó que la revisión y la opinión de la dependencia de los pretendidos contratos es fundamental, por lo que se confía en que responderá con una postura clara sobre si es válido o no hacer una asamblea bajo este modelo. Esto debido a que se pretende discutir el tema del precio cuando son más de 14 puntos los que se van a debatir y varios de ellos tienen que ver con aspectos fundamentales, como lo es ampliarse “a contentillo” del comisariado, no de la asamblea.
Agregaron que otro de sus señalamientos es que no existe ningún análisis de impacto social de la obra, a pesar de ser una cuestión que el Gobierno Federal ya ha marcado como lineamiento que debe ser aplicable de acuerdo con el decreto de 2022.
Al respecto, destacaron que es muy importante, y en el caso del ejido Peotillos se recurre también a la falta de dicho análisis de impacto, con el que se argumenta que no están en contra de la obra, sino del maltrato y de la manera en que les pretenden imponer una decisión.
Por ello los integrantes del comisariado ejidal de Peotilos que, a diferencia de El Peyote se encuentran unánimemente a favor de una negociación justa para el ejido, también dirigieron una solicitud a la Procuraduría Agraria, a fin de que se revisen los pretendidos contratos de ocupación previa de sus tierras.
