Texto y fotografías de María Ruiz
Frente al edificio de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), las madres y padres del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP alzaron la voz no sólo para exigir búsquedas, sino para defender a quienes las acompañan en el terreno: los buscadores, peritos y personal de campo que hoy viven con miedo a perder su empleo.
El detonante fue el despido de Patricia Delgado Badillo, especialista en rastreo con el binomio canino Everest, el único perro certificado en San Luis Potosí para búsqueda de restos humanos.
A Delgado se le notificó la baja de manera abrupta: el día de ayer se le informó que no se renovaría su contrato y al siguiente ya no formaba parte del equipo.
“Patty es parte de las únicas que hace búsquedas inmediatas, ella y Everest han recuperado restos y han dado respuestas a familias. Quitarla no es un trámite administrativo, es desarmarnos en la búsqueda”, denunció Edith Pérez Rodríguez , presidenta de Voz y Dignidad.
“Le informaron de un día para otro, sin respeto a su experiencia ni a la labor que realiza”.
La protesta también puso en evidencia el temor que sienten los trabajadores contratados bajo honorarios. Según el colectivo, muchos no se atreven a denunciar irregularidades por miedo a represalias.
“Lamentablemente, todos están bajo el riesgo de que, si no agradan al comisionado, no les renuevan el contrato”, dijo Pérez Rodrigo.
El nuevo titular de la CEBP, Israel Mendoza Espinosa, asumió el cargo hace apenas un mes, luego de que el anterior comisionado fuera removido. Sin embargo, colectivos señalan que el relevo ha traído inestabilidad y desmantelamiento.
“En lugar de fortalecer el equipo de campo, están corriendo a quienes saben buscar. Ponen a gente con títulos, pero que nunca ha estado en una fosa”, expresó Edith Pérez.
El argumento oficial ha sido que se está contratando personal “más especializado” en áreas como criminología o antropología forense, pero para las familias, la búsqueda no se aprende en los libros.
“Puedes tener doctorado en antropología, pero si nunca has pasado un año con nosotras, bajo el sol, escarbando en el monte, no sabes de lo que hablas. En papel suena muy bien, pero en la tierra es otra historia”, señaló la activista.
A la incertidumbre laboral se suman denuncias de hostigamiento y acoso dentro de la institución.
“Hay quejas de que el comisionado pide saludos de beso a algunas colegas. Ya se lo dijimos al subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ángel Méndez Montes. Si esto continúa, habrá denuncias formales”, advirtió Pérez Rodrigo.
El problema no es menor. La CEBP trabaja con un equipo reducido que debe cubrir todo el estado: alrededor de 15 buscadores de la capital que se unen a las brigadas en la zona Media, el Altiplano y la Huasteca. A ello se suma la falta de equipamiento: vehículos en mal estado, herramientas escasas y, ahora, la salida de personal con experiencia.
“Estamos peleando incluso para que los policías asignados a las búsquedas con nosotros reciban sus bonos y ascensos. Han perdido incentivos por estar aquí. ¿Quién va a querer arriesgarse así, con jornadas agotadoras y sin garantías laborales?”, cuestionó Pérez Rodrigo.
Durante la manifestación, las familias también pidieron a las autoridades que dejen de fragmentar los esfuerzos. La activista recordó que el trabajo de la Comisión es fundamental para coordinar las búsquedas, pero con cada renuncia forzada o despido se debilita el sistema que debería garantizar verdad y justicia.
“Pedimos sumar, no restar. Hay gente valiosa, que es 24/7 de los 365 días del año, y la están corriendo. Si el comisionado apenas lleva dos meses, que primero conozca el terreno antes de desmantelar lo poco que funciona”, señaló.
Para las familias buscadoras, el contraste es doloroso: mientras el discurso oficial habla de profesionalización y tecnificación, en los hechos se debilita la presencia en campo.
“No se busca desde un escritorio. Se busca con las botas llenas de tierra, con las manos raspadas, con el corazón agotado, pero presente”, expresó Pérez Rodrigo.
La manifestación frente a la CEBP, Pérez Rodríguez no sólo reclamó el despido de Delgado Badillo, sino que evidenció la brecha entre la burocracia y las familias que buscan a sus desaparecidos.
“En un estado con cientos de personas sin localizar, la salida de personal clave y la falta de apoyo a quienes arriesgan la vida en las búsquedas representan un retroceso en el derecho a la verdad y la dignidad de las víctimas. Seguiremos resistiendo, como siempre lo hemos hecho; no nos vamos a quedar calladas. Las familias no merecemos que se debiliten las instituciones que deberían estar de nuestro lado”, concluyó Edith Pérez, rodeada de madres que, además de pelear contra la indiferencia, enfrentan ahora la incertidumbre de quién seguirá acompañándolas en el terreno.
