Desiree Madrid
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, rechazó que exista un desmantelamiento en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), luego de la protesta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que tomó las instalaciones del organismo en la capital potosina la mañana de este miércoles, por el despido irregular de personal al interior de la comisión.
El funcionario aclaró que la institución se mantiene en funciones y con personal especializado en la materia.
“No hay absolutamente nada, al contrario, es una institución muy fuerte, muy sólida, con personal capacitado, con especialistas muy consolidados y muy dedicados a las labores que involucran todo el tema de búsqueda”, aseguró.
La manifestación se realizó el martes 30 de septiembre, cuando familiares de personas desaparecidas denunciaron la salida de al menos cuatro trabajadores de la Comisión. Según los integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, encabezado por Edith Pérez Rodríguez, esta reducción de personal pone en riesgo la continuidad de las búsquedas en campo y la atención a víctimas.
Torres Sánchez explicó que algunos contratos dentro de la CEBP son temporales, por lo que al llegar a su fecha de vencimiento pueden no renovarse.
“Algunos contratos se inician y tienen una fecha de vencimiento. Si luego a veces no gusta el que se dé por concluido el tema laboralmente hablando, pues está sujeto a un plazo, pero se habla, se habla con los colectivos”, señaló.
El secretario general añadió que ya hubo diálogo con familiares inconformes para atender sus planteamientos.
“Ahorita ya se habló con el colectivo inconforme y, bueno, todo lo solucionamos”, afirmó, aunque no precisó si habrá reincorporación del personal señalado o contratación de nuevos elementos.
Por su parte, Voz y Dignidad por los Nuestros insiste en que la Comisión Estatal de Búsqueda enfrenta limitaciones de presupuesto y personal que afectan la capacidad de respuesta.
El colectivo llamó a las autoridades estatales a garantizar que los procesos de búsqueda no se interrumpan y a ofrecer certeza laboral al personal que acompaña a las familias en las diligencias. En su postura, destacaron que la desaparición de personas es una crisis que exige mayor sensibilidad y recursos.
Con la toma de las instalaciones, se reavivó el debate sobre la suficiencia de la estructura institucional de San Luis Potosí para atender la desaparición de personas, un problema que colectivos y organizaciones consideran creciente en la entidad.
