Por Victoriano Martínez
Cuando el pasado 14 de julio madres buscadoras se reunieron con el secretario de gobierno, otros funcionarios y quien en ese momento aún creían titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Leobardo Aguilar Orihuela, mientras en la Oficialía Mayor se emitía el nombramiento a Israel Mendoza Espinosa como nuevo comisionado, nada bueno se podía esperar.
La poco ética actitud de los funcionarios al hacerles creer que aún trataban sobre los avances en sus labores de búsqueda de sus familiares desaparecidos con quien ya no tenía el cargo correspondiente y no informarles que ya era nombrado otro personaje para sustituirlo habla mucho del menosprecio del gobierno estatal al problema de las desapariciones y el poco respeto a las víctimas secundarias.
Una falta de respeto que llegó al extremo por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de asegurar que se destituyó a Aguilar Orihuela por “faltas de ética”, como si eso justificara aquellas en las que incurrieron con el opaco proceso para destituirlo y nombrar a su sustituto.
“No vamos a ventilar cosas que hizo el pasado, o que dejó de hacer el pasado encargado por respeto, pero bueno, creo que desde el momento de que no se tuvo una ética, no puede seguir siendo el responsable”, aseguró Gallardo Cardona, como si no involucrara un servicio público con obligaciones de transparencia, especialmente ante las víctimas secundarias de las desapariciones.
Desde entonces, colectivos y especialistas advirtieron de un retroceso en la coordinación de los trabajos de búsqueda entre la CEBP y los colectivos de madres y familiares de las personas desaparecidas, pero también una violación al derecho de participación de las víctimas en los procesos institucionales que les competen.
A 68 días de aquella inexplicada destitución y opaco nombramiento, los efectos han comenzado a aparecer, aunque desafortunadamente no en favor de una mayor efectividad en los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, sino en una obstrucción a lo que ya funcionaba y daba resultados.
Por lo menos así da cuenta la respuesta de la Fiscalía General del Estado a la solicitud de información 240469825000363 en la que reporta que, entre el 2020 y julio de este 2025, se han localizado 151 cuerpos o restos humanos en fosas clandestinas.
La labor de las madres buscadoras y los colectivos de búsqueda es fundamental para el logro de estos resultados, en tanto que el respaldo que recibían por parte de la CEBP representó un gran impulso… hasta que Mendoza Espinosa comenzó a desmontar la estructura de apoyo.
“Necesitamos soporte y apoyo para las personas con iniciativa y más personal de investigación, no que retiren a los pocos que realmente trabajan”, dicen dos de los letreros que colocaron integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros al tomar de manera pacífica las instalaciones de la CEBP.
Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo, señaló que los buscadores, peritos y personal de campo que hoy viven con miedo a perder su empleo, algunos ya lo han perdido y quienes aún siguen trabajan en condiciones irregulares, sin seguridad social, y con equipo de trabajo como vehículos en malas condiciones o accidentados que no son reparados por falta de seguro.
J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, pretendió descartar que existan malas condiciones de trabajo en la CEBP, la calificó como una “institución muy fuerte, muy sólida, con personal capacitado”, pero no le alcanzó para negar los despidos que se han dado.
“Algunos contratos se inician y tienen una fecha de vencimiento. Si luego a veces no gusta el que se dé por concluido el tema laboralmente hablando, pues está sujeto a un plazo, pero se habla, se habla con los colectivos”, dijo en un reconocimiento implícito de la inseguridad laboral que viven los buscadores de la CEBP.
La forma turbia con la que se dio el nombramiento de Mendoza Espinosa, ahora con la aclaración poco convincente de quien participó en el engaño a las víctimas secundarias de desaparición al dejar abierta la inseguridad laboral por contratos temporales, exhibe el poco compromiso del gobierno estatal con las víctimas y la necesidad de solidaridad con las víctimas secundarias para mejorar la atención a la grave crisis de desaparición de personas.
