Fernanda Durán
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López, anticipó que el caso de las observaciones hechas a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) derivará inevitablemente en tribunales, luego de que el procedimiento administrativo avance hacia la individualización de responsabilidades.
Actualmente, la fiscalización de la Cuenta Pública 2023 se encuentra en el periodo de solventación, en el que los entes auditados cuentan con un plazo de 30 días, prorrogable hasta 45, para presentar la documentación que permita aclarar las observaciones preliminares.
Según explicó, el IFSE ha sido “mucho muy flexible” con municipios, dependencias y organismos autónomos, incluso con visitas de auditores para recibir información y desahogar observaciones.
En el caso particular de la universidad, Lecourtois precisó que la observación asciende a 600 millones de pesos y que, tras la notificación, no ha habido avances.
“Nada, que sí fueron, se notificaron y se fueron, ya no hubo ningún avance, la responsabilidad sigue en la misma, los recursos legales siguen su curso y nosotros somos respetuosos también del resultado de los recursos”.
Al concluir el plazo de solventación, las observaciones no aclaradas pasarán al área de investigación y posteriormente a la de substanciación.
En esa fase, explicó, se determinará qué autoridad es responsable de cada irregularidad detectada, garantizando la audiencia y los derechos constitucionales de los señalados:
“Si el administrador fue quien cometió este ilícito, si el rector fue quien cometió este ilícito, a ellos se les da su parte de este monto observado de acuerdo con su responsabilidad (…) posteriormente ya en lo individual, no como parte de la institución, entonces sí emprender una defensa en lo particular defendiendo su postura”.
Sobre la posibilidad de que el caso llegue a instancias judiciales, el auditor superior consideró que es un escenario inevitable.
“Se va a judicializar, es un hecho, la verdad no veo como no, lo han estado haciendo, afortunadamente hemos obtenido una victoria en todos los amparos, controversias constitucionales y demandas de nulidad que han presentado”.
Con ello, el conflicto entre el IFSE y la UASLP por la fiscalización de recursos propios, que ya provocó una controversia constitucional desechada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora un recurso de reclamación pendiente de resolver, se perfila para abrir un nuevo capítulo en los tribunales.
