Texto y fotografías de Desiree Madrid
Alrededor de 70 estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y de la Universidad Politécnica se manifestaron la tarde de este 2 de octubre en la capital potosina para exigir al Gobierno del Estado la liberación de recursos pendientes con la máxima casa de estudios, que estiman en cerca de 600 millones de pesos acumulados tras cuatro años de recortes presupuestales.
La movilización, que concluyó frente a Palacio de Gobierno, también se enmarcó en la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968 y de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Los universitarios denunciaron que la crisis financiera afecta directamente sus estudios.
“Hace falta material, y si no se paga la deuda para finales de noviembre, no tendremos clases”, señaló una estudiante, al recordar además que la Rectoría ha advertido que podría paralizarse la actividad académica si el adeudo persiste.
Por su parte, estudiantes de la Universidad Politécnica sumaron que en su plantel los profesores no reciben salarios completos ni puntuales, lo que compromete la continuidad de las clases.
En pancartas y consignas se escucharon reclamos como: “El UASLP no se mantiene con promesas, paga lo que debe”, “Sin presupuesto no hay educación”, “Gallardo escucha, el estudiante lucha” y “La Politécnica calla”.
De igual forma, los manifestantes insistieron en que su movimiento es autónomo y ajeno a intereses partidistas.
“No venimos representando ningún color, somos estudiantes defendiendo la autonomía de la Universidad”, declaró uno de los voceros.
Otro estudiante agregó: “Hacemos un llamado a dejar en claro que nuestro movimiento es orgánico, que no representamos ningún partido político ni ningún grupo estudiantil”.
La protesta también denunció intentos de deslegitimación, pues “Gobierno del Estado mandó grupos de choque para deslegitimar la marcha”, además de señalar que se buscaba desviar la atención de sus verdaderas demandas: la liberación de recursos y la defensa de la educación pública.
En paralelo, un segundo grupo se manifestó de forma separada contra el rector Alejandro Zermeño Guerra, a quien llamaron “acosador”, y contra el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, al que acusaron de “represor”.
A diferencia del contingente estudiantil, este bloque estuvo compuesto mayoritariamente por adultos con el rostro cubierto. Su movilización duró menos de 20 minutos: rodearon Palacio de Gobierno y luego se colocaron frente a Palacio Municipal antes de dispersarse.
Una joven de este segundo grupo, al ser cuestionada sobre los motivos de su participación, negó tener vínculos con el gobernador Gallardo y dijo ser estudiante de la Facultad de Psicología.
Sobre el rector Zermeño, comentó que “ha tenido una parte significativa con nosotros, con los estudiantes”, pero no era “la voz de esta lucha, solo vengo a apoyar a mis compañeros universitarios”.
Al insistir en si había intereses políticos detrás de esa manifestación, replicó:
“Estamos unidos y no tenemos que unirnos allá. No sé si traen intereses políticos o contienes políticos, la verdad desconozco. (…) Somos estudiantes”.
También afirmó que recordaban la responsabilidad de Galindo como parte del gabinete federal en el periodo en que desaparecieron los 43 normalistas.
Finalmente, aseguró: “Hoy es 2 de octubre, es por los 43 y ya”.
Desde el primer grupo de estudiantes se marcó distancia de esa manifestación.
“Que quede claro que nosotros somos autónomos e independientes”, respondieron, al subrayar que su causa estaba enfocada únicamente en el adeudo estatal y la defensa de la universidad.
Los universitarios también señalaron la falta de respaldo institucional.
“Entiendo que algunos profesores tampoco apoyaron porque no nos dan justificantes, porque no está institucionalmente dicho”, comentó una estudiante, quien interpretó que existían acuerdos entre rectoría y gobierno para evitar la movilización.
El miedo a represalias también fue tema.
“Sí, yo creo que eso existe y no está bonito, porque al fin y al cabo el gobierno tiene el poder y eso da temor. Sé que igual eso me cierra puertas, pero aquí estamos exigiendo nuestro derecho”, compartió otra participante.
Desde Palacio de Gobierno, un grupo de policías de la Guardia Civil Estatal desplegó un operativo y se colocó en las puertas del recinto con escudos tácticos y equipo de extintores. En respuesta, los estudiantes gritaron: “Somos estudiantes, esto es un movimiento pacífico”, marcando así la naturaleza no violenta de su movilización.
La jornada culminó con un micrófono abierto frente a Palacio de Gobierno, donde participaron colectivos estudiantiles y sociales, entre ellos un grupo propalestina, trabajadores que reclaman la jornada laboral de 40 horas y estudiantes de la propia UASLP.
En este espacio se retomaron reclamos como la conclusión de las obras en la Facultad de Ciencias, la entrega del presupuesto y la defensa de la autonomía universitaria.
Finalmente, los organizadores hicieron un llamado a la sociedad a sumarse.
“A los ciudadanos, que abran los ojos. El dinero que nosotros pagamos de impuestos es para nosotros. No hay que tener miedo”, declaró una estudiante, y que mientras el adeudo continúe, el movimiento seguirá activo.
La protesta de este 2 de octubre en San Luis Potosí se inserta en una larga tradición de luchas estudiantiles en México.
Desde Tlatelolco en 1968 hasta Ayotzinapa en 2014, el estudiantado ha salido a las calles para denunciar la represión, la falta de recursos y las deudas históricas con la educación pública.
En esta ocasión, los jóvenes potosinos colocan en el centro de su reclamo la defensa de la autonomía universitaria y la exigencia de que se garantice el presupuesto como condición básica para continuar con su formación.
Más allá de las diferencias entre grupos, la jornada dejó ver que la voz estudiantil sigue siendo un referente de organización social y de memoria colectiva. Al recordar a los 43 desaparecidos y al señalar la falta de recursos para sus universidades, los manifestantes enlazaron el pasado y el presente, mostrando que los movimientos estudiantiles no solo reclaman justicia en su momento histórico, sino que también defienden el derecho de las nuevas generaciones a una educación pública digna y sin condicionamientos.
