Desiree Madrid
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) figura entre las instituciones más opacas del país, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2025 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El informe revela que la dependencia se negó a proporcionar información esencial para evaluar su funcionamiento. La FGE ocultó datos sobre personal ministerial, pericial y policial, lo que impide conocer la verdadera capacidad de investigación con la que cuenta.
Mientras la mayoría de las fiscalías estatales sí entregaron estas cifras, San Luis Potosí optó por reservarlas.
Entre la información que quedó sin responder se encuentran las cifras de fiscales, agentes del Ministerio Público y policías de investigación. También se negó a entregar información sobre la unidad de inteligencia y análisis criminal, un área clave en la investigación de delitos.
Con ello, la entidad quedó al mismo nivel que Campeche y Tlaxcala, estados que carecen de esas unidades.
En lo que respecta al desempeño, el censo indica que en 2024 se abrieron más de 60 mil carpetas de investigación en San Luis Potosí, de las cuales casi 59 mil correspondieron al fuero común. Sin embargo, no es posible dimensionar la carga laboral de los ministerios públicos al desconocerse cuántos agentes atienden estos casos.
La opacidad también alcanzó a los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC). La Fiscalía de San Luis Potosí únicamente reconoció la existencia de la oficina titular, pero omitió información sobre el resto del personal dedicado a estas tareas.
El INEGI reporta además que durante 2024 se iniciaron 58 mil 740 carpetas contra personas imputadas. Gran parte de esos casos permanecieron abiertos al cierre del año, lo que evidencia un rezago en la resolución de procesos y refuerza la percepción de impunidad.
En materia de órdenes judiciales, la FGE informó que se giraron más de mil 300 mandatos durante 2024, pero apenas un número similar fue cumplimentado, dejando otro tanto pendiente. Esto significa que numerosos presuntos responsables continúan en libertad pese a existir órdenes de aprehensión en su contra.
