Por Victoriano Martínez
Ocultar información pública nunca ha sido la mejor estrategia para evitar exhibir falta de resultados o pretender manipular datos para proyectarse eficiente, y con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2025 presentado por el INEGI le ha tocado el turno de ver los efectos de la opacidad a la Fiscalía General del Estado (FGE).
“El informe revela que la dependencia se negó a proporcionar información esencial para evaluar su funcionamiento. La FGE ocultó datos sobre personal ministerial, pericial y policial, lo que impide conocer la verdadera capacidad de investigación con la que cuenta”, escribió Desiree Madrid en su nota sobre el CNPJE.
Efectivamente, poco se puede saber sobre la capacidad de investigación que tiene la FGE en cuanto al personal dedicado a esa labor, pero entre los tabulados a los que el INEGI da acceso sobre ese censo se pueden localizar otro tipo de datos que dan indicios sobre los alcances de la FGE para cumplir con su labor de procurar justicia.
Los resultados del censo corresponden a cifras de 2024 y se presentan en cuatro apartados temáticos con 111 indicadores sobre los recursos materiales y humanos con que cuentan las Fiscalías del país, así como los resultados de su desempeño: Estructura organizacional y recursos; Procuración de justicia; Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, y Servicios periciales.
Reporta que la FGE cuenta con un total de 91 personas para las cuestiones administrativas. ¿A cuántos ministerios públicos, peritos y policías se les podrá dar soporte para sus labores de investigación, integración de carpetas de investigación y su judicialización con ese apoyo administrativo?
De acuerdo con el censo, la FGE cuenta con un total de 90 unidades administrativas y agencias o fiscalías del Ministerio Público, de las cuales sólo dos cuentan con celdas preventivas para ejecutar prevenciones. ¿De qué dimensiones son y cuántos agentes del ministerio público y policías de investigación pueden operar en esos espacios?
Un repaso entre los 111 indicadores que se reportan en el censo permite conocer algunos datos que, por la vía de los resultados, podrían dar una idea de la capacidad de investigación y procuración de justicia con que cuenta la FGE.
Sobresale la tabla que se titula Determinaciones y/o conclusiones efectuadas en las averiguaciones previas e investigaciones por el Ministerio Público, por nivel de gobierno y entidad federativa según tipo porque se reporta que en sólo tres de 24 mil 895 carpetas de investigación se aplicó el ejercicio de la acción penal.
De las 58 mil 740 carpetas de investigación abiertas durante 2024, en 58 mil 110 se establecieron delitos consumados en tanto que en las 630 restantes se establecieron como tentativas. Se detectó que fueron 60 mil 702 las víctimas de algún delito durante ese año.
La FGE se cuenta entre las 17 que contaron durante 2024 con un presupuesto que supera los mil millones al haber ejercido mil 41 millones 19 mil 863 pesos.
Durante 2024 se cometieron 67 delitos diferentes en el Estado, de los cuales los diez de mayor incidencia fueron Violencia familiar, con 9 mil 562; Robo – Otros robos, 8 mil 288; Delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, 7 mil 426; Daño a la propiedad, 5 mil 535; Lesiones, 4 mil 947; Fraude, 3 mil 230; Amenazas, 3mil 98; Robo de vehículo, mil 521; Delitos en materia de armas y objetos prohibidos, mil 503 y Robo a negocio, mil 194.
San Luis Potosí ocupa, en el CNPJE el lugar número 11 entre los estados en los que se cometen más delitos con 58 mil 740 delitos, muy por encima de Sinaloa (37 mil 209), Guerrero (25 mil 876) y Zacatecas (25 mil 715) que suelen ser mencionados como los estados con mayor violencia.
La incidencia delictiva y la información que sobre los resultados da el INEGI en su CNPJE dan cuenta de una parte del diagnóstico sobre el panorama de la procuración de justicia, en tanto que la información que no se proporcionó no sólo impide complementar el diagnóstico, sino que da cuenta de todo lo que está obligada a explicar la FGE en tanto constituye un ejercicio de opacidad que encubre deficiencias inocultables.
