Por Victoriano Martínez
La construcción de la autopista Entronque 75D – Matehuala tendrá esta semana una de las definiciones que más le urgen al gobierno del Estado y la concesionaria, cuyo trámite de Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra suspendido desde el pasado 28 de agosto, cuando se celebra la asamblea del Ejido El Peyote en segunda convocatoria este miércoles.
Desde los días previos a la cita en primera convocatoria el 30 de septiembre, la presión por parte del presidente del Comisariado Ejidal de El Peyote, Severo Rosales Medrano, a los ejidatarios para que acepten vender sus tierras a 70 pesos por metro cuadrado comenzaron sin mucho resultado porque, por ejemplo, Heladio Cerda Guerrero, secretario del comisariado, no cedió y se negó a firmar la convocatoria.
Desde este fin de semana, la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, el gobierno del Estado y Rosales Medrano pusieron en marcha otro operativo de presión y compra de votos para la asamblea del miércoles ante la que un importante grupo de ejidatarios iniciaron acciones de resistencia.
Por ejemplo, desde la noche de este domingo fue enviado a los canales de comunicación con la Presidencia de la República que los Guardianes de la Sierra han usado en casos anteriores, como el del Ejido Corcovada recientemente, un video en tres partes (1, 2 y 3) en el que el ejidatario Erasmo Guerrero Márquez pide la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Ya basta, ya abrimos los ojos y estamos conscientes de que podemos defender nuestro ejido, porque nuestro ejido no se vende, no somos una gente conflictiva, pero sí amamos nuestra tierra”, señaló Guerrero Márquez en su video.
La pide a Sheinbaum Pardo los ayude para que no pasen por encima de los ejidatarios con la autopista porque ya han vivido muchas injusticias de parte del gobierno estatal. “Queremos el progreso, pero que no vendamos nuestras tierras con una miseria”, dijo.
La tensión en el Ejido El Peyote ha escalado en la medida en que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha realizado acciones de presión, entre las que se encuentra una presunta puesta en marcha de la obra cuando aún no cuenta con la posesión de todos los terrenos que requiere ni con la autorización de su Manifestación de Impacto Ambiental.
A principios de agosto, desde el gobierno del Estado se rompió un acuerdo con Victor Suárez Carrera, procurador Agrario Nacional, en el que se aceptó un acompañamiento permanente en las negociaciones para la compra de los terrenos en los ejidos El Peyote y Peotillos. Aquellos intentos por hacer a un lado a la Procuraduría Agraria comenzaron a generar tensión en el Ejido.
La segunda convocatoria para la asamblea de este miércoles, igual que la primera, no cuenta con la firma del secretario del Comisariado, lo que no está permitido para sesiones en las que se tratan temas de desincorporación de parte del territorio, por lo que los ejidatarios inconformes han solicitado, además, la intervención de la Procuraduría Agraria.
Desde el pasado 5 de mayo, la Procuraduría Agraria acordó generar alertas territoriales para evitar que los ejidos sean protegidos en tres aspectos relevantes: el dominio pleno, los cambios de destino de tierras y el reconocimiento de avecindados.
Los ejidatarios de El Peyote están dispuestos a vender, pero no aceptan la oferta de la empresa que la subió a 70 pesos por metro cuadrado en las últimas semanas, sino que exigen 400 pesos por metro cuadrado: 200 en efectivo y 200 en obras de beneficio comunitario.
El operativo de presión y compra de votos para la asamblea resulta para una mayoría de ejidatarios una agresión con fines de despojo que ha generado un clima de tensión que hace prever riesgos incluso de violencia para la asamblea de este miércoles.
