Fernanda Durán
La reforma a la Ley de Amparo que avanza en el Congreso de la Unión ha generado un debate nacional sobre los alcances y riesgos que traerá para la defensa de los derechos humanos y colectivos.
En entrevista, el presidente 2024-2026 del Capítulo San Luis de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Jorge Chessal Palau explicó que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contiene tanto elementos positivos como retrocesos preocupantes que podrían tener un fuerte impacto en casos locales.
Desde su perspectiva, entre los aspectos positivos destaca la incorporación obligatoria de herramientas electrónicas en los juicios de amparo, un mecanismo que ya existía desde 2013, pero que pocas autoridades utilizaban.
“El hecho de que ahora a las autoridades responsables de los amparos les impongan la obligación de utilizar medios electrónicos, eso es algo bueno”, afirmó, pues con ello se busca agilizar trámites, reducir el uso de papel y acortar los tiempos procesales.
Otro cambio considerado benéfico es la fijación de un plazo específico para que los juzgados de distrito emitan sentencia. La reforma establece que no podrán tardar más de 90 días, lo que da certidumbre frente a los retrasos actuales de hasta ocho o 10 meses.
“Ya hay la certeza de que no va a tardar más de cuatro meses una sentencia en un juzgado de distrito”, explicó Chessal.
Sin embargo, los puntos negativos podrían superar los beneficios, pues la iniciativa presidencial planteaba tres restricciones centrales: limitar la figura del interés legítimo, acotar la suspensión en los juicios de amparo y eximir de sanciones a los funcionarios que desobedecieran sentencias.
Este último aspecto fue eliminado en el Senado, lo que mantiene vigente la posibilidad de sancionar e incluso encarcelar a quienes incumplan con resoluciones judiciales.
Aun así, Chessal advirtió que persisten dos riesgos principales: la reducción de los alcances del interés legítimo y la posible aplicación retroactiva de la reforma.
La primera medida limitaría la capacidad de comunidades, organizaciones civiles y particulares para interponer amparos en defensa de derechos colectivos, especialmente en materia ambiental o de desarrollo urbano como ocurre en San Luis Potosí. La segunda —introducida en el Senado y cuestionada por diversos sectores— amenaza con dejar sin efecto juicios que ya están en trámite.
En el plano local, el abogado ejemplificó con casos conocidos en San Luis Potosí: los amparos para evitar la tala de árboles en la avenida Himno Nacional, la construcción de un monumento en un área natural protegida, las concesiones mineras cercanas a comunidades agrarias o el litigio por la operación de una calera en Sierra de Álvarez.
“Todos esos casos han dependido del interés legítimo. Si la reforma considera que ese tema ya no va a funcionar igual y se aplica retrospectivamente, amparos en trámite podrían quedar sin efecto”.
No obstante, Chessal confió en que la retroactividad no prospere, pues incluso la presidenta Sheinbaum se manifestó en contra de esa medida.
“Eso fue más bien una pasada de algún senador que estaba queriendo aprovechar. La Cámara de Diputados lo va a echar hacia atrás, y ese tema ni siquiera va a llegar a la Suprema Corte”.
En cuanto al proceso legislativo, explicó que el cambio de la retroactividad en la reforma aún debe ser discutida en la Cámara de Diputados y regresar al Senado para su validación.
Aunque existe la posibilidad de que un tercio de diputados o senadores promuevan una acción de inconstitucionalidad, Chessal se mostró escéptico sobre la viabilidad de reunir ese porcentaje; mientras la otra alternativa sería que la inconstitucionalidad se plantee dentro de un juicio de amparo, pero considera que es poco probable que la Suprema Corte de Justicia actúe en contra de la reforma.
“Actualmente es una sucursal de Palacio Nacional”, criticó.
El riesgo mayor, advirtió, es que esta reforma continúe la tendencia de restringir los contrapesos institucionales y debilitar los mecanismos de protección ciudadana.
“El amparo es la única herramienta de la que disponemos para proteger los derechos humanos”.
No obstante, afirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedó subordinada al Ejecutivo desde la llegada de Rosario Piedra, y que la Corte perdió independencia frente al poder presidencial.
“El tema que nos quedaba todavía de posibilidad es que hubiera jueces o magistrados que, aplicando la ley, pudieran escapar al control oficialista. Y lo cierto es que ahora lo que están haciendo es limitar la ley para que ni siquiera los jueces o magistrados de buena intención puedan hacer nada”.
En ese sentido, Chessal vinculó esta reforma con un deterioro más amplio de las garantías democráticas, recordando la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la falta de acceso a la información pública, pues “el tema de la transparencia es ya prácticamente un tema del pasado”. Para el abogado, la combinación de restricciones en amparo y opacidad en la información dejarán a la ciudadanía en una situación de indefensión.
La discusión en el Congreso de la Unión aún tiene varios pasos por recorrer, pero para especialistas como Chessal, lo que está en juego es la permanencia del amparo como el último recurso ciudadano frente a abusos de poder.
Su limitación, dijo, podría dejar en vulnerabilidad a comunidades, colectivos y personas que hasta ahora habían encontrado en ese recurso una vía de defensa frente a megaproyectos, decisiones urbanísticas o concesiones extractivas en San Luis Potosí y en todo el país.
La reforma a la Ley de Amparo se enmarca en la reconfiguración más amplia del Poder Judicial iniciada en septiembre de 2024, cuando se aprobó una reforma constitucional que transformó la estructura judicial: se modificó el sistema de elección de jueces, se eliminaron las Salas de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, y se crearon nuevos órganos como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
La presidencia de Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa adicional en septiembre de 2025 para modificar aún más la Ley de Amparo, al ampliar y profundizar algunas restricciones.
Algunas de sus propuestas controvertidas incluyen:
- Limitar aún más las suspensiones del acto reclamado, exigiendo que los jueces ponderen intereses sociales, orden público y que evalúen “apariencia del buen derecho” de quien pide el amparo.
- Especificar que no proceda la suspensión provisional en actos de la UIF (bloqueo de cuentas) ni en actividades que requieren permisos revocados o no existentes.
- Ampliar la figura de “imposibilidad material o jurídica” para que autoridades puedan excusarse del cumplimiento de resoluciones de amparo y evitar sanciones por incumplimiento.
- Facilitar el uso de herramientas digitales, grabación de audiencias, presentación electrónica e imposición de plazos estrictos para diversas etapas procesales.
En el Senado fue donde se aprobó un artículo transitorio que obliga a que “asuntos ya en trámite” se rijan por la nueva ley — una cláusula que no estaba en la iniciativa original ni en el dictamen previo. Esta adición ha sido fuertemente criticada por implicar retroactividad de facto.
Ante ello, la presidenta Sheinbaum ha rechazado esta retroactividad, pues violaría el artículo 14 constitucional que prohíbe leyes retroactivas en perjuicio de las personas. En sus conferencias ha señalado que “si hay que corregir algo en la Cámara de Diputados, se corregirá”.
El expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha intervenido también para defender que esa cláusula no sería retroactiva estrictamente sino aplicable como ley procesal. Sin embargo, la redacción no es clara y debe precisarse.
Dentro de Morena ya hay discrepancias debido a que algunos legisladores como Manuel Huerta Ladrón de Guevara fueron quienes impulsaron enmiendas como la cláusula de retroactividad sin pleno consenso con el Ejecutivo, lo que generó la intervención directa de Sheinbaum para “enderezar” el rumbo.
El Ejecutivo ha tenido que deslindarse de ciertas adiciones hechas en el Senado que no fueron parte de su propuesta original, lo que revela fricciones en el bloque oficialista.
La senadora potosina y dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, calificó como “gravísimo” lo ocurrido en la reciente sesión del Senado en la que se aprobó la reforma a la Ley de Amparo.
Criticó el artículo transitorio que introduce la retroactividad en perjuicio de los ciudadanos, al explicar que, a pesar de que en comisiones se había eliminado esa propuesta, “casi a medianoche decidieron meterla de nuevo” a iniciativa del senador Ladrón de Guevara y con la instrucción directa de Ernestina Godoy que, a su juicio, viola el artículo 14 constitucional.
Rodríguez advirtió que esta retroactividad permitiría que los amparos en trámite se resolvieran bajo la nueva legislación, debilitando un instrumento histórico de defensa ciudadana.
Recordó que incluso dentro de Morena hubo contradicciones, pues mientras Godoy impulsaba la reserva, Arturo Zaldívar reconoció que era inconstitucional y la propia presidenta Claudia Sheinbaum deslindó su iniciativa del transitorio añadido.
“Ni siquiera ellos coinciden en su proyecto de nación”, señaló.
La legisladora acusó que la reforma no moderniza el juicio de amparo sino que lo debilita, al reducir el alcance de las suspensiones, permitir el congelamiento de cuentas sin control judicial y mantener la prohibición de suspender la prisión preventiva oficios.
Sostuvo que estas medidas “atentan contra la presunción de inocencia y dejan a la ciudadanía más indefensa frente a los abusos de la autoridad”.
Desde San Luis Potosí, Rodríguez aseguró que Acción Nacional dará la batalla en la Cámara de Diputados y en el Senado cuando la reforma regrese, porque “defender el amparo es defender la justicia, la dignidad y la libertad de las y los mexicanos”.
