Fernanda Durán
Los patrones o responsables de centros de trabajo que omitan notificar al juez familiar el despido o renuncia de un deudor alimentario deberán asumir solidariamente la carga del pago de la pensión correspondiente, de acuerdo con la reforma aprobada este miércoles por la Comisión Segunda de Justicia.
La modificación aprobada adiciona un segundo párrafo a los artículos 166 y 167 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa fue promovida por la ex diputada Lidia Nayeli Vargas Hernández y aprobada con ajustes, con el objetivo de “reconocer, proteger y garantizar que las infancias reciban alimentos por sentencia judicial en todo momento, independientemente de la capacidad económica del deudor”, explicó la diputada presidenta de la Comisión, Jessica Gabriela López Torres.
Durante la sesión, el secretario técnico de la Comisión, Hairo Leyva, detalló que la reforma no sólo obliga al deudor a informar sobre cualquier causa que le impida cumplir con la pensión alimenticia, sino que también hace corresponsables a los patrones.
“Parte importante de la reforma —expuso— hace solidariamente responsable de dar aviso al juez a los responsables de las fuentes de trabajo o gerentes generales, para que a su vez, de inmediato y a más tardar tres días después de que ocurra el hecho, informen al juez que ya no van a hacer los descuentos de las pensiones alimentarias”.
El funcionario legislativo advirtió que si los patrones no cumplen con esta obligación, la consecuencia será económica.
“La intención es que haya una sanción a la fuente de trabajo que no dé aviso de la situación laboral que impida cumplir con las obligaciones. De tal suerte que, por cada día que pasara sin dar aviso, el patrón tendría la obligación de cubrir un día de salario en beneficio del menor”.
La diputada Jessica Gabriela López Torres enfatizó que la reforma no exime en ningún momento al deudor alimentario de sus obligaciones. No obstante, sostuvo que es necesario promover un cambio de conciencia más allá de lo jurídico.
“Esta disposición no exime a los deudores de sus obligaciones, aunque se pronunció porque sea más un asunto cultural y no jurídico”, indicó durante la discusión del dictamen.
Además de la presidenta de la Comisión, votaron a favor de la iniciativa los diputados María Leticia Vázquez Hernández, Rubén Guajardo Barrera, Luis Fernando Gámez Macías y Carlos Artemio Arreola Mallol. El dictamen pasara al Pleno para su votación en próximas sesiones.
