Por Victoriano Martínez
La asamblea prevista para este miércoles en el Ejido El Peyote no se realizó, pero mostró tres cosas: la desesperación por parte de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras (IPC) por obtener el derecho de vía aún sin cumplir los requisitos legales, el cumplimiento de la Procuraduría Agraria en la defensa de los ejidatarios, y la firmeza de éstos para exigir un precio justo.
El derecho de vía para la autopista de cuota a Matehuala está incompleto en tanto no se cuenta con el convenio de ocupación previa de las tierras por las que atraviesa en el Ejido El Peyote por falta de acuerdo de la empresa con los ejidatarios.
Aunque se citó a la asamblea en segunda convocatoria, ésta incumplía dos requisitos. Primero, no contaba con las firmas requeridas para tener validez legal y, dos, no cumplía con el acuerdo del 7 de agosto tomado por la propia asamblea para que reuniones con este tema pasaran por la revisión previa de las convocatorias por parte de la Procuraduría Agraria (PA).
Dos cosas que ni al gobierno del Estado ni a la empresa IPC les interesaba que se cumplieran porque su objetivo era contar con el convenio de ocupación previa a toda costa, aunque después se fuera a un litigio. Una urgencia relacionada con la petición de SEMARNAT de información adicional que tiene suspendida la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental.
“El hecho de que ustedes estén aquí se convalida que la convocatoria se hizo, y aquí no se debe que contentillo si quiero o no quiero firmar, o si por causas de salud o lo que sea, lo que importa es que esa convocatoria ahí no la firmó, pero aquí está presente, para eso son las convocatorias, para venir”, les dijo a los ejidatarios la coordinadora para la liberación del derecho de vía de IPC.
La abogada, a quien sólo identificaron como Aide, insistía de esa manera en que se realizara la asamblea –incluso sin que la convocatoria cumpliera el requisito legal– para que se acordara la firma del convenio de ocupación previa de las tierras ejidales para la autopista.
“¿Dónde estudió derecho que no sabe que tiene que haber formalidades? No puede pasarse la ley por donde ella quiere”, se escuchó una voz femenina entre los asistentes, mientras la abogada –en tono de reprimenda (“esto no es un juego”, les dijo)– insistía en realizar la asamblea para decidir sobre el convenio.
“Y si se firma ese convenio el día de hoy, a ese convenio se le tiene que dar cumplimiento sí o sí, primero, porque nosotros somos personas serias, y luego porque él (señaló a Severo Rosales Medrano) todavía es comisariado.
“Y no tiene que ver nada que mañana haya elección, porque perfectamente el comisariado mañana entrante dará continuidad a las siguientes etapas de lo que viene de la carretera”, les insistió a los ejidatarios reunidos en el Salón Ejidal.
La urgencia por lograr una asamblea aun fuera del marco legal también se evidenció en que no se dio aviso de la convocatoria a la PA, a pesar del compromiso de J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, con Victor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria, sino hasta la tarde del martes. El objetivo era mantenerla al margen, pero la reacción fue inmediata.
Aunque el representante de la PA, Alvaro Pineda Maldonado, llegó con 15 minutos de retraso a la asamblea, logró intervenir de manera oportuna para advertir sobre la ilegalidad de la convocatoria como antecedente que deslegitimaría los acuerdos de la sesión.
“Ustedes son la máxima asamblea, ustedes pueden tomar el acuerdo que quieran, pero siempre que esté sujeto a lo que señala el marco legal, las consecuencias que pueda haber, esas son consecuencias que ustedes van a tener dependiendo de lo que puedan acordar”, expuso Pineda Maldonado.
Heladio Cerda Guerrero, secretario de Comisariado quien no firmó la convocatoria, informó a los ejidatarios reunidos que antes de llegar al Salón Ejidal recibió una llamada de Beatriz Vera, jefa de Delegaciones de la Procuraduría Agraria, quien le explicó que la asamblea no reunía las formalidades de ley y por tanto los acuerdos no se podrían inscribir en el Registro Agrario Nacional.
Reprochó a la empresa, al gobierno estatal y a Rosales Medrano haberlo nombrado como parte de la comisión para negociar con la empresa y exhibió lo poco personas serias que son los representantes de la empresa porque desde el mes de mayo no le han respondido al Ejido sobre su propuesta para el convenio de ocupación previa.
“Ya tienen en sus manos una propuesta, por la cual les pedimos que nos dieran una respuesta por escrito, y hasta la fecha…”
Las condiciones en las que los ejidatarios están dispuestos a aportar sus tierras a la autopista le fueron planteadas también a la PA luego de que esa instancia federal se comprometió a dar acompañamiento a las negociaciones.
La asamblea en la que la empresa IPC confiaba lograr la firma del convenio de ocupación previa sin que los ejidatarios conocieran su contenido y en la que aceptaban un precio de 70 pesos por metro cuadrado y la perforación de un pozo, finalmente no se realizó y se planteó que, una vez elegido el nuevo comisariado ejidal, se vuelva a citar en las próximas semanas.
Para la renovación del comisariado hay registradas dos planillas, ambas encabezadas por ejidatarios que están convencidos de exigir un precio justo por sus tierras, que han fijado en 400 pesos por metro cuadrado, de los cuales 200 pesos sean en efectivo y los otros 200 en obras de beneficio colectivo del Ejido.
Una convicción que contrasta con la urgencia manifestada por la representante de la empresa en la que los ejidatarios no tienen prisa por lograr que simplemente se les respete y se les corresponda con un precio justo, lo que de distintas formas manifestaron en la reunión de este miércoles varios de los más viejos ejidatarios.
“Que tengan bien entendido que no estamos en contra de la carretera. Estamos a favor, pero siempre y cuando se nos pague un precio justo”, les dijo a los representantes de la empresa en la reunión el octogenario Erasmo Guerrero Márquez, quien hace unos días envió un video a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pedir su intervención.