Fernanda Durán
Integrantes de la organización de Carretoneros Benito Juárez solicitaron la intervención del Congreso del Estado ante el incumplimiento del Ayuntamiento de San Luis Potosí, que se comprometió a sustituir los animales de tiro por motocarros antes de que concluyera 2025.
Los trabajadores denunciaron que las unidades entregadas no cumplen con las especificaciones acordadas, lo que pone en riesgo su sustento y el avance del programa de sustitución.
La vocera explicó que desde hace varios meses la organización ha trabajado en coordinación con el diputado presidente de la Comisión de Ecología, Luis Felipe Castro, para dar seguimiento al compromiso asumido por el Ayuntamiento de apoyar el retiro de animales de tiro mediante la entrega de motocarros; compromiso que debía cumplirse antes de concluir 2025 como parte del proceso de renovación de permisos.
La vocera del grupo detalló que los carretoneros pertenecen a la unión del municipio de San Luis Potosí, en la zona de Milpillas, “casi pegado a Peñasco, ahí es donde se concentra la mayoría de los carretoneros”; los integrantes de la organización se distribuyen en distintos puntos de la zona norte como Saucito, Angostura y Las Flores.
Sin embargo, señaló que los vehículos entregados no corresponden al modelo ni a la capacidad que se les prometió.
“El resultado fue que nos prometieron unas motos, nos llevaron a checarlas de una capacidad, incluso por ahí el alcalde ha hablado de la capacidad de las motos que él comprometió con capacidad de más de 700 kilos”.
De acuerdo con la vocera, los carretoneros habían solicitado unidades de una marca reconocida que garantizara durabilidad y disponibilidad de refacciones.
“Nos llevan a Dínamo, porque la idea de nosotros era que nos dieran una marca reconocida para que el mueble que nos dieran nos durara, porque no es fácil nosotros deshacernos de nuestros animales”.
Durante la revisión, explicaron que se les mostraron dos modelos: uno de motor 250, con capacidad de 600 kilos, y otro de motor 300, que consideraron adecuado.
“Optamos por ese modelo en Dínamo”, puntualizó.
No obstante, el día previo a la entrega “la moto ni siquiera era la que nos enseñaron. La moto era de una capacidad máxima de 300 kilos, era una moto muy chica como las que usan los paleteros, y prácticamente no sirve porque la capacidad de carretones es de más de 700 kilos”.
Ante esta situación, los carretoneros acudieron al Congreso del Estado para solicitar apoyo y pedir la intervención de la Comisión de Ecología, a fin de que se requiera al Ayuntamiento un informe sobre las razones por las cuales no se entregaron las motocicletas comprometidas ya que, según denunciaron, se les presiona para aceptar unidades que no cumplen con las especificaciones acordadas.
La representante añadió que el conflicto ha afectado sus ingresos y la operación del programa de sustitución.
“Ya tenemos como un mes en este tema y quisiéramos que el Congreso presionara al Ayuntamiento o que les hablara qué pasó, por qué se nos prometió una cosa y el momento de nosotros ir a ver las motos antes del evento del alcalde nos resultaron con otra”.
Actualmente, la organización Benito Juárez cuenta con 55 integrantes, quienes calculan que el Ayuntamiento adeuda la entrega de al menos 27 unidades para la primera etapa del cambio.
Además de la pérdida de confianza en las autoridades, los trabajadores temen que la baja capacidad de las motos afecte directamente su economía, pues “con una moto que prácticamente no le va a caber ni la mitad de la basura que nosotros recolectamos, ni una tercera parte, nuestras familias se van a ver muy afectadas”.
La vocera subrayó que el gremio está comprometido con el bienestar animal y ha recibido capacitaciones en el cuidado de equinos.
Desde 2022, los carretoneros han gestionado ante el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado el apoyo para la sustitución de carretas por motocarros, sin resultados definitivos.
“Nos mandaron al Ayuntamiento y el Ayuntamiento fue lo que nos ofreció y al último fue lo que nos dio”, lamentó la vocera, al reiterar que el modelo entregado no es funcional ni respeta lo pactado con las autoridades municipales.