Fernanda Durán
El diputado Luis Fernando Gámez Macías, acompañado de la activista Susana del Río, presentó una iniciativa que busca incorporar protocolos de actuación ante casos de abuso sexual o maltrato infantil en escuelas dentro de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, mediante la creación del artículo 83 Bis.
El legislador explicó que la propuesta surgió del trabajo conjunto con la Fundación Internacional Granito de Arena, que dirige la activista, y pretende evitar la revictimización de menores al interior de instituciones educativas.
“Hoy por hoy lo que está ocurriendo es que cuando se detecta en las escuelas o en algún entorno familiar el caso de un menor violentado, se le revictimiza, porque muchas veces no se sabe cómo actuar, y se le lleva con el maestro, con el vecino, con el psicólogo, con el otro amigo, y el niño se inhibe después de tanto denunciar”.
El diputado indicó que la iniciativa plantea la creación de un comité interinstitucional integrado por la Secretaría de Educación, el DIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, docentes y padres de familia. El comité sesionaría anualmente para “tropicalizar” los protocolos federales existentes y establecer un marco local de actuación para personal educativo, estudiantes y tutores.
Por su parte, Susana del Río, representante de la Fundación Granito de Arena, advirtió que el abuso infantil se ha incrementado de forma preocupante en el país y en San Luis Potosí, especialmente en niveles de preescolar y primaria, donde se han detectado cientos de casos que rara vez llegan a la justicia.
Refirió que desde 2019 se han abierto alrededor de 500 carpetas de investigación, pero solo una ha sido judicializada, lo que evidencia la falta de herramientas legales y de acompañamiento tanto para docentes como para las víctimas.
La activista explicó que los casos suelen quedar impunes porque “no están bien armadas las carpetas o se revictimiza al menor”, lo que termina por inhibir su testimonio y debilita los procesos judiciales.
Además, advirtió que el 80 por ciento de los abusos ocurre dentro del entorno familiar, lo que vuelve aún más importante el papel de las escuelas como espacios seguros y de detección temprana.
Del Río reconoció que muchos docentes también enfrentan obstáculos al momento de denunciar o intervenir en casos de violencia infantil, ya que en numerosas escuelas se han detectado situaciones que los propios estudiantes han llegado a normalizar; ante la falta de capacitación y protocolos claros, las y los maestros se sienten limitados y temerosos de actuar, lo que refuerza la necesidad de establecer mecanismos institucionales que les brinden respaldo y orientación.
Por ello, la iniciativa pretende dotar al magisterio de protocolos claros y acompañamiento institucional que les brinden confianza para actuar sin temor a represalias; Gamez agregó que la Secretaría de Educación del Estado “vio con muy buenos ojos” la propuesta, al considerar que también protege los derechos del personal docente.
La activista destacó que la fundación que representa tiene 15 años de trabajo con víctimas de agresiones sexuales y violencia infantil, ofreciendo terapias, asesoría jurídica y acompañamiento.
La iniciativa, que se ha impulsado también en otros estados como Nuevo León donde aseguran que no prosperó por razones políticas, convierte a San Luis Potosí en el segundo estado del país donde la Fundación Granito de Arena promueve este modelo legislativo.
