Fernanda Durán
Durante la sesión de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío González Castillo, reveló que en San Luis Potosí solo se han aplicado 26 millones de pesos de los 668 millones convenidos con la Federación para obras de agua potable, saneamiento e infraestructura hidráulica, recursos que forman parte del 30 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) comprometido por los ayuntamientos.
“Los 59 municipios recibieron 2 mil 697 millones de pesos del FAISMUN (…). De ese total, 668 millones se iban a aplicar en tema de agua, pero a la fecha solo se han ejercido 26 millones en todo el estado”, expuso el funcionario.
El diagnóstico evidenció el rezago estructural en la coordinación entre municipios y organismos operadores, según González Castillo, aunque el Gobierno Federal ha mantenido flexibilidad en los pagos de derechos de agua, el problema radica en que la mayoría de los organismos y ayuntamientos están en falta de pago y no logran acceder a los programas federales de inversión.
“El gran problema que tienen los organismos operadores es la falta de pago de las cuotas de agua con la Conagua. La mayoría están en falta de pago, igual que los ayuntamientos”, advirtió.
El funcionario federal aclaró que no se han aplicado sanciones severas por tratarse de un servicio esencial vinculado al derecho humano al agua, pero sin regularizar los adeudos ni medir correctamente el consumo (macro y micromedición), los organismos seguirán en números rojos.
“Sabemos que hay infinidad de municipios que otorgan el servicio, pero no tienen sistemas de medición, ni macro ni micro, y eso les genera insuficiencia no solo para operar, sino para cumplir con los pagos federales”, añadió.
Matehuala reclama fórmula inoperante y los municipios no cumplen
Las declaraciones del delegado se detonaron de una discusión con el director del organismo operador de Matehuala, Juan Carlos Pérez, quien respondió con exigir que se revise a fondo la fórmula tarifaria estatal.
Pérez coincidió en la necesidad de cobrar lo justo, pero la falta de infraestructura y los altos costos eléctricos y salariales no se compensan con los incrementos actuales, ya que la fórmula de indexación “se queda corta frente a la realidad”.
“Si bien es cierto que estos mecanismos ayudan a generar procesos de actualización, seguimos subsistiendo exclusivamente (…) No podemos absorber los costos de inversión ni generar esquemas de colaboración si la fórmula es inoperante”.
El funcionario municipal planteó además que se reconozcan como contraparte federal las inversiones locales en infraestructura y proyectos sustentables, incluyendo la instalación de plantas fotovoltaicas para reducir los costos eléctricos, que en su caso representan “uno de los principales gastos de operación”.
“Yo he insistido en que lo que nosotros invertimos durante el año pueda tomarse en cuenta como parte de esa inversión para que los recursos no se pierdan (…) incluso hemos tenido que regresar dinero porque no nos alcanza a cubrir la contraparte que pide la Federación”.
Pérez también solicitó a la Conagua interceder ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar la clasificación tarifaria de los organismos operadores, pues en zonas de alta demanda los recibos eléctricos anulan cualquier margen operativo, ya que han buscado una reunión desde hace años.
González Castillo reconoció que la fórmula es inoperante, por lo que “debemos revisar de fondo las economías y obligaciones de los organismos, y encontrar un punto donde la recaudación sea justa para que puedan operar”.
Asimismo, se comprometió a abrir una mesa con la subadministración regional de la la Conagua para atender directamente el planteamiento de Matehuala y otros organismos en condiciones similares.
Los organismos están destinados a la extinción si no hay coordinación
González Castillo destacó que la falta de colaboración institucional entre los municipios y sus organismos operadores. Explicó que, en la mayoría de los casos, los ayuntamientos no canalizan los recursos federales a los entes encargados del agua, lo que deja paralizados proyectos de mantenimiento y obra pública.
“Si seguimos desarticulados entre los alcaldes y los organismos operadores, están destinados casi a la extinción. Muchos presidentes municipales ven al organismo como un apéndice político y no como un ente técnico”.
El funcionario propuso que la Ley de Aguas contemple una obligación legal de coordinación entre ambos niveles, para que los recursos del FAISMUN se apliquen directamente en infraestructura hídrica y saneamiento.
Aclaró, además, que los pagos federales no son un gasto perdido, pues Hacienda devuelve a los organismos el total de los derechos de agua pagados, siempre que presenten un plan de inversión validado.
Los organismos pequeños: servicios a medias y sin margen para operar
El director del organismo de Rioverde relató que, pese a tener servicio continuo, el organismo “no tiene recursos para invertir en mejoras de infraestructura”, sobre todo ante la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 001-SEMARNAT-2021, que exige nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Por su parte, el titular del organismo operador de San Ciro de Acosta describió las limitaciones que enfrentan los sistemas más pequeños, que apenas logran cubrir sus costos básicos de operación, pues sin un incremento tarifario que les permita mantener sus equipos y garantizar el servicio continuo, el organismo corre el riesgo de volverse financieramente inviable, ya que los ingresos actuales resultan insuficientes para sostener la infraestructura, atender reparaciones urgentes y cumplir con las obligaciones laborales mínimas.
Según explicó, las cuotas actuales apenas cubren nómina y operación básica; cualquier reparación o sustitución de bombas, como la que realizaron hace tres meses por 130 mil pesos, impacta en otras partidas esenciales, incluso en el pago de aguinaldos.
“Las presiones de la población van directamente hacia nosotros, los directores, pero no tenemos el recurso para responderles. No pedimos un aumento para nosotros, lo pedimos para nuestra gente”.
