Desiree Madrid
Organizaciones civiles denunciaron omisiones y simulaciones por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado en el cumplimiento de la obligación legal de realizar consultas efectivas a personas con discapacidad (PCD), un derecho establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y en tratados internacionales.
En rueda de prensa, representantes de Cambio de Ruta A.C., Hermenéutica A.C. (Escuela de Sordos) y la Coalición Movilidad Segura SLP, afirmaron que las consultas se han convertido en trámites aparentes o superficiales, lo que ha llevado a promover varios amparos ganados por omisión o deficiencia en su aplicación.
Luis Gonzalo Lozano, abogado y activista de Cambio de Ruta A.C., explicó que la consulta a personas con discapacidad es un mandato internacional que busca garantizar la participación real de quienes serán destinatarios de una norma.
“Legislar para terceros sin conocer su condición ya no se puede tolerar en el 2025”, señaló.
Agregó que la falta de consulta invalida la norma y que varios gobiernos locales recurren a “simular su cumplimiento” mediante eventos breves, encuestas sin profundidad o reuniones aisladas.
“Convocan un día, toman café, llenan unas encuestas sin chiste y con eso dicen que hubo consulta. Eso no es participación, es simulación”.
Entre los casos emblemáticos mencionó el amparo ganado contra el Plan Municipal de Desarrollo de Villa de Pozos, donde no se realizó consulta alguna. Lozano exhortó al municipio a acatar la sentencia y evitar una revisión judicial que solo prolongaría la violación de derechos humanos.
De igual forma, informó que a nivel federal también se han promovido entre 12 y 14 amparos contra el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que el Gobierno Federal realizó únicamente un evento en Zacatecas para justificar la consulta.
“Un juez de Distrito en Durango resolvió a favor al confirmar que la estrategia de no hacer la consulta o hacerla a medias es inválida”, detalló el abogado.
Por su parte, Catalina Torres Cuevas, directora administrativa de la Escuela de Sordos, denunció que el Plan Estatal de Desarrollo (PED) de San Luis Potosí tampoco ha cumplido con las adecuaciones publicadas el 5 de diciembre de 2024, las cuales derivaron de un amparo favorable.
“Una de las obligaciones era crear un área en el Gobierno del Estado encargada de promover la Convención y coordinar la política pública en materia de discapacidad. Han pasado diez meses y no se ha hecho nada”, reprochó.
Consideró que esta omisión demuestra una nueva forma de simulación: se incluyen los acuerdos en documentos oficiales, pero no se ejecutan en la práctica.
Por su parte, Janeth, una de las promoventes del amparo, afirmó que el cumplimiento fue “solo en teoría”.
“Todo quedó en supuestos. Las autoridades querían que firmáramos y diéramos por hecho que se cumplía. Pero no ha habido avances reales”, dijo.
La también estudiante de Administración y Políticas Públicas denunció la falta de oportunidades laborales para personas con discapacidad.
“El DIF cumple su función asistencial, pero no todo debe reducirse a eso. Queremos estudiar, trabajar, vivir con autonomía, como cualquier persona”.
Desde la Coalición de Movilidad Segura SLP, Víctor Hernández llamó al Congreso del Estado a garantizar presupuesto y mecanismos para que las consultas sean reales, accesibles y descentralizadas, especialmente en el marco de la Ley de Movilidad o Ley Santi.
“Las necesidades no se concentran en la capital; hay que ir a la Huasteca, a la Zona Media, al Altiplano. Se necesita un proceso de consulta que escuche a todas las regiones”, sostuvo.
Torres Cuevas añadió que las diputadas de la Directiva del Congreso declararon recientemente que las consultas a PCD y comunidades indígenas son el “único pendiente” del Poder Legislativo, lo cual considera un error de enfoque.
“No se trata de un evento costoso, sino de un mecanismo regular y planeado. Quieren consultar 17 iniciativas con 8 millones de pesos; eso es insostenible”.
Las organizaciones coincidieron en que las autoridades deben dejar de litigar las sentencias y enfocarse en institucionalizar la participación ciudadana.
“En lugar de pelear en tribunales, mejor pongámonos a trabajar y hacer la consulta”, concluyó Gonzalo Lozano.
