Iraís Valenciano
Este martes llega al Pleno del Congreso del Estado, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para el presupuesto 2026, y como cada año, entre quienes dan seguimiento a las actividades legislativas, surge la inquietud por lo caro que sale a los potosinos mantener un Poder Legislativo cuyos resultados son muy cuestionables.
Para el próximo año, las y los diputados tienen previsto un presupuesto de egresos superior a los 340 millones de pesos, lo que significa 7.2 % más que los recursos ejercidos durante el 2025, poco más de 317 millones.
Del presupuesto total, casi el 87 % se iría al pago de servicios personales, es decir: sueldos y prestaciones. Y así como hay personal que desquita cada peso que recibe por su trabajo, sería iluso pensar que no hay entre la nómina quienes tienen jugosos salarios solo por ser “amigos o parientes de”.
En el desglose del presupuesto 2026, se detalla por ejemplo la intención de cambiar 300 lámparas convencionales a led, la reparación de plafones, el lavado de tinacos y aljibes, así como reparación de cantera en jardines del edificio Vallejo, por mencionar solo algunos ejemplos.
Lo que no se detalla con precisión, es justo lo que pidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación: los recursos necesarios para realizar las consultas a personas con discapacidad e indígenas, luego de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido Conciencia Popular, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El tema de la participación ciudadana y las consultas lo menciona la Jucopo como una de las “acciones necesarias para el correcto funcionamiento interno del Congreso del Estado”. Al respecto, además de la realización de foros, mesas de trabajo y parlamentos, afirma que se tiene la intención de efectuar “las consultas ciudadanas que marque la Ley, así como las necesarias para profundizar en los proyectos legislativos que así lo requieran para su correcta elaboración”.
También, afirma que se prevé analizar el establecimiento de un área especializada en consultas ciudadanas dependiente del Congreso del Estado, “revisando sus posibles atribuciones, plan de trabajo, suficiencia presupuestaria y estructura”.
Ambos párrafos suenan muy bonitos, pero del dicho al hecho suele haber mucho trecho, y ya que no aparecen cifras precisas para el proyecto de la citada área especializada, ¿qué certeza hay de que se concrete?
Y entre los múltiples gastos que tendrá el Poder Legislativo en el 2026, lo menos que se puede esperar es que no sea necesario pagar laudos, convenios o sentencias laborales, como sí ha ocurrido en los últimos cuatro años.
De acuerdo con la información entregada mediante el oficio LXIV/CF/088/2025, en respuesta a la solicitud de transparencia 227/25, en el 2022, el Congreso local pagó más de un millón de pesos a exempleados que procedieron legalmente; al año siguiente, el monto llegó a poco más de 963 mil pesos.
En 2024, año en el que hubo cambio de legislatura, el pago por laudos sumó 2 millones 443 mil 440 pesos, y hasta septiembre de 2025, por ese concepto se han gastado 111 mil 381 pesos.
Si los despidos se realizaran conforme a derecho y sin margen para demandas laborales, no sería necesario destinar cantidades imprevistas para cubrir esos pagos. Pero como el dinero no es suyo…
Y ya que pretenden gastar más de 340 millones de pesos del erario público, lo menos que se esperaría es un uso eficiente de los recursos y transparencia, mucha transparencia.
En septiembre pasado, Congreso Calificado decidió no publicar su cuarta evaluación trimestral, debido a una deficiencia severa en transparencia, pues el Congreso no publicó las agendas legislativas de los grupos parlamentarios, ni las actas de comisiones, comités u órganos colegiados.
Un mes antes, Ciudadanos Observando ya había denunciado que el Poder Legislativo llevaba tres meses sin difundir en la Plataforma Estatal de Transparencia sus egresos ni los salarios de su personal.
Cuando sí se publica esa información, salen a la luz los pagos constantes por alimentos y gasolina para los diputados, así como los gastos en propaganda y el creciente número de personas contratadas por honorarios. Como si los legisladores no ganaran lo suficientemente bien para hacerse cargo de sus desayunos y combustible para sus unidades.
¿Amerita nuestro Congreso un gasto anual de 340 millones de pesos?
REFILL
De los cinco gobernadores que dieron reporte en vivo durante la “mañanera” sobre los estragos por las lluvias, solo uno aprovechó el reflector nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para poner a cuadro y en dimensiones exageradas su eslogan propagandístico. Durante su informe, también apareció en pantalla la actual secretaria de Salud estatal (Licenciada en Mercadotecnia y exfuncionaria en el Estado de México). Adivine qué mandatario fue.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
