Congreso de SLP busca un presupuesto de 340 mdp para 2026

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Fernanda Durán

El Congreso del Estado aprobó su proyecto de Presupuesto de Egresos elaborado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para ejercer 340 millones 154 mil 545 pesos durante el ejercicio fiscal 2026, petición que será enviada al Ejecutivo.

El monto representa un incremento del 7.3 por ciento respecto al presupuesto vigente de 2025, y mantiene la tendencia de solicitar más recursos de los que finalmente autoriza el Poder Ejecutivo estatal.

El acuerdo de la Jucopo fue aprobado únicamente con la presencia de 19 diputados, ya que entre los legisladores ausentes estaban los coordinadores parlamentarios del Partido Verde y PAN, es decir, Héctor Serrano Cortés y Rubén Guajardo Barrera, respectivamente.

De aprobarse en los términos planteados, el Congreso ejercería la cifra más alta de los últimos seis años, aunque la mayor parte del gasto continúa concentrada en servicios personales, rubro que absorbe 295 millones 048 mil 359 pesos, equivalente al 86.7 por ciento del total.

El documento contempla además 36 millones 954 mil 257 pesos en servicios generales; 4 millones 222 mil 875 pesos en materiales y suministros; y 3 millones 929 mil 054 pesos en bienes muebles e intangibles. En este último apartado se plantea la adquisición de equipo informático, la actualización del sitio web institucional, la compra de un vehículo utilitario y la modernización del sistema de notificaciones legislativas, así como el reemplazo de equipo obsoleto.

Entre las acciones de mantenimiento destacan el cambio de 300 lámparas a tecnología LED, la impermeabilización y pintura de los edificios ubicados en Vallejo y Jardín Hidalgo, el mantenimiento de elevadores, la adecuación de baños para personas con discapacidad y la instalación de cámaras de videovigilancia.

Aunque el proyecto menciona que se aplicará el “techo financiero autorizado” del ejercicio en curso, se deja abierta la posibilidad de incrementar el gasto por conceptos asociados al incremento salarial mínimo o la inflación.

El documento también justifica recursos adicionales para modernización administrativa y medidas de seguridad internas, incluida la creación de una subcoordinación de Seguridad y Resguardo, encargada de prevenir amenazas y salvaguardar las instalaciones.

Un patrón de solicitudes por encima de lo aprobado

En los últimos ejercicios fiscales, el Congreso del Estado ha solicitado montos superiores a los finalmente aprobados:

  • 2025: Solicitó 341 millones 209 mil 544 pesos, pero solo se le aprobaron 317 millones de pesos. Además, pidió una ampliación extraordinaria de 8 millones de pesos para la consulta a personas con discapacidad ordenada por la Suprema Corte, la cual sigue pendiente.
  • 2024: Requirió 336 millones de pesos y recibió 310 millones de pesos.
  • 2023: Planteó un presupuesto de 475 millones 442 mil 062 pesos, con la intención de destinar 150 millones de pesos a una nueva sede legislativa y financiar consultas obligatorias; finalmente se aprobaron 310 millones de pesos, con un incremento adicional de 20 millones de pesos para el plebiscito de Villa de Pozos.
  • 2022: Solicitó 314 millones 236 mil 519 pesos, se le autorizaron 310 millones de pesos, pero terminó ejerciendo 313 millones de pesos tras ampliaciones por consultas a comunidades indígenas y personas con discapacidad.
  • 2021: El presupuesto fue de 318 millones 911 mil 836 pesos, por lo que el monto de 2022 representó una disminución real del 2.75 por ciento.

El propio documento prevé un crecimiento sostenido de 3 por ciento anual en el gasto del Congreso entre 2026 y 2031, lo que significaría alcanzar 394 millones 300 mil pesos en el mediano plazo.

El aumento proyectado no obedece a nuevas funciones sustantivas, sino a ajustes por inflación, negociaciones salariales y mantenimiento de infraestructura.

El proyecto de presupuesto para 2026 reafirma el patrón de incrementos graduales en el gasto legislativo, principalmente en nómina y operación interna, mientras las justificaciones de modernización tecnológica, transparencia y participación ciudadana se mantienen sin mecanismos de evaluación pública que acrediten su cumplimiento o impacto.