Fernanda Durán
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, consideró que la eventual reforma a la Ley de Amparo en análisis a nivel federal no implicaría afectaciones directas en la impartición de justicia local, al tratarse de un mecanismo de competencia exclusiva del ámbito federal.
En entrevista, la presidenta explicó que la naturaleza del juicio de amparo es proteger los derechos humanos frente al actuar de cualquier autoridad, por lo que su eventual modificación sólo incidiría en los procesos promovidos ante instancias federales.
“Las reformas que se lleven a cabo en la Ley de Amparo van a afectar únicamente a aquellos juicios que estén en instancias federales, eso hay que dejarlo muy claro”.
Zarazúa Martínez detalló que el amparo es un instrumento jurídico fundamental dentro del sistema de justicia mexicano, pues permite revisar los actos de autoridad que pudieran vulnerar derechos humanos, incluidos los emitidos por jueces locales. Sin embargo, el ámbito de aplicación corresponde al Poder Judicial de la Federación, no a los tribunales estatales.
En este sentido, explicó que en San Luis Potosí el recurso de amparo se presenta principalmente en dos modalidades: el amparo directo —contra sentencias definitivas emitidas por las salas del Poder Judicial del Estado— y el amparo indirecto, que se promueve durante el desarrollo de un procedimiento judicial ante presuntas violaciones procesales.
“Definitivamente va a impactar, sí, pero no propiamente en la justicia o en la impartición de justicia que se hace en el Poder Judicial del Estado, sino en los recursos que se puedan promover contra el actuar de los órganos jurisdiccionales, pero a nivel federal”.
Ante la posibilidad de que las reformas federales generen ajustes en los estados, la magistrada presidenta aclaró que no sería necesaria una reforma equivalente en el ámbito local, ya que la figura del amparo no forma parte de las leyes procesales estatales.
“La figura del amparo es una figura federal, de protección de derechos humanos contra el actuar de todas las autoridades, desde el presidente de la República hasta el director de Tránsito”.
Zarazúa Martínez precisó que el Poder Judicial del Estado seguirá enfocado en sus funciones ordinarias y en la aplicación de la ley local, sin prever modificaciones derivadas de la reforma federal, aunque se mantendrá atento a los posibles ajustes que puedan incidir en su ámbito de competencia.
