Desiree Madrid
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí (CEEAV) enfrenta una demanda creciente de servicios y una plantilla que no logra cubrir todas las necesidades.
Su titular, Miguel Ángel García Amaro, reconoció que “el personal siempre va a ser necesario y no va a ser suficiente”, por lo que la institución ha recurrido a convenios con gobiernos municipales para poder acercar la atención a comunidades que no cuentan con presencia directa de la comisión.
Este déficit de personal no es nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia ante el aumento de solicitudes de apoyo en distintos puntos del estado.
El funcionario explicó que ante la falta de trabajadores suficientes para cubrir todas las regiones, la estrategia ha sido firmar convenios con ayuntamientos con el objetivo de establecer enlaces municipales, los cuales funcionan como un primer contacto para orientar y canalizar a las personas en situación de víctimas hacia la atención psicológica, jurídica o de acompañamiento que brinda la comisión.
La medida permite ampliar la cobertura sin que necesariamente exista una oficina o personal permanente en cada localidad, aunque también implica una carga operativa importante para el personal que ya labora en la institución.
La CEEAV ofrece diversos servicios a quienes enfrentan situaciones de violencia o delitos graves, pero lo que más demandan las personas que acuden a la comisión es que sus casos tengan un seguimiento efectivo en el sistema judicial.
García Amaro afirmó que la exigencia principal es el acceso a la justicia, por encima de otros servicios. La institución interviene desde el acompañamiento a víctimas indirectas, mientras que la investigación recae en otras dependencias, lo que obliga a mantener una coordinación constante para dar continuidad a los casos.
Entre 2021 y 2024, la CEEAV ha otorgado cerca de nueve mil apoyos en el estado, de acuerdo con datos oficiales. Esta cifra incluye atención psicológica, jurídica y apoyos económicos para cubrir necesidades básicas, gastos funerarios, de traslado o emergencias derivadas de los hechos que enfrentan las personas en situación de víctimas.
Aunque el número da cuenta de la cobertura que ha alcanzado la institución, también refleja la magnitud de la demanda frente a una plantilla limitada de personal.
En el caso de familias que enfrentan desapariciones, García Amaro señaló que la atención es más prolongada y compleja, pues no se trata de un proceso que concluya con rapidez.
“Hasta que no encontremos a la persona desaparecida o no localizada, la víctima indirecta no puede cerrar ese ciclo”, explicó.
Los impactos psicológicos, familiares y económicos suelen extenderse durante años, y la atención institucional debe mantenerse de manera constante, lo que representa otro reto para una estructura operativa reducida.
La comisión también atiende casos relacionados con violencia de género, delitos patrimoniales y otras situaciones que requieren acompañamiento especializado. Sin embargo, buena parte de sus recursos humanos y materiales se concentra en el seguimiento de víctimas indirectas de desaparición, lo que deja un menor margen para ampliar el personal en otras áreas. El trabajo diario implica no solo atención directa, sino coordinación con instancias judiciales y de seguridad pública, lo que incrementa la carga de trabajo para cada servidor.
García Amaro insistió en que, mientras no se cuente con más personal, la vía para sostener la atención seguirá siendo la colaboración con autoridades municipales y estatales.
Por ahora, la estrategia de convenios es la herramienta que permite sostener la cobertura en distintas regiones, aunque no sustituye la necesidad de contar con una plantilla más amplia y estable. El reto para la institución, dijo, será mantener esta operación sin dejar de lado la atención cercana que demandan quienes acuden a la comisión en busca de justicia y acompañamiento.
