Fernanda Durán
El arranque de las comparecencias por la glosa del cuarto informe de gobierno del Ejecutivo a cargo del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, ante la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado derivó en una sesión dominada por peticiones y validaciones sobre iniciativas legislativas con escasos cuestionamientos directos al desempeño del Ejecutivo.
En su mensaje inicial, el funcionario sostuvo que “hoy en San Luis Potosí hay menos pobreza, menos desigualdad social, menos inseguridad (…) y hoy más que nunca (…) tenemos gobernabilidad”.
El panista Rubén Guajardo Barrera pidió la postura del Ejecutivo sobre su iniciativa —presentada con la diputada Leticia Vázquez— para facultar a la Guardia Civil Estatal a realizar actos de investigación bajo conducción del Ministerio Público.
Torres la avaló como “muy oportuna”, tras recordar la reforma federal de 2024 al artículo 21 constitucional, y que permitiría reducir el rezago en fiscalías al involucrar a los primeros respondientes en la recolección de indicios.
El morenista Carlos Artemio Arreola Mallol abrió otro bloque de validación al solicitar el balance del secretario respectivo a la implementación de la reforma judicial local; el secretario la calificó de “hecho histórico”, pues San Luis Potosí materializó la elección popular de magistraturas y juzgados “a diferencia de estados que la aplazaron”, con “participación ciudadana importante” y solo cuatro cambios derivados de juicios posteriores.
Por su parte, el también morenista Cuauhtli Badillo Moreno planteó el tema de la reinserción social al proponer avanzar hacia una ley penitenciaria integral. El secretario informó que el Ejecutivo ya conformó una Comisión Intersecretarial de Reinserción y Servicios Postpenales con 15 dependencias, enfocada en reducir la reincidencia delictiva y promover empleabilidad para exinternos, y abrió la puerta a incorporar al Congreso como parte de ese órgano.
En materia de derechos humanos, la diputada Leticia Vázquez Hernández (PVEM) cuestionó la atención estatal hacia personas desaparecidas y los avances del laboratorio de genética forense. Torres respondió que el laboratorio —uno de los tres en el país— está en proceso de certificación y ha entregado 478 resultados a familiares, además de haber triplicado el presupuesto de la Comisión Estatal de Búsqueda desde 2021, alcanzando 30 millones de pesos y una efectividad “del 80 por ciento en localización”.
La pevemista María Dolores Robles solicitó información sobre el Registro Civil, frente a las demoras en trámites. El funcionario presumió la descentralización del servicio con oficinas en Ciudad Valles, Charcas y Tamazunchale, el avance hacia la digitalización municipal y la instalación de cajeros automáticos para emitir actas, lo que aseguró ha reducido la carga en la oficina central.
En la misma bancada, Luis Fernando Gámez destacó el papel de la Defensoría Pública y preguntó por su alcance social; Torres respondió que el 80 por ciento de los procesos penales en el estado son atendidos por defensores públicos, y que se ha implementado el programa “Defensoría en tu casa”, además de asesorías semanales en centros penitenciarios femeniles y representación a más de 200 personas indígenas.
La diputada Brisseire Sánchez López, también del PVEM, abordó la reciente emergencia en la Huasteca Potosina, donde las lluvias dejaron daños en 12 municipios. Torres explicó que el Estado desplegó brigadas médicas, refugios y apoyo alimentario, además de destacar que San Luis Potosí fue “el único estado sin pérdida de vidas humanas” durante esa contingencia.
El legislador Crisógono Pérez López cuestionó sobre la regulación y seguridad en centros nocturnos tras un incendio reciente en avenida Carranza. El secretario respondió que se han efectuado mil 500 inspecciones, 900 clausuras y 114 cancelaciones definitivas de licencias, mediante operativos coordinados entre Protección Civil, COEPRIS, Guardia Civil y fuerzas federales.
Ante preguntas sobre periodistas y críticas al gobierno, Torres afirmó que el Ejecutivo reconoce la libertad de expresión como derecho humano y que los servidores públicos están sujetos a “mayor escrutinio”. Recordó que SLP es uno de 15 estados con mecanismo estatal de protección, con presupuesto propio y 74 personas atendidas (44 periodistas y 30 personas defensoras), además de diplomados con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP).
La diputada Roxana Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad, agradeció la coordinación con el Ejecutivo en temas de violencia vicaria y preguntó por la posición del Estado ante la extracción de hidrocarburos mediante fracking. Torres sostuvo que no existe ningún permiso vigente ni comunicación oficial sobre exploraciones en territorio potosino, y que la política estatal es de defensa de los recursos naturales y territorios indígenas, y que en caso de presentarse algún proyecto se deberá realizar una consulta previa, libre e informada.
La diputada priista Frinné Azuara Yarzábal llevó el debate a la violencia sexual y el matrimonio infantil, recordando el caso de una menor de 11 años embarazada. Torres señaló que el hecho constituye una violación equiparada y que el Consejo Estatal de Población (Coespo) coordina un grupo interinstitucional para prevenir embarazos adolescentes, lo que habría permitido reducir el fenómeno en un 37 por ciento.
Finalmente, el diputado Marco Gama Basarte, de la Comisión de Derechos Humanos, planteó el tema del Sistema Estatal de Cuidados parte de su agenda legislativa, pidiendo la postura del Ejecutivo sobre su institucionalización como derecho humano. El secretario coincidió en la necesidad de crear un modelo transversal que aproveche infraestructura existente —como el CREE y albergues para adultos mayores— y adelantó que la Secretaría de las Mujeres ya elabora un diagnóstico para su posible implementación.
Aunque el secretario enumeró cifras de gestión (operativos, apoyos, mesas de trabajo, digitalización de trámites) y defendió la gobernabilidad, la sesión exhibió un patrón: los diputados solicitaron opiniones, acompañamiento o aprobación para sus agendas legislativas, más que profundizar en indicadores, metas, presupuestos o responsabilidades de áreas bajo la Secretaría General donde las preguntas incómodas fueron la excepción.
