Fernanda Durán
Durante la primera comparecencia de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, encabezada por Gloria Serrato Sánchez, predominó un tono político más que técnico; de los primeros quince minutos de exposición, cerca de cinco se destinaron a reconocer al Congreso del Estado por las reformas aprobadas en materia de derechos de las mujeres, como la tipificación de ataques con ácido, la inclusión de la violencia vicaria y la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, además de la creación de la propia secretaría.
La funcionaria explicó que la recién transformada dependencia desde hace siete meses trabaja bajo dos vertientes principales: la prevención y atención de la violencia y la promoción de la igualdad sustantiva, sustentadas en una nueva estructura administrativa.
Destacó la creación de la Dirección General para una Vida Libre de Violencia, encargada de coordinar la política estatal en la materia, y la Dirección General de Igualdad Sustantiva y Autonomía, orientada a garantizar derechos económicos, laborales, sociales, ambientales y reproductivos de las mujeres.
Mencionó además el Centro de Formación en Género e Igualdad, dependiente de la Dirección General de Innovación Estratégica, enfocado en capacitar a instituciones públicas y privadas en temas de equidad y nuevas masculinidades.
Serrato informó que la secretaría cuenta con cinco delegaciones estatales, creadas con una inversión inicial de dos millones de pesos, y que los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) pasaron a su coordinación directa; se realizó una evaluación de sus cuatro sedes —Matlapa, Matehuala, Rioverde y la capital—, priorizando la rehabilitación de Matlapa con recursos federales por 800 mil pesos para equipamiento y transporte.
Asimismo, anunció la creación de la Red Metropolitana de Atención a la Violencia, que agrupa a ocho municipios conurbados, y la implementación del Protocolo Único de Atención a Mujeres, Adolescentes y Niñas en Situación de Violencia, con el fin de homologar procedimientos interinstitucionales.
En su informe, comparó que en 2023 se atendieron 5 mil 652 mujeres en situación de vulnerabilidad, mientras que en 2024 el número ascendió a 11 mil 641, correspondientes a servicios de asesoría jurídica, atención psicológica y contención emocional. No obstante, no se presentó un desglose territorial ni indicadores de impacto de esas atenciones.
La secretaria señaló que, mediante el programa federal Centros Libre, se instalaron 22 espacios de atención desde mayo de 2024, donde se han brindado más de 20 mil servicios.
También afirmó que continúa la estrategia “Código Rosa”, que ofrece atención inmediata vía WhatsApp, en colaboración con OXXO —500 tiendas habilitadas como puntos de resguardo— y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que distribuyó 8 mil calcomanías con código QR en transporte público.
Respecto a la Alerta de Violencia de Género (AVG), decretada en 2017, aseguró que la actual administración reactivó sus acciones tras años de inactividad de la “herencia maldita”. Con ello presumió que se levantó parcialmente en los municipios de Tamuín, Tamazunchale y Matehuala, y que para 2025 se gestionaron más de cinco millones de pesos federales destinados a medidas de prevención y atención en San Luis Potosí, Soledad, Ciudad Valles y Matehuala.
No se ofrecieron cifras actualizadas de feminicidios ni datos que permitan medir los efectos de las acciones implementadas.
Durante la ronda de preguntas, las diputadas Jacqueline Jáuregui y Diana Ruelas cuestionaron la operación de los CJM y la red metropolitana; Serrato respondió que el objetivo es garantizar espacios seguros, homologar criterios de atención y evitar traslados innecesarios de víctimas.
La diputada María Aranzazú Puente pidió detallar la coordinación con la Federación y los municipios; la secretaria informó sobre un financiamiento conjunto por 23 millones de pesos para los Centros Libre y estrategias educativas.
La diputada Dulcelina Sánchez preguntó sobre el empoderamiento económico y el derecho al cuidado, por lo que la funcionaria manifestó que se realiza un diagnóstico aplicado a 300 mujeres para identificar las principales limitantes de autonomía, aunque no precisó plazos ni metas.
Además apuntó que se capacitaron trabajadoras de la zona industrial y personal estatal mediante el Centro de Formación en Género e Igualdad, y que se implementó un programa de reeducación en masculinidades, con 32 grupos de hombres en proceso de reflexión sobre roles y violencia.
A la diputada Brisseire Sánchez, quien solicitó información sobre las acciones en Tamuín durante la reciente contingencia por inundaciones, Serrato respondió que se movilizó a 45 profesionistas para atención psicológica, jurídica y social, además de capacitar a policías municipales y mantener campañas preventivas. No se especificó cuántas medidas de protección fueron emitidas o ejecutadas.
En su intervención, Nancy Jeanine García solicitó información sobre la cobertura en comunidades rurales e indígenas, a lo que la secretaria señaló que se han desarrollado talleres, campañas y materiales en lenguas originarias, pero no presentó datos sobre población atendida ni resultados medibles de esas acciones.
La comparecencia concluyó con un balance centrado en nuevas estructuras, convenios y gestiones presupuestales, pero sin evidencia pública sobre la eficacia de las políticas implementadas. Aunque se reportaron incrementos en servicios y cobertura, persisten vacíos en la medición de resultados concretos en materia de reducción de violencia, acceso a la justicia y autonomía económica para las mujeres potosinas.
