Iraís Valenciano
Ser mujer en este país, implica crecer con el miedo de sufrir en algún momento de la vida violencia de género o en el peor de los casos, ser víctima de un delito sexual. Ayer, un caso ocurrido en la Facultad de Derecho detonó una rabia que pocas veces se ve en esta ciudad.
Apenas la semana pasada, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó su más reciente reporte, en el que da cuenta de la incidencia delictiva en el país. Durante los últimos nueve meses, se contabilizaron mil 492 delitos contra la libertad y la seguridad sexual en San Luis Potosí.
Entre enero y septiembre de 2025, 509 personas en territorio potosino sufrieron abuso sexual; 250 enfrentaron acoso sexual; 17 padecieron hostigamiento sexual; 466 fueron víctimas de violación simple y 250 se catalogaron como “otros delitos”, aunque también de tipo sexual. Y esos son los casos denunciados, faltan en la estadística quienes prefirieron callar.
En los primeros 273 días de lo que va del año, ocurrieron en promedio 5.5 delitos sexuales en la entidad potosina. La gran mayoría de las víctimas fueron mujeres que deben enfrentar las consecuencias físicas, emocionales y hasta procesales derivadas de lo que, por desgracia, tuvieron que vivir.
No caminar solas y menos de noche, no subir a un vehículo con un desconocido, evitar los lugares solitarios como lotes baldíos o calles solas, extremar precauciones en colonias “peligrosas” son algunas de las recomendaciones que madres, abuelas y tías acostumbran hacer a niñas y adolescentes.
Pero que una de las más recientes agresiones haya ocurrido dentro de una facultad universitaria, no en un paraje solitario ni en un callejón oscuro, desató una indignación tal que se reflejó en vialidades cerradas, pancartas y consignas en varios puntos de la ciudad.
Es deber de toda la comunidad que forma parte de la UASLP garantizar que los campus, las oficinas, las canchas, los cubículos, las aulas y cualquier otra área en la que conviven estudiantes, docentes y personal, sean espacios libres de violencia, y eso incluye evitar desde comentarios ofensivos y burlas, hasta tocamientos o agresiones físicas.
¿Qué se puede hacer y qué no? Sencillo: Cualquier situación que incomode a otra persona no debe tener lugar en un recinto universitario. Y no importa si quien agrede es profesor, funcionario, alumno o intendente, el respeto y buen comportamiento debe prevalecer entre todas y todos. El Estatuto Orgánico de la UASLP es muy claro al respecto.
Ante una agresión como la que sufrió la estudiante de Derecho, la inacción, las excusas, el silencio o el encubrimiento son inaceptables. Nada, absolutamente nada justifica que una mujer sufra una agresión sexual. Nadie en su sano juicio querría ser víctima de un delito de ese tipo. No importa cómo vista, con quién se junte o dónde se encuentre. Jamás será su culpa ni porque “se lo buscó”.
Ningún agresor debe contar con el cobijo de instituciones, autoridades, sindicatos, grupos estudiantiles o partidos políticos. Quien encubre es tan cómplice como la persona que comete un delito.
Igual de deleznables son quienes aprovechan una situación como la ocurrida el viernes para politizar, llevar agua a sus molinos y tratar de desprestigiar a una institución como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sin importarles la revictimización ni el dolor de quien sufrió la agresión o de sus familiares.
Ya las autoridades universitarias informaron que de manera interna se actuará conforme a la normativa que rige a la institución, y ante la Fiscalía General del Estado se formalizó una denuncia. Queda en sus manos actuar para que el hecho no quede impune y que quienes resulten responsables paguen las consecuencias.
Por lo que toca a la comunidad de la UASLP, es imperativo seguir trabajando por una verdadera igualdad sustantiva, por el respeto a los derechos humanos y por erradicar cualquier hecho de violencia, pero sobre todo, demostrar que la educación no solo se refleja en los exámenes o las calificaciones, también en los hechos.
Cada quien debe hacerse responsable de sus acciones u omisiones. En la medida en la que cada persona asuma lo que le toca y actúe con respeto hacia los demás, México tendrá una sociedad más justa y libre de situaciones que tanto nos duelen como país.
Como docente de la UASLP: mi solidaridad con la estudiante de Derecho y con todas las universitarias que han sido víctimas de algún tipo de violencia.
REFILL
En el proyecto que se presentará ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dictaminar como improcedente un recurso de reclamación presentado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la ministra Yasmín Esquivel Mossa argumenta que la institución no es un órgano constitucional autónomo, y que el propio artículo 15 del Estatuto Orgánico de la UASLP “establece que dicha institución educativa es un órgano descentralizado de la administración pública de dicha entidad…”, lo que le imposibilitaría promover una controversia constitucional.
¿Y cuál es el problema? La ministra, para redactar su argumentación, leyó un Estatuto Orgánico ya obsoleto, pues el artículo 15 al que hace referencia, aparece en la versión aprobada el 29 de septiembre de 2021, pero el que se encuentra vigente fue avalado por el Consejo Directivo Universitario el 23 de noviembre de 2022 e incluso ya fue reformado el 28 de febrero de 2025. Mala señal que ese tipo de errores se cometan en la Suprema Corte.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
