Por Victoriano Martínez
La gravedad de la agresión sexual en contra de una alumna de la Facultad de Derecho de la UASLP y la indignada reacción de los estudiantes contrasta no sólo con la burocrática reacción de las autoridades universitarias, sino que también exhibe que sus declaraciones son poco correspondidas con sus acciones.
La reactiva publicación del comunicado de la UASLP a las 11:57 am, cuando ya habían pasado horas de la movilización estudiantil que desquició la ciudad, mostraron a una autoridad universitaria perpleja y con muy poca claridad sobre la mejor manera de atender a los reclamos.
Tanto el rector Alejandro Zermeño Guerra como Germán Pedroza Gaytán, director de la Facultad de Derecho, se allanaron a señalar que ante este caso se ajustan a lo que sus funciones les permiten sin preocuparse por expresar algún gesto de mayor solidaridad o empatía con la víctima, pero también con la comunidad estudiantil que no está exenta de ese riesgo.
Un grado de indolencia que se manifestó en respuestas restringidas al caso en particular, a pesar de que en distintos encuentros entre los estudiantes y alguna de las autoridades se expusieron casos de amenazas relacionadas con el propio caso y otras agresiones de tipo sexual en distintas facultades.
Tras la lectura del pliego petitorio de siete puntos ante el rector, una estudiante que se dijo amiga y compañera de salón de la víctima y sus victimarios le expuso a Zermeño Guerra que ella y otras compañeras recibieron amenazas por parte de la Federación Universitaria Potosina (FUP) y le preguntó qué medidas tomarían en ese caso.
Zermeño Guerra se limitó a señalar que el caso sería turnado al Consejo Directivo Universitario para determinar la expulsión de los responsables, explicar que sus consejeros maestros y consejeros alumnos les informarán sobre la resolución o, en caso de que no lo hagan, lo pueden consultar directamente porque se trata de sesiones abiertas.
Por la tarde, Pedroza Gaytán recibió a los estudiantes a quienes no logró convencer con su argumento de limitarse a realizar sólo lo que sus facultades le permiten. La reacción de los estudiantes fue gritarle “tibio” y, quizá como una reacción a saberlo un director ausente que poco acude a sus labores, también le gritaron “¡Fuera, fuera!”.
En el Aula Magna “Félix Fernández”, Pedroza Gaytán recibió a los manifestantes y escuchó denuncias de estudiantes de diversas facultades que también han vivido abuso y hostigamiento sexual sin que se les haya atendido al grado de que una de ellas dijo que optó por mejor abandonar su carrera.
“Soy ex alumna de esta facultad”, dijo para enseguida exponer que sus agresores están por concluir su carrera y convertirse en abogados mientras ella se vio obligada a dejar la carrera para evitar el hostigamiento.
Reclamos y relatos que exhibieron cómo es que el Protocolo Universitario para la Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación del Hostigamiento y el Acoso Sexual y la Violencia de Género (Protocolo PASE) aprobado en 2020 ha tenido pocos resultados, a pesar de contar con tres niveles de prevención y ser presumido como un protocolo que no tiene precedentes a nivel nacional.
Los estudiantes exigieron la presencia en el Aula Magna de José Miguel Meave Llarena, coordinador de la carrera de Derecho, para que les describiera con detalle los hechos del viernes. En su relato, contravino al menos dos principios que establece el Protocolo en su lineamiento número 6 al señalar que en tres ocasiones la víctima dijo que fue un acto consentido y abrir la sospecha de ser partícipe de los hechos que denuncia.
Pedroza Gaytán dijo a los estudiantes que no detuvieron a los responsables, sino que solo los retuvieron para tomarles su declaración. “Había flagrancia, por qué no llamaron a la Guardia Civil para que se los llevara”, se escuchó como reclamo.
El grado de tolerancia por parte de Pedroza Gaytán, al no tomar medidas ante el consumo de bebidas alcohólicas y marihuana al interior de la Facultad, son otra muestra de su poca atención como director, que por sus omisiones implican un mayor grado de responsabilidad en lo ocurrido.
Una jornada de protesta en la que las autoridades, que pretendían ajustarse a sus obligaciones burocráticas, sólo dejaron ver que el Protocolo no ha servido para la Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación del Hostigamiento y el Acoso Sexual y la Violencia de Género en tanto se ha quedado en una mera declaración que no se ha convertido en hechos.
El caso que provocó las manifestaciones de este lunes y que se mantenga tomada la Facultad de Derecho fue la gota que derramó el vaso, con la posibilidad de que la protesta se amplíe al otras Facultades. Pero, sobre todo, da cuenta de que el Protocolo PASE fracasó –sea porque no es tan bueno como se presume o por ser aplicado por autoridades tibias– y debe ser replanteado.
PUNTOS DEL PLIEGO PETITORIO
Uno. Destitución inmediata de los representantes de la Federación Universitaria Potosina en la Facultad de Derecho por su acción, omisión y encubrimiento en el caso de abuso denunciado, así como por su utilización política del cargo en perjuicio de las y los estudiantes.
Dos. Asunción de responsabilidad institucional por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en especial de la dirección de la Facultad y la Defensoría de los Derechos Universitarios por su falta de actuación efectiva, su revictimización y la ausencia de protocolos con perspectiva de género.
Tres. Implementación urgente de un protocolo integral de atención, acompañamiento y sanción ante casos de violencia, hostigamiento y acoso dentro de la Universidad con participación de colectivas feministas, personal capacitado y especialistas externos e independientes.
Cuatro. Transparencia en los procesos disciplinarios y rendición de cuentas públicas sobre las acciones adoptadas frente al caso denunciado, incluyendo la sanción a quienes resulten responsables por acción u omisión.
Cinco. Garantías de seguridad y no represalias para la compañera afectada, sus acompañantes, testigos y personas que participen en la denuncia y las movilizaciones.
Seis. Formación obligatoria en derechos humanos con perspectiva de género para todo el personal docente, administrativo, personal de limpieza y estudiantil de la Facultad de Derecho y de cualquier otra Facultad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como medida preventiva y de transformación institucional.
Siete. Espacios seguros y mecanismos de representación legítimos donde las y los estudiantes puedan deliberar y organizarse sin coacción ni mediación de estructuras verticales como la FUP.
