Fernanda Durán
En la cuarta comparecencia de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, defendió ante el Congreso del Estado el manejo presupuestal de la administración de Ricardo Gallardo Cardona y aseguró que este año se cubrirá íntegramente el faltante con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
“Se les va a saldar la diferencia en este ejercicio fiscal”, afirmó al precisar que la deuda surgió tras la reasignación unilateral de recursos federales.
Sostuvo además que San Luis Potosí “vive una nueva etapa de estabilidad financiera y justicia distributiva”. Sin embargo, su exposición contrastó con la reciente baja en la calificación crediticia del estado emitida por Fitch Ratings, que degradó la nota de largo plazo de “A+ (mex)” a “A (mex)” debido al deterioro de la liquidez y al uso constante de créditos de corto plazo durante 2024.
Durante su intervención, García Vidal destacó que los ingresos estatales sumaron 5 mil 100 millones de pesos al cierre de agosto, un 24.7 por ciento más que el año anterior, mientras que los ingresos federales ascendieron a 41 mil 800 millones, con un aumento del 3 por ciento.
Aseguró que la recaudación local “se ha fortalecido” con medidas de modernización digital y nuevos impuestos “de enfoque social”, como el ecológico (77 millones de pesos), el de bebidas alcohólicas (10 millones) y el impuesto cedular por la enajenación de bienes inmuebles (34.4 millones).
El bloque de preguntas de la Comisión de Hacienda abrió con la diputada Martha Aradillas Aradillas del PVEM, quien cuestionó la aceptación y destino de los nuevos impuestos. La secretaria respondió que han tenido “una aceptación positiva” y que parte del impuesto a bebidas alcohólicas se destinó al Centro Integral de Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones (CITRAI), aunque dijo no tener disponible el porcentaje exacto asignado a prevención y a infraestructura social.
Posteriormente, el diputado Crisógono Pérez López consultó sobre los pagos a preparatorias por cooperación y centros de bachillerato comunitario, ante lo cual García Vidal declaró que los recursos se encuentran “al corriente” y que sólo restan trámites administrativos entre la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y las instituciones beneficiarias.
El tema más debatido fue el de la UASLP sobre los recursos que debe ministrar el estado, planteado por la diputada de morena Gabriela López Torres y ampliado por el diputado Carlos Arreola Mallol; la funcionaria explicó que el Congreso aprobó un presupuesto estatal de 300 millones de pesos, mientras que la Federación estableció 506 millones mediante el convenio que se firma en febrero, generando una diferencia de 206 millones.
Reconoció que inicialmente se buscó cubrir esa brecha mediante un pago en especie, pero la universidad rechazó el mecanismo y solicitó el monto líquido, sin mencionar que para el pago en especie se requiere hacer la gestión y petición a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Nosotros no tenemos injerencia en su manejo interno; los recursos federales y estatales se ministran puntualmente”.
Sobre las pensiones del Estado, la secretaria sostuvo que “la deuda histórica ya se está finiquitando” y que el gobierno se encuentra al corriente con los pagos a jubilados. No obstante, no detalló el monto total cubierto ni los plazos para cerrar el pasivo.
La diputada priista Frinné Azuara Yarzábal pidió aclarar la situación de la deuda pública, pues “no quedó claro” el manejo reportado, a lo que García Vidal respondió que el saldo de largo plazo asciende a 3 mil 94 millones 626 mil pesos, y que la evaluación federal ubica a San Luis Potosí en “nivel de endeudamiento sostenible” con calificación tipo A.
Con ello expresó que en diciembre de 2024 se realizó una reestructura para mejorar las tasas e intereses; aunque no se contempla nueva deuda en el corto plazo, contrasta con la reducción en su calificación según lo reportado por Fitch Ratings.
Otros cuestionamientos giraron en torno a contingencias y gasto social. La diputada Brisseire Sánchez López, del PVEM, preguntó si existían fondos para atender las lluvias atípicas en la Huasteca; García Vidal informó que hay 10 millones de pesos en un fondo de desastres naturales y 20 millones en un fondo de contingencia, ambos bajo la Secretaría General de Gobierno y que se han reorientado partidas de otras dependencias para auxiliar a los municipios.
Por su parte, el diputado Roberto García Castillo solicitó información sobre el financiamiento de carácter humanitario y atención comunitaria. La secretaria, al no tener cifras exactas, evitó precisar datos futuros y se limitó a detallar lo autorizado para el presente año.
Explicó que el presupuesto asciende a 16.5 millones de pesos, de los cuales “van erradicados casi 9 millones y el resto está en trámite”, aunque los montos exactos para el próximo año estarán disponibles “hasta el 20 de noviembre”.
La falta de datos concretos dejó sin claridad el alcance real del apoyo estatal a este sector, pese a ser considerado dentro del rubro de asistencia social.
De cara al Presupuesto de Egresos 2026, García Vidal adelantó que se presentará antes del 20 de noviembre y que buscará mantener “responsabilidad financiera, equidad social y desarrollo sostenible”.
Señaló que el Proyecto de Presupuesto Federal 2026 contempla 59 mil 400 millones de pesos en gasto federalizado para San Luis Potosí, un aumento de 1.6 por ciento respecto a 2025.
La sesión, que duró cerca de 50 minutos, fue la más breve de las comparecencias por la glosa del informe, y se caracterizó por intervenciones concisas y preguntas centradas en la ejecución de programas y el destino de fondos.
Pese a que la secretaria insistió en que el estado mantiene “finanzas sanas y deuda controlada”, los datos externos —como la degradación crediticia y la dependencia de ingresos temporales— proyectan un panorama menos estable del que se reflejó en el discurso oficial.
