Por Victoriano Martínez
¡Fuera infiltrados! ¡Fuera infiltrados! ¡Fuera infiltrados!
Esa fue la consigna que marcó el segundo día de las protestas de los estudiantes universitarios que abre un nuevo reto para la comunidad estudiantil por tratarse de un doble agravio adicional: uno, atenta contra su movimiento en tanto busca desvirtuar su causa y, dos, desvía la atención del objetivo principal que es su reclamo de justicia.
La movilización iniciada este 20 de octubre representó la superación del desafío de convertir la indignación ante la agresión sexual a una estudiante de la Facultad de Derecho en una protesta pacífica a la que de manera natural y obligada se agregó la demanda por la erradicación de la violencia de género en la UASLP ante los casos acumulados de hostigamiento sexual.
La marcada diferencia entre la actitud de los estudiantes en las protestas del pasado lunes con la que se dio este martes, en la que se desbordaron las agresiones verbales contra los funcionarios universitarios y se llegó incluso a los destrozos y actos vandálicos en el Edificio Central de la UASLP es indicador de la incorporación de otro tipo de actores en la movilización.
La infiltración en la movilización no deja dudas. Entre las demandas de los pliegos petitorios como el que entregaron en mano al rector Alejandro Zermeño Guerra y los que leyeron en videos en redes sociales en varias facultades distan mucho de las consignas que ahora piden la renuncia del rector y hasta de los directores y funcionarios de la UASLP.
Ni en la entrega de los petitorios a Zermeño Guerra ni en los pronunciamientos presentados en videos transmitidos en tiempo real hubo agresiones verbales contra los funcionarios universitarios. Las demandas genuinas no necesitan recurrir a expresiones irrespetuosas, mucho menos a la violencia.
Logrado el desafío de convertir la indignación en movilización exigente, ahora los estudiantes enfrentan el reto de sacudirse las infiltraciones mal intencionadas cuyo antecedente se dio el pasado 2 de octubre, cuando un grupo de militantes del PVEM intentó desvirtuar la conmemoración de la masacre de Tlatelolco y exigir al gobierno estatal saldar su deuda con la UASLP.
Los reclamos a Zermeño Guerra por lo inefectivo que ha resultado el Protocolo Universitario para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Hostigamiento y el Acoso Sexual y la Violencia de Género (Protocolo PASE) colocaron al rector en una condición de inestabilidad, que resulta obvio que sería aprovechada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para canalizar su manifiesta animadversión contra la UASLP.
El contraste entre la postura tendenciosa por parte de los infiltrados y la de los estudiantes con sus demandas de justicia se dio en las intervenciones de dos manifestantes frente a la puerta del Edificio Central casi al final de la protesta vespertina de este martes.
“Si ya vinimos aquí y estas personas no quieren, ¿por qué no obligar a que los industriales le digan al gobernador que resuelva lo más pronto posible porque lo que más les va a doler es el dinero?”, dijo un manifestante tras proponer paralizar la zona industrial. “¿Eres universitario?”, se escuchó que le preguntaron. Evadió responder.
“Yo no tengo por qué acudir a un paternalismo de un cabrón narco para empezar, entonces por favor cualquier idea de que me va a resolver el gobernador o que me va a resolver el gobierno del Estado se desecha”, le respondió una manifestante. “Porque somos autónomos”, se escuchó entre los estudiantes.
Los manifestantes acababan de tener un encuentro con funcionarios universitarios, a quienes sacaron del Edificio Central y los siguieron hasta rodearlos en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, para exigirles la presencia de Zermeño Guerra, quien se encontraba en la Ciudad de México. En ese encuentro Urenda Queletzú Navarro Sánchez, abogada general de la UASLP, reconoció las omisiones de la UASLP.
“Lo que toca es darles a ustedes, como lo hicimos, la cara y reconocer que efectivamente lo que ustedes señalan es verdad, es verdad que hubo una omisión institucional, es verdad que tienen que ser los asuntos diligentemente”, les comentó para indicarles que se trabaja en la mejora del Protocolo PASE y sus mecanismos para hacerlo más efectivos.
Explicó que la expulsión de los estudiantes responsables y la destitución de los funcionarios que fueron omisos son las máximas acciones que puede la UASLP aplicar en el caso porque las sanciones penales corresponde promoverlas a la Fiscalía General del Estado (FGE) que, hasta el momento, no ha informado de ninguna acción para actuar contra los responsables a pesar de estar plenamente identificados.
La inacción de la FGE, a cinco días de los hechos y de la presentación de la denuncia por parte de la víctima acompañada por su madre, en este momento resulta un agravio mayor que la demanda de destitución del rector parece pretender ocultar, salvo porque para hoy está citada una manifestación a las 11 de la mañana frente a las instalaciones de la Fiscalía.
Gallardo Cardona no se ha pronunciado sobre la necesidad de que se haga justicia en el caso, en tanto en redes sociales figura como el principal sospechoso de la infiltración al movimiento estudiantil. Es decir, su papel se identifica con tal mezquindad, que opta por aprovechar las demandas de justicia para contaminarlas con sus intenciones de control sobre la UASLP.
¿Hasta dónde será capaz de llegar con su animadversión contra la Universidad? ¿Se aprovechará Gallardo Cardona de las circunstancias para, con el pretexto de que hay inestabilidad en la UASLP, incumplir el compromiso de ponerse al corriente en la deuda que en poco más de un mes le provocaría una crisis financiera sin precedentes a la Máxima Casa de Estudios?
