Fernanda Durán
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, defendió la estrategia de seguridad de San Luis Potosí como un modelo “alineado a la estrategia nacional 2024–2030” y basado en cinco ejes: coordinación interinstitucional, inteligencia, fortalecimiento de la Guardia Civil Estatal, participación ciudadana y respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, los cuestionamientos de las y los diputados se centraron en la falta de evidencia estadística, las carencias municipales, la sobrepoblación penitenciaria, las quejas por abuso policial y la brecha entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana.
Juárez Hernández sostuvo que “San Luis Potosí está entre los cinco estados más seguros del país” y que los homicidios dolosos se redujeron 43 por ciento.
Aseguró que el Estado ha logrado “replegar a los grupos criminales hacia Guanajuato, Veracruz y Nuevo León”, tras una serie de operativos coordinados con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Cuando hay paz, hay mejor calidad de vida (…) y hoy se vive seguro, se vive mejor”, dijo al inicio de su intervención.
El funcionario informó que la Guardia Civil Estatal (GCE) cuenta con 3 mil 345 elementos, de los cuales 2 mil 808 son operativos, desplegados en cuatro regiones y 46 bases, además de que se prevé abrir nuevas en La Pila, Venado, Villa de Ramos y Cárdenas, derivadas del análisis de incidencia delictiva.
Entre los resultados de 2024–2025, destacó la detención de 215 personas vinculadas a grupos criminales, el decomiso de 235 armas, 193.6 kilogramos de droga, la recuperación de 2 mil 092 vehículos —947 con reporte de robo— y el aseguramiento de más de 2.3 millones de litros de hidrocarburo.
Aunque el secretario enumeró acciones tangibles —como la desinstalación de 378 cámaras utilizadas por la delincuencia organizada, la formación de mil 100 nuevos cadetes, la emisión de 13 mil 233 medidas de protección a mujeres, la incorporación de 436 nuevas cámaras al sistema C5i2, un helicóptero, 25 patrullas de alta gama y la modernización de la red de radiocomunicación después de dos décadas—, no ofreció evidencia que vincule estas inversiones con resultados medibles.
No se presentaron comparativas sobre reducción de delitos por región, tiempos de respuesta o eficiencia operativa del C5i2 tras su ampliación.
En total, dijo, se invirtieron más de 70 millones de pesos en fortalecimiento operativo y 81 millones en comunicación interna.
“En San Luis Potosí la seguridad es más que una estrategia, es la base sobre la que se construye bienestar y desarrollo”.
Añadió que se realizaron 196 mesas de seguridad, incluyendo sesiones itinerantes en diversas regiones, y un convenio de colaboración con Guanajuato para frenar el ingreso de grupos criminales en la frontera estatal.
La diputada Leticia Vázquez Hernández, del PVEM, reconoció la estrategia de contención de la delincuencia organizada, pero pidió precisar cómo se distribuyen los elementos estatales ante municipios con cuerpos reducidos; Juárez reconoció que “la seguridad pública municipal ha quedado a deber”, en algunos casos “por falta de fortalecimiento y en otros por falta de voluntad”, aunque existe apertura para apoyarlos.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Cuauhtli Badillo Moreno, solicitó resultados tangibles en prevención social, búsqueda de personas y reinserción, el secretario explicó que la Secretaría trabaja con comités vecinales, escuelas y empresas, y que mantiene coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, pero no dio cifras sobre localizaciones ni sobrepoblación penitenciaria.
En materia de percepción, refirió que “los índices del INEGI se basan en opiniones personales”, por lo que buscan contrarrestarlo con reforzar la presencia policial y la proximidad social.
“Derivado de cómo se realiza la encuesta y nosotros lo que queremos combatir es eso con mayor presencia de nuestros elementos en calles y con mayor trabajo de proximidad social que permita la participación social para que se dé cuenta a la sociedad el trabajo que realizamos desde esta secretaría y sus cinco direcciones”.
La diputada Nancy Jeanine García Martínez cuestionó al secretario sobre los ajustes realizados a la estrategia estatal de seguridad para armonizarla con la política federal 2024–2030, y sobre los protocolos de actuación del personal de la Guardia Civil Estatal ante denuncias ciudadanas por operativos sin justificación y uso arbitrario de la fuerza.
En respuesta, Juárez Hernández explicó que en septiembre de 2025 se firmaron tres acuerdos nacionales entre los secretarios de seguridad del país: el primero para alinear la legislación estatal a la nueva Ley General de Seguridad Pública, el segundo para crear una unidad de inteligencia en investigación, y el tercero para fortalecer la estrategia contra la extorsión mediante una mesa técnica permanente.
Argumentó que el combate al narcomenudeo eleva artificialmente la incidencia total, pero que San Luis Potosí mantiene una “tendencia positiva” gracias a la coordinación con la Federación, aunque omitió detallar protocolos, resultados medibles o acciones correctivas sobre los abusos policiales que la diputada señaló.
El diputado Carlos Arreola Mallol pidió evaluar las mesas de construcción de paz, la inversión en los penales y la estrategia contra la extorsión. Juárez calificó las mesas como “básicas” y que de ellas han surgido operativos conjuntos, así como la instalación de las Bases Operativas Móviles Interinstitucionales (BOMI).
Confirmó que los 10.5 millones de pesos federales aplicados en el Penal Único Femenil de Xolol, en Tancanhuitz, fueron destinados a infraestructura y servicios básicos como parte de la certificación ante la Asociación de Correccionales de América (ACA).
La diputada Jessica Gabriela López Torres solicitó información sobre las condiciones de las mujeres privadas de la libertad y los mecanismos para garantizar el contacto familiar, ante lo cual Juárez Hernández reconoció los problemas derivados de la concentración de internas en La Pila, pero que con el traslado al penal de Tancanhuitz buscó atender una recomendación de 2019.
Explicó que el DIF Estatal apoya los traslados de familiares, aunque sin dar datos sobre la periodicidad ni cobertura.
El diputado Marco Gama Basarte preguntó : “¿Qué acciones concretas está implementando la Secretaría para atender las recomendaciones de derechos humanos y qué avances hay en la dignificación laboral de las y los policías?”, ante lo cual el funcionario respondió que en 2025 se han registrado alrededor de 170 quejas en curso “sin nuevas recomendaciones”, y que la dependencia actúa con apego a los derechos humanos.
Añadió que se han mejorado los salarios, otorgado bonos operativos, dos seguros de vida y apoyos de un millón de pesos y vivienda a deudos de policías caídos, incluso de fuerzas federales.
Otros diputados abordaron temas como el abigeato en la Huasteca, el aumento de fraudes cibernéticos, y la propuesta de permitir a la Guardia Civil Estatal realizar actos de investigación; el secretario dijo que la Policía Cibernética opera desde el C5 y se coordina con los 32 estados, aunque no presentó indicadores de casos atendidos.
Sobre la iniciativa de investigación policial por parte de la GCE promovida y consultada por el diputado Rubén Guajardo Barrera, manifestó una postura positiva a reformar para que la policía preventiva haga actos de investigación y cuente con peritos, pues hoy recuperar video-evidencia es vulnerable en juicio sin esas facultades.
