Alejandro Rubín de Celis
El lamentable caso de una joven universitaria que sufrió abuso sexual en un espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), parece ser, paradójica y penosamente, el acontecimiento que mejor le viene al gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, para buscar la caída del rector, Alejandro Zermeño Guerra.
Desde que llegó al poder en septiembre de 2021, Gallardo dio señales de su deseo por controlar la Universidad, como lo ha logrado en gran parte de los demás espacios de poder en San Luis Potosí en los cuatro años que van de su mandato.
Por supuesto, siendo una institución relevante de influencia académica y social, y con un importante presupuesto (que a la postre él mismo se encargó de mermar al dejar de entregarle una parte importante de las ministraciones que le corresponden al gobierno estatal), el mandatario quería tenerla bajo su dominio, y comenzó por señalar que en la gestión de Zermeño había funcionarios corruptos de la “maldita herencia”.
Al ver que no podría controlar la UASLP, Gallardo optó por vengarse reduciendo año con año, desde 2022, la parte del presupuesto que le corresponde al Gobierno del Estado; mostró conductas de indiferencia y desprecio hacia las peticiones del rector para regularizar pagos pendientes, y manipuló al congreso local para evitar la aprobación de una iniciativa del rector para que la UASLP lograra su independencia financiera.
Ahora que el gobierno estatal se ha comprometido a pagar lo que debe de este 2025 antes de que termine octubre, según el secretario de gobierno, J. Guadalupe Torres, y en parcialidades, de acuerdo con la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal (cuyas fechas de pago se desconocen), se registra este lamentable hecho en la Facultad de Derecho que significa, para Ricardo Gallardo Cardona, un magnífico distractor respecto de la liquidación del pasivo pendiente, pero, sobre todo, una oportunidad única para buscar la destitución de Alejandro Zermeño Guerra.
Las movilizaciones estudiantiles, los bloqueos de importantes calles y avenidas, la toma de instalaciones de distintas facultades, los despidos y renuncias y otros elementos que conforman esta nueva crisis institucional en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, le vienen como anillo al dedo al gobernador.
A la animadversión que Gallardo le guarda al rector, se suman “coincidencias” en esta coyuntura que hacen pensar que el mandatario tiene metidas las manos en el asunto. Una es que el primer medio que publicó la agresión a la joven universitaria fue el periódico Reforma, de circulación nacional, medio con el que, todo parece indicar, el gobierno estatal tiene convenio publicitario para publicar notas que favorecen a su titular. La otra es que el segundo medio que la publicó es El Mañana de San Luis Potosí, presuntamente adquirido por Gallardo como franquicia de El Mañana de Ciudad Valles.
La presencia de encapuchados y embozados en la manifestación al interior y exterior del edificio central el martes pasado, que provocaron destrozos y agresiones contra la integridad física de funcionarios universitarios a quienes lanzaron distintos objetos además de expresiones verbales ofensivas y denigrantes, contrasta con las exigencias que, de manera pacífica, hicieron universitarios en distintos planteles que fueron tomados, y en el propio edificio central, donde entregaron su pliego petitorio al rector.
A lo anterior se agregan propagandistas del gobernador disfrazados de analistas (alguno de ellos en estos días quiere escribir a diario y no semanalmente, como acostumbra, para atacar a los directivos de la Universidad aprovechando la ocasión) que sostienen que, debido a que el problema de la violencia hacia las mujeres en la universidad no ha sido atendido debidamente por las autoridades universitarias, el rector y las y los directores de las facultades deben renunciar, sin señalar que el tema no viene de unos años atrás sino de hace décadas.
Animadversión al rector, medios afines como primeros difusores de la información, agresivos infiltrados que exigen la destitución del rector, una fiscalía y el propio gobernador que guardan silencio durante cinco días, y los panegiristas que no quieren ver otra salida que no sea la renuncia del rector y de las y los directores, generan la fundada sospecha de que Gallardo Cardona aprovecha la crisis en que ha entrado la UASLP para propiciar la caída de quien encabeza esa institución, seguramente con la intención de operar para que haya nuevas elecciones y quede alguien afín a su proyecto político.
Está claro que el Protocolo Universitario para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Hostigamiento y el Acoso Sexual y la Violencia de Género, creado durante la gestión de Zermeño Guerra, no ha funcionado, y que las exigencias de los estudiantes están plenamente justificadas. La propia abogada general de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro, ha reconocido que la Universidad ha fallado en la difusión y aplicación de ese instrumento y sus mecanismos de implementación. “Lo que hemos detectado es que hace falta informar, documentar e instruir al personal universitario sobre los protocolos de prevención y hostigamiento sexual. No basta con tenerlos, hay que aplicarlos”, reconoció.
Sin embargo, el problema es más profundo y va más allá de sólo informar y aplicar los protocolos. De acuerdo con lo que han denunciado durante largo tiempo los propios estudiantes, es que hay una estructura patriarcal basada en el silencio, la protección y la impunidad para quienes desde hace décadas incurren en actos de acoso y hostigamiento sexual (principalmente profesores y alumnos) y que ahora, lamentablemente, derivaron en una grave agresión a una joven en instalaciones de un institución que debe ser ejemplo de respeto a la integridad y dignidad de cada integrante de la comunidad universitaria.
Ahora, el rector y la comunidad universitaria tienen dos grandes retos: evitar la muy probable intención del gobernador de destituir al rector para apoderarse y controlar la Universidad, e iniciar un proceso de transformación profunda y lo más expedita posible, que haga efectivas medidas que garanticen la seguridad y protección permanente de las y los estudiantes y de todos los integrantes la universidad más importante del estado.
No hacerlo puede tener consecuencias funestas no solo para la estabilidad de la UASLP como institución académica, sino para la sociedad potosina en su conjunto.
Y, cuidado, porque el río está revuelto y no sólo el gobernador puede tener ganancias, también algunos otros actores invisibles que operan bajo las sombras.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Periodista desde hace 38 años. Fue coordinador de Noticias de Canal 7 de televisión en SLP y director de la revista Transición en sus versiones impresa y electrónica. Docente universitario durante 31 años. Ha impartido materias de periodismo, ética de la comunicación y opinión pública.
