Fernanda Durán
Con 22 votos a favor, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves la adición del artículo 231 Bis al Código Penal de San Luis Potosí, con lo que el delito de extorsión será perseguido de oficio, la reforma fue impulsada por el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol.
El nuevo artículo establece que “el delito de extorsión previsto en el presente capítulo se perseguirá de oficio”, lo que implica que las autoridades podrán iniciar investigaciones sin requerir denuncia formal de la víctima.
De acuerdo con el dictamen, la medida busca romper las cadenas de impunidad que permiten la continuidad de este delito, considerado de alto impacto social y económico.
Durante la exposición del proyecto se destacó que la reforma se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que promueve la creación de unidades especializadas y mecanismos de atención integral a víctimas.
El legislador Arreola Mallol señaló que con esta adecuación San Luis Potosí se suma al esfuerzo federal para fortalecer la persecución penal de los extorsionadores.
La exposición de motivos retoma datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, según la cual 12.6 por ciento de los hogares mexicanos fue víctima de extorsión en el primer semestre de 2025, por encima de delitos como fraude o robo en transporte público. El impacto económico asciende a pérdidas estimadas en 31 mil millones de pesos anuales.
Con esta reforma, San Luis Potosí busca formar parte de la homologación nacional y dotar a las autoridades locales de mayores herramientas jurídicas para la persecución del delito.
