Fernanda Durán
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este jueves confirmar el desechamiento de la controversia constitucional promovida por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) contra el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), al considerar que la institución no tiene legitimidad para acceder a este tipo de medios de control constitucional.
El proyecto, elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, determinó que fue correcto el acuerdo emitido el pasado 11 de agosto por la ministra instructora Loretta Ortiz Ahlf, quien había desechado la controversia por notoriamente improcedente.
La resolución sostiene que, aunque la universidad se autodefine como un órgano constitucional autónomo, su marco normativo no la reconoce como tal, sino como un organismo descentralizado del Estado con autonomía de gestión y autogobierno, características que no son equivalentes a las de un órgano constitucional autónomo.
Durante la sesión pública, la ponencia destacó que la autonomía universitaria reconocida en la Constitución del Estado no implica independencia constitucional, pues las universidades no están comprendidas entre las entidades, poderes u órganos previstos en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de México.
En ese sentido, el Pleno coincidió en que la UASLP no puede ser equiparada con entes como los órganos garantes de transparencia o las comisiones de derechos humanos, que sí gozan de autonomía plena en términos constitucionales.
El proyecto también incorporó ajustes sugeridos por las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y Yasmín Esquivel, consistentes en precisar fundamentos normativos y algunos párrafos del dictamen original. Con las modificaciones, el Pleno aprobó el proyecto por unanimidad de votos, con la participación de once ministros.
Con esta resolución, la Corte mantiene firme el criterio de que la UASLP no cuenta con legitimidad para promover controversias constitucionales, lo que en los hechos deja sin efecto su intento de impugnar la fiscalización estatal de sus recursos propios y reafirma la vigencia de las atribuciones del IFSE.
El fallo cierra un episodio más del prolongado conflicto entre la universidad y el órgano fiscalizador, que desde 2023 ha derivado en múltiples litigios: amparos, juicios de nulidad y recursos desechados.
La controversia 178/2025 había sido presentada en junio de este año, luego de que la UASLP acusara al IFSE de invadir su autonomía universitaria al pretender auditar los recursos autogenerados. Tras el rechazo inicial, la universidad interpuso el Recurso de Reclamación 43/2025-CA, que fue admitido en septiembre y resuelto este jueves con el mismo sentido: improcedente.
La decisión de la Corte consolida la posición del IFSE, cuyo titular, Rodrigo Lecourtois López, ha sostenido que la UASLP es el único ente público del país que se niega a ser auditado localmente. El instituto mantiene observaciones por más de 600 millones de pesos en la cuenta pública 2023.
