Estela Ambriz Delgado
Aún quedan pendientes por resolver dos carpetas más de investigación en el caso del ecocidio en el Monumento Natural Sótano de las Golondrinas hecho por las empresas Heliservicios Internacionales y Operadora Vallarta Park de Grupo Vidanta.
Lo anterior debido a que su actuación alevosa y discriminante afectó no sólo al medio ambiente y la fauna, sino también el patrimonio cultural del pueblo indígena tének.
La abogada del Barrio Unión de Guadalupe, Rosa María Balvanera Luviano, expresó que si bien el resolutivo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es un importante avance en la lucha de la comunidad, aún están pendientes de resolver dos carpetas más.
Explicó que estas se originan en que las empresas cometieron diversos delitos para posibilitar el ingreso de los helicópteros y hacer su filmación a sabiendas de que no tenían permiso por parte de la comunidad, ya que las aves se encontraban en periodo de anidación, por lo que había una especie de veda.
El primero de estos delitos es el desacato a una autoridad que se constituye en la asamblea del Barrio, al ser en donde se encuentra el Área Natural Protegida (ANP), así como sus jueces auxiliares, que son autoridades civiles reconocidas.
“Las empresas sabían claramente que no tenían permiso, obviamente en actos bastante discriminatorios, pues se les hizo muy fácil meterse. Han de haber dicho, ‘Pues estos pobres indígenas, si nos metemos volando, ni cómo nos alcancen ni cómo nos ni cómo nos atrapen’”.
Balvanera Luviano detalló que también cometieron otra serie de ilícitos porque, para sustentar su versión de que tenían el permiso, falsificaron las firmas de algunos de los integrantes de la asamblea, quienes forman parte del comité encargado del ANP, además de que hicieron denostaciones hacia ellos.
Puntualizó que hay una norma de categoría especial, que es la Ley del Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos indígenas y Afromexicanos, la cual establece delitos como la apropiación indebida del patrimonio cultural, y es a la Fiscalía General de la República (FGR) a quien le toca conocer de este tipo de delitos.
“Todavía hay varias cosas que falta que se investiguen, o no investigan, pues porque siguen haciendo todo lo posible por ayudar a las empresas. Desde el principio esa fue la irregularidad, que había muchos funcionarios involucrados y sigue siendo esa la parte en la que están reacios a investigar. Sin embargo, ya con este resolutivo que obtuvimos por parte de Profepa es un gran avance para que las otras carpetas caminen. Ya no hay forma de que digan que no se metieron y que no hubo o un daño al medio ambiente”, comentó la abogada.
Sin embargo, Balvanera Luviano señaló que el resolutivo de Profepa no incluye nada en cuanto a las aves, es decir, falta determinar el delito en lo correspondiente al daño a la vida silvestre, que quedó determinado en cuanto a la cantidad de aves que mataron, en un promedio de mil 211.
Por otra parte, estas aves que habitan el Sótano de las Golondrinas tienen una relación con la cosmovisión de la comunidad tének que, como lo mencionaron desde que sucedieron los hechos en mayo de 2024, los habitantes sintieron un gran pesar por las miles de muertes, pues para ellos la fauna es como parte de su familia.
La complicidad de Segam
De igual forma, la asesora hizo mención de que el resolutivo de la Profepa determina que hay un daño grave al ambiente y se considera que las empresas actuaron de forma negligente, lo que tiene diversas aristas, entre las cuales destaca el hecho de que el permiso lo obtuvieron de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).
“Fue muy triste darnos cuenta que la Segam, en lugar de seguir apoyando al Barrio Unión de Guadalupe y apoyar la protección al medio ambiente, pues fue también medio omiso. Nunca contestó a Profepa, de entrada, se puede apreciar en la sentencia que sus alegatos incluso llegaron hasta fuera de tiempo (…) nunca hubo una colaboración de por parte de la Segam de querer de verdad dilucidar este tema”.
En este sentido, expresó que la comunidad esperaba apoyo de la Segam, sobre todo porque está dentro de sus funciones llevar un procedimiento administrativo contra la entonces Directora de Ordenamiento Ecológico de Áreas Naturales Protegidas, Leticia Alejandra Juárez Avonce, quien otorgó el permiso.
Indicó que en la última plática que sostuvo con la titular Sonia Mendoza Díaz y su personal se habían comprometido a cumplir con una serie de minutas que había dejado su antecesor. Sin embargo, no se ha cumplido y, a través de Germán Zamora, que forma parte de una representación de la secretaría en Ciudad Valles, intentaron modificar el reglamento del Monumento Natural.
Balvanera Luviano relató que en el periodo vacacional de Semana Santa el funcionario fue enviado para cambiar el reglamento, e intentó aprovechar una modificación en el comité encargado del ANP, pidiéndoles firmaran un documento con las alteraciones, lo que no fue concretado.
Por otra parte, hizo mención que a pesar de que se encuentran limitados en sus atribuciones, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (INDEPI) sí les ha brindado apoyo. En cuanto a la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de tener perdida por casi un año la carpeta de investigación, esta ya fue canalizada a la Fiscalía Especializada de Pueblos Indígenas en el municipio de Tancanhuitz.
