Fernanda Durán
Durante el fin de semana, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) vivió una serie de definiciones institucionales y nuevas tensiones internas derivadas del paro estudiantil que este lunes cumple una semana.
Mientras la Rectoría difundió el Análisis consolidado de pliegos petitorios estudiantiles y aseguró que no habrá sanciones contra los participantes del movimiento, la designación de un suplente en la Dirección de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” generó inconformidad entre las y los estudiantes que continúan en paro, al denunciar que la sesión del Consejo Técnico Consultivo (CTC) se realizó “en secreto”.
El Consejo Directivo Universitario (CDU) fue convocado a sesión extraordinaria para este martes, con el fin de aprobar la convocatoria a elección extraordinaria y definir el procedimiento para designar a quien concluirá el periodo 2024–2028 en la dirección de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”.
La Universidad aclaró que no se trata de un director interino, sino de un suplente temporal que permitirá garantizar la continuidad administrativa mientras se organiza el proceso formal de elección.
La institución explicó que el CTC de Derecho sesionó conforme al artículo 85 del Estatuto Orgánico, y que “designó a Jesús Javier Delgado Sam como suplente, decisión que ha sido turnada a la Rectoría para su acuerdo conforme al procedimiento establecido”.
De acuerdo con la normatividad, esta figura permanecerá en funciones por un máximo de dos meses, periodo en el que el CDU deberá emitir la convocatoria y realizar la votación definitiva.
En su comunicado, la UASLP precisó que el rector no nombra a las y los directores de facultades, sino que la atribución de la Rectoría en este caso fue únicamente designar a la secretaria general del plantel para convocar al Consejo Técnico, a fin de elegir de entre sus miembros a quien fungirá como suplente.
Sin embargo, la medida generó reacciones inmediatas como el caso de un grupo de estudiantes identificado como la comunidad firmante del pliego petitorio de Derecho acusó que el Consejo Técnico “sesionó en secreto en la Unidad de Posgrados con el objetivo de imponer un director interino”.
En el comunicado, los estudiantes señalaron lo siguiente:
“Denunciamos que los consejeros alumnos y un grupo del propio Consejo Técnico pretenden mantener el control político de la Facultad mediante esta imposición. (…) Fue el propio rector y demás autoridades universitarias quienes, el pasado viernes 24 de octubre, se comprometieron personalmente a respetar la voluntad de los estudiantes y garantizar la transparencia del proceso”.
El grupo reiteró su postura de no reconocer “ninguna designación surgida de sesiones realizadas a espaldas de la comunidad universitaria” y sostuvo que su demanda central es que la dirección sea encabezada por una mujer con perspectiva de género y derechos humanos.
Paralelamente, la Universidad difundió el sábado por la noche el documento titulado Análisis consolidado de pliegos petitorios estudiantiles, resultado del procesamiento de las demandas recibidas de 12 facultades.
El texto de seis páginas resume los temas más recurrentes en las demandas entregadas por las facultades en paro. Según el informe, la metodología incluyó la recopilación de planteamientos, su clasificación temática y la formulación de propuestas institucionales con plazos y responsables definidos.
Entre los ejes principales destacan la prevención y atención de la violencia de género, la seguridad física y perimetral, la transparencia, la rendición de cuentas, el bienestar universitario y la mejora de la infraestructura y equipamiento académico.
El documento plantea acciones como la creación de un Registro Único de Casos y Sanciones, la implementación de capacitaciones obligatorias semestrales en derechos humanos y género, y el diseño de un Plan Integral de Seguridad Universitaria con alumbrado, señalética y protocolos de emergencia.
Horas después, la UASLP publicó un nuevo comunicado institucional en el que aseguró su respeto “a los derechos humanos y universitarios de toda su comunidad, particularmente al ejercicio de la libre expresión, la organización estudiantil y la manifestación pacífica”.
“La institución garantiza que no se ejercerá ningún tipo de denuncia, represalia, sanción o medida coercitiva hacia las y los alumnos, docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria que hayan participado o se encuentren inmersos en el actual movimiento estudiantil impulsado por el interés de erradicar la violencia de género”, indicó la universidad.
El documento añadió que se mantiene vigente el Protocolo Universitario de Crisis e Intervención en Protestas y Movilizaciones Universitarias y Sociales, para asegurar que las acciones institucionales se conduzcan “bajo los principios de diálogo, respeto y protección a la integridad de las personas y de los derechos humanos”.
Los comunicados emitidos durante el fin de semana se dan tras los encuentros sostenidos el viernes entre el rector Alejandro Zermeño Guerra y representantes de múltiples facultades, entre ellas Derecho, Medicina y Contaduría y Administración, donde se recibieron formalmente los pliegos petitorios y se anunció la actualización del Protocolo Universitario contra el Acoso y la Violencia de Género.
Mientras tanto, varias facultades continúan en paro parcial o total, a la espera de respuestas específicas a sus solicitudes.
El movimiento estudiantil, que surgió tras el caso de una presunta violación en la Facultad de Derecho, mantiene su exigencia de medidas efectivas contra la violencia, así como de transparencia y apertura en los procesos internos.
