Fernanda Durán
Tras dos semanas de reuniones técnicas con directores de los 21 organismos operadores de agua y representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Congreso del Estado aún no logra un consenso sobre los criterios para autorizar ajustes a las tarifas de agua potable correspondientes al ejercicio fiscal 2026.
En las sesiones previas, los organismos solicitaron incrementos por encima del índice inflacionario y denunciaron que las fórmulas actuales son obsoletas, mientras que la comisión advirtió que cualquier aumento deberá apegarse estrictamente a lo establecido por ley.
La diputada presidenta de la Comisión, Nancy Jeanine García Martínez, confirmó que el tema permanece sin acuerdo interno y que, ante la falta de mayoría legislativa, los ajustes se regirán por el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), que actualmente se ubica en un 3.25 por ciento anualizado.
“No podría decir si va a haber un aumento, no hubo más debate o consenso en la comisión, entonces nos estamos apegando a lo que la ley manifiesta y esperaremos al 5 de noviembre para conocer cómo vienen presentadas las propuestas”.
La legisladora de Morena subrayó que la discusión debe mantenerse en el plano técnico y no político, pues en cada ciclo presupuestal los organismos enfrentan presiones financieras mientras los cabildos y el propio Congreso evitan autorizar incrementos por temor al “costo político”.
“Tenemos que ser muy realistas, todos padecemos la falta de agua y la mala infraestructura, pero no debemos quedarnos solo en lo negativo, sino respaldar a los organismos para que trabajen de manera eficiente”.
García Martínez admitió que el problema de fondo no es únicamente el monto de las tarifas, sino la ineficiencia operativa y administrativa de algunos organismos, donde se ha detectado un crecimiento desproporcionado del gasto en nómina y personal de oficina, en detrimento de la inversión y el mantenimiento.
El diagnóstico coincide con lo expuesto en las reuniones anteriores, donde directores de sistemas municipales reconocieron rezagos en infraestructura, altos costos eléctricos y falta de recursos para mantener plantas de tratamiento, pero también defendieron la necesidad de incrementos graduales que no comprometan la operación.
La diputada señaló que las propuestas deberán entregarse a más tardar el 5 de noviembre, conforme al calendario legal, y deberán incluir justificaciones detalladas sobre el destino del gasto operativo e inversión, así como un reporte financiero de los tres años anteriores.
Advirtió que los organismos que no sustenten su propuesta con información técnica podrían mantener las mismas tarifas vigentes en 2025.
Aunque “hablar de aumento es un tema impopular”, la legisladora consideró indispensable que los organismos sean transparentes y disciplinados para justificar cualquier modificación.
