Fernanda Durán
Con participación de autoridades educativas, la Fiscalía General del Estado (FGE), legisladores y organizaciones civiles, el Congreso del Estado realizó el Foro internacional: Protocolos de actuación para la prevención y atención del abuso infantil, cuyo eje fue respaldar la iniciativa que crea el artículo 83 Bis de la Ley de Educación del Estado para establecer un protocolo y un comité interinstitucional de respuesta en planteles públicos y privados.
El diputado Luis Fernando Gámez Macías informó que todas las bancadas fijaron como compromiso impulsar la reforma hasta su aprobación y que las instituciones participantes “tomen el tema con la máxima seriedad”.
Explicó que la propuesta no inventa un esquema nuevo, sino que toma los protocolos federales existentes, los adapta al contexto potosino y los reglamenta mediante un comité de protocolos en materia de abuso infantil con representación de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), el Sistema DIF, la FGE, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), magisterio, madres y padres, y sociedad civil.
Ese comité deberá reunirse al menos dos veces por año para mantener vigente el instrumento y socializarlo con el personal escolar, de modo que ante una sospecha o un caso exista un “marco de actuación con pasos A, B, C, D” que preserve los derechos de la víctima y también del docente denunciante.
El diputado subrayó que hoy muchos maestros que se sienten vulnerados o intimidados y, por temor a errores de procedimiento, evitan denunciar.
El legislador también pidió atender un cuello de botella: la mala integración de denuncias, ya que “el 70 por ciento de los casos denunciados no logra judicialización” por vicios en la denuncia o por expedientes con elementos insuficientes, por lo que el protocolo busca cohesionar a las instituciones y estandarizar la ruta de atención para dar seguimiento efectivo.
Desde la sociedad civil, la Fundación Internacional Granito de Arena detalló su estrategia preventiva “Mi escuela me cuida” y el programa “Escuelas blindadas”, que incluye talleres para preescolar y primaria, señalética de alerta en zonas clave de las escuelas y capacitación al personal.
Presentaron además la “Cabina de Arenito”, un sistema de entrevistas asistidas en tiempo real diseñado para uso exclusivo de autoridades (Ministerio Público, peritos y psicólogos), que la organización ofrece sin costo de licencia —con la condición de que las instituciones realicen el equipamiento— a fin de facilitar la denuncia y proteger al personal educativo.
En el foro se destacó que miles de casos permanecen invisibilizados y que, aunque la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a comunicar de inmediato cualquier sospecha de violencia, la Ley General de Educación no explicita sanciones por omisión del personal educativo, por lo que se insistió en cerrar vacíos normativos, habilitar denuncias anónimas y blindar a quienes reportan para evitar represalias en las comunidades escolares.
El secretario de Educación refrendó la política de cero tolerancia en el sistema educativo y consideró indispensable acompañar los protocolos con una ley de protección laboral docente, para que maestras y maestros no queden expuestos ante denuncias infundadas y actúen con certeza frente a situaciones de violencia.
Desde la Fiscalía se abrió la puerta a integrarse al comité y a alinear criterios sobre entrevista a víctimas, confidencialidad y canalización, recordando que el entorno familiar suele ser el principal foco de riesgo.
Legisladoras y legisladores de diversas fracciones respaldaron la ruta acordada, llamaron a garantizar presupuesto para capacitación y operación, así como vincular el nuevo protocolo con políticas de cuidados que atiendan factores de riesgo fuera de la escuela.
Coincidieron en que el foro fue un punto de arranque para pasar de la visibilización a la aplicación efectiva de medidas que protejan a niñas, niños y adolescentes.
