Por Victoriano Martínez
La resistencia de los ejidatarios de El Peyote a las presiones por parte de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras y el gobierno del Estado duró 203 días desde el 5 de abril hasta el pasado sábado, cuando ya cedieron a la venta de sus tierras para el tramo carretero Entronque 75D-Matehuala a 70 pesos por metro cuadrado y sin compromiso de obras de impacto social.
Una determinación en asamblea ejidal que tuvo como precedente, según un grupo de ejidatarios que se mantiene firme en la exigencia de mejores condiciones para la venta, la traición del ex comisariado ejidal, Severo Rosales, quien se sumó a las presiones ejercidas por la concesionaria y el gobierno estatal.
En la última etapa de presiones se sumó el alcalde de Guadalcázar, Gumaro Verdín Puente, quien se avocó a comprar a algunos simpatizantes del grupo opositor para que desanimaran y terminaran de intimidar la base social inconforme, según lo reportó el grupo Guardianes de la Sierra a Víctor Suárez Carrera, procurador Agrario Nacional.
“Una borrachera aquí, una cena allá, una promesa de trabajo por acá, toda la vieja escuela en acción, al representante de la Procuraduría Agraria (PA) lo persuadieron a colaborar, si te corren, acá tendrás trabajo en Gobierno del Estado o bien una jugosa compensación de la empresa”, describen los Guardianes en una versión preliminar del documento que enviaron a Suárez Carrera.
Durante la asamblea del pasado sábado, Álvaro Pineda Maldonado, representante en el Estado de la PA, les aseguró a los ejidatarios que el convenio de ocupación previa que les presentó la empresa se ajusta y cumple con el reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural, los procedimientos expropiatorios y los convenios de ocupación previa.
“Esto por parte aquí de la representación que checamos. De México no nos han dicho nada, porque como dijo la licenciada, antes de, como quiera vamos a estar en comunicación para poder ya, este, que nos autoricen y poder hacerlo”, expresó Pineda Maldonado titubeante.
Y es que, enseguida, representantes de los Guardianes, en representación de ejidatarios inconformes presentaron solicitudes formales por escrito para requerir documentos faltantes con los que se incumplía con los requisitos de la Ley Agraria que acababa de dar por cumplidos el representante estatal de la PA.
En plena asamblea, tanto las autoridades ejidales como la representación estatal de la PA, reconocieron que se incumplió con incorporar el avalúo de las tierras por parte del Instituto de Administración de Bienes Nacionales, además de que omitieron la lectura del contrato de pago y su sustento, que es probable que no la hayan elaborado.
Entre las omisiones también reconocieron que el proyecto no cuenta aún con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo trámite se encuentra suspendido desde el 28 de agosto.
Una de las principales omisiones tiene que ver con garantizar sostenibilidad a las comunidades dentro del Ejido El Peyote, dado que no se presentó la relación de obras por parte de la concesionaria y/o el gobierno del Estado que tenga, entre otras cosas, impacto en la comunidad y se tome en cuenta la participación ciudadana.
Se trata de una de las demandas que los ejidatarios plantearon en las negociaciones, en las que se pedía un precio de 400 pesos por metro cuadrado, de los cuales 200 fueran en efectivo y los otros 200 en obras de impacto social que compensaran los perjuicios que en ese ámbito les provocará la construcción de la carretera.
Un punto que se suma a las otras omisiones que han sido reportadas a Suárez Carrera, titular de la PA, que –como confesó en la propia asamblea Pineda Maldonado– no fue informado de las condiciones en las que se presentó el convenio a los ejidatarios para su aprobación y ahora “como quiera vamos a estar en comunicación para poder ya, este, que nos autoricen y poder hacerlo”.
La falta de una relación de obras de impacto social a favor de los ejidatarios tendrá impacto además en el trámite de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante la que denunciaron las presiones de las que han sido objeto para obligarlos a aprobar el convenio de ocupación previa.
Con relación a su derecho a las obras sociales, que tienen fundamento jurídico en el Acuerdo por el que se establecen disposiciones administrativas relativas al desarrollo y la gestión social en proyectos de inversión de infraestructura carretera y ferroviaria, publicado en el Diario Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2022, la CNDH tendrá que pronunciarse.
Un incumplimiento que se suma a los que se reconocieron en la propia asamblea que abren una etapa de litigio con posibilidades de revertir el convenio de ocupación previa aprobado el pasado sábado.
La resistencia de los ejidatarios de El Peyote a las presiones cedió por 101 votos y 40 abstenciones en la asamblea, pero dejó abierta la posibilidad para los ejidatarios que aún mantendrán su lucha por mejores condiciones de venta (no contra la construcción de la autopista) de llevar adelante litigios con posibilidades de frenar el abuso de la compra a 70 pesos por metro cuadrado.
