Fernanda Durán
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Transporte Público del Estado para incorporar el concepto de electromovilidad, con un dictamen que fue agregado de último momento en la sesión ordinaria de este martes.
La medida busca reconocer y regular el uso de vehículos con propulsión eléctrica dentro del sistema estatal, pero también fue escenario de una exposición oficialista donde se presumieron logros del actual gobierno más que una discusión técnica sobre el impacto ambiental o presupuestal de la medida.
La modificación legal faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para coordinarse con autoridades de los tres niveles de gobierno y promover acciones orientadas a la electromovilidad.
De acuerdo con el dictamen, se busca alinear la ley local con los objetivos del Acuerdo de París y la Ley General de Cambio Climático, impulsando la transición hacia energías limpias y sistemas de transporte con emisiones bajas o nulas.
La presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Jaqueline Jáuregui Mendoza, señaló que la intención es garantizar la continuidad del proyecto impulsado por el Ejecutivo.
“Lo que hoy se votará no es para permitir lo que ya existe, sino para elevarlo a rango de ley, de manera que la electromovilidad deje de depender de la voluntad política de un gobierno y se convierta en obligación para cualquier administración futura”.
El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, autor de la iniciativa, sostuvo que San Luis Potosí “se convierte en uno de los primeros estados del país en marcar pauta en electromovilidad”.
Afirmó que el objetivo es garantizar “un medio ambiente que deje de enfermar”, y vinculó directamente la medida con la política nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
A su vez, la diputada Diana Ruelas Gaitán destacó que la reforma “habla de la transformación de San Luis Potosí”, sin abordar las implicaciones financieras o técnicas de la transición hacia un transporte eléctrico.
Durante la rueda de prensa previa a la sesión, la secretaria Araceli Martínez Acosta defendió los avances del gobierno estatal en materia de movilidad sustentable, además de que San Luis Potosí ocupa “el quinto lugar nacional en incursionar en el transporte público eléctrico” y es “el único en toda Latinoamérica en otorgar transporte eléctrico y gratuito”.
“En un año y medio logramos disminuir de manera importante la generación de enfermedades respiratorias y también reducir 60 mil toneladas de dióxido de carbono en las emisiones contaminantes”.
La funcionaria anunció además la incorporación del primer taxi eléctrico de ruleteo en la zona metropolitana.
Martínez Acosta también presumió la puesta en marcha de dos líneas de transporte eléctrico en Ciudad Valles: la Línea Universitaria y la Ruta de las Lomas, con más de 100 mil viajes registrados en un mes.
“Tenemos personas en silla de ruedas saliendo a pasear porque no tenían para pagar un transporte. Ha sido importante y valiosa esta política pública”.
Aunque la reforma legaliza la electromovilidad como parte del sistema estatal, el decreto no contempla mecanismos de financiamiento, incentivos fiscales ni metas de reducción de emisiones verificables.
Tampoco define plazos para la sustitución progresiva del parque vehicular de combustión, ni establece criterios de evaluación sobre el impacto ambiental o económico de las nuevas unidades.
