Fernanda Durán
Diversas asociaciones protectoras de animales en San Luis Potosí urgieron a la Comisión Primera de Hacienda del Congreso del Estado a dictaminar la iniciativa ciudadana conocida como Ley Hope, presentada el pasado 23 de junio, que busca aumentar las penas contra el maltrato animal y evitar que los agresores recuperen su libertad mediante pagos mínimos o acuerdos reparatorios.
En rueda de prensa, Karla García, representante de la asociación Huella Amiga A.C., acompañada de integrantes de Dignidad Animal, Colectivo Dogs Lovers SLP, Perros Extraviados en Situación Crítica, Colectivo Praxis Combativa y otras organizaciones, denunció que “no hay nadie sancionado de forma real por maltrato animal”, pues la legislación vigente permite que los responsables salgan de prisión pagando multas irrisorias.
La activista explicó que la iniciativa pretende reformar los artículos 110 y 317 del Código Penal del Estado, con el fin de fortalecer el marco legal de protección animal y establecer penas más severas para los agresores, “evitando que obtengan su libertad mediante el pago de multas o montos irrisorios”.
Asimismo, busca cerrar las salidas alternas contempladas en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que actualmente facilitan acuerdos económicos mínimos como vía para evadir sanciones.
García recordó que el proyecto lleva el nombre de la perrita Hope (Greta), cuyo caso marcó un precedente por la insuficiencia de las penas actuales. Uno de los responsables de su muerte fue liberado tras un acuerdo reparatorio que incluyó únicamente 2 mil 500 pesos por la cremación del animal y cuatro bultos de croquetas de 10 kilos, además de asistir a terapia psicológica por seis meses y firmar mensualmente para “garantizar la no repetición del delito”.
Mientras tanto, los otros dos agresores solicitaron la suspensión del proceso penal al ofrecer pagos igualmente simbólicos: dividir el costo de la cremación, entregar seis bultos de croquetas durante seis meses y someterse a terapia psicológica.
“Este tipo de resoluciones son las que la iniciativa busca evitar, asegurando que los actos de crueldad no se resuelvan con pagos risibles”.
De acuerdo con los colectivos, la jueza del caso no aceptó las propuestas de los otros dos agresores y fijó la audiencia intermedia para el 5 de enero de 2026, lo que mantiene vigente la exigencia de justicia y demuestra, según los activistas, la urgencia de una reforma penal más firme.
Las asociaciones sostuvieron que el maltrato animal no debe ser considerado un delito menor, pues refleja un problema de violencia estructural que requiere sanciones efectivas y un sistema judicial sensible, “cada caso impune refuerza la idea de que la crueldad puede quedar impune”.
Actualmente, los colectivos reportan haber reunido más de 6 mil firmas de apoyo ciudadano en respaldo de la Ley Hope, las cuales serán entregadas al Congreso del Estado como parte de la solicitud formal para que el dictamen sea priorizado.
Los activistas esperan reunirse con los integrantes de la Comisión Primera de Justicia para impulsar un dictamen favorable, con el argumento de que San Luis Potosí no puede seguir permitiendo que el maltrato animal se repare con dinero o croquetas.
“No pedimos castigos ejemplares por venganza, sino por justicia y por respeto a la vida”, concluyó Karla García.
