Desiree Madrid
En la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se han identificado al menos dos casos de denuncias contra docentes que no fueron ratificadas por los denunciantes, mientras que en la Sección 26 la cifra ronda las 300, informó la secretaria general Elizabeth Bibiana Guerrero Milán. La mayoría de las acusaciones, señaló, se dirigen contra profesores hombres.
De acuerdo con la dirigente, este tipo de situaciones se presentan principalmente en la capital potosina, donde se concentra la mayor cantidad de quejas.
Explicó que basta con que un directivo, alumno, padre de familia o colega realice un señalamiento para que se abra un acta administrativa.
“A veces hay investigación, pero en otras ocasiones no. El protocolo se aplica, pero cuando la denuncia carece de fundamento, el maestro termina separado de su cargo y sin salario, aun sin que se haya comprobado su responsabilidad”, declaró.
Guerrero Milán destacó que las redes sociales han incrementado la exposición del magisterio, pues una acusación puede difundirse rápidamente sin que antes se compruebe su veracidad. Este fenómeno, dijo, ha llevado a que algunos profesores opten por no regresar a las aulas o incluso abandonen su carrera.
“Si la denuncia tiene sustento, se actúa conforme al procedimiento, pero muchos casos no lo tienen”, apuntó.
Agregó que desde junio el SNTE colabora con legisladores en una iniciativa que busca fortalecer la protección legal del personal docente.
Entre los señalamientos más frecuentes se encuentran presuntos actos de violencia contra estudiantes, como elevar la voz o sujetar del brazo a un menor, aunque también existen casos más delicados.
La secretaria general advirtió que estas situaciones se agravan debido a que los comités de seguridad escolar —formados por padres, docentes y alumnos de grados avanzados— no siempre cumplen con su labor de supervisión, lo que provoca que los maestros sean responsabilizados por accidentes dentro de los planteles.
La líder sindical señaló que en algunas escuelas se han colocado cámaras de videovigilancia, lo cual ha permitido esclarecer casos y exonerar a docentes de acusaciones falsas.
Sin embargo, en ocasiones ni siquiera las grabaciones logran disuadir a los padres que insisten en sostener sus quejas.
Sobre las denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), precisó que son pocos los profesores que recurren a esta instancia, ya que la mayoría sigue los procesos internos del sistema educativo.
Finalmente, Guerrero Milán reconoció que existe un sentimiento generalizado de desprotección entre los docentes.
“Se sienten solos, porque los acusan y no hay un marco legal que los respalde. De ahí la importancia de la iniciativa de ley para la protección de la integridad, derechos y estabilidad laboral del personal educativo del estado de san luis potosí, que busca garantizar los derechos tanto de los trabajadores como de los estudiantes y padres de familia”, concluyó.
