Estela Ambriz Delgado
La lucha por la defensa de Wadley que han emprendido sus habitantes ante el despojo de sus tierras para venderlas para la agroindustria, incluye además de las acciones legales en curso, la exigencia a las autoridades para que se proteja este territorio, tanto de la degradación del ecosistema, sobreexplotación y contaminación del acuífero, como por su valor cultural y espiritual.
Sumado al juicio de amparo por el que los pobladores obtuvieron suspensión definitiva sobre la escritura irregular con la que pretenden despojarlos, han presentado sus denuncias ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la perforación ilegal de un pozo para la empresa que pretende instalarse.
También han enviado un escrito dirigido a la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos, con el fin de dar a conocer las principales características ambientales, sociales y culturales del territorio, así como exigir la intervención de autoridades para su conservación y la garantía de sus derechos humanos.
En el documento se indica, en primer lugar, que este territorio ubicado en el municipio de Catorce forma parte de la Ruta Wixárika por los Sitios Sagrados a Wirikuta, declarada este año como Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Puntualizan que Wirikuta es escenario de la peregrinación anual en la que los wixaritari recrean los pasos de sus deidades y antepasados; desde 1994 cuenta con protección jurídica mediante el decreto estatal de Área Natural Protegida (ANP), actualizado en 2001 para reconocer una superficie superior a las 140 mil hectáreas como Sitio Sagrado Natural.
Por ello se considera que su valor, reconocido inclusive a nivel mundial por la UNESCO, compromete al Estado Mexicano a garantizar su protección, en este caso frente a amenazas extractivas o agroindustriales.
Señalan que a esto se suma el Plan de Justicia de los Pueblos Wixárika, Náayeri, O’dam y Meshikan, del año 2022, que reconoce explícitamente la obligación del gobierno de salvaguardar los sitios sagrados, entre los que Wirikuta ocupa un lugar central.
“La intervención de actores privados en este territorio no solo violenta derechos de la comunidad campesina local, sino que constituye un incumplimiento de compromisos internacionales en materia de protección cultural y ambiental”.
En el documento precisan que pese a ese contexto de protección en papel, se cierne la amenaza de la instalación de una empresa del ramo agroindustrial, de producción de chile, que pretende ocupar terrenos mediante escrituras fraudulentas, incluyendo zonas habitadas y superficies forestales.
Advierten afectaciones al medio ambiente
En este sentido se destaca que la presencia de un monocultivo intensivo en esta región implica no sólo despojo territorial, sino también la degradación del ecosistema, la contaminación de acuíferos y la afectación directa a la población, lo que resulta incompatible con el marco de protección nacional e internacional que ampara a Wirikuta y a la cultura wixárika.
Asimismo, hacen mención del estado en que se encuentra el acuífero Vanegas-Catorce, diagnosticado como sobreexplotado y vedado desde 1964. De acuerdo con la Conagua, la recarga media anual del acuífero es de apenas 28.4 hectómetros cúbicos, mientras que el volumen de extracción asciende a 36.3 hectómetros cúbicos, lo que genera un déficit de –7.9 millones de metros cúbicos anuales.
“La sobreexplotación no es reciente: en el año 2000 ya se documentaba un uso intensivo que duplicaba la capacidad de recarga natural, y para 2010 el deterioro del balance hídrico se había profundizado, aunque sin alcanzar todavía la situación crítica actual”.
Los habitantes indican también que el comportamiento histórico muestra una tendencia clara que la presión ejercida por los proyectos agroindustriales ha degradado aceleradamente el recurso hídrico, lo que compromete su viabilidad para el consumo humano y los ecosistemas.
A esta situación se suma la evidencia científica recabada mediante un levantamiento fotogramétrico y análisis multiespectral, realizado con una aeronave no tripulada, que se hizo en Wadley y en la superficie proyectada para la agroindustria.
El levantamiento acreditó que, al igual que en el ejido Las Margaritas, en donde un dictamen forestal de 2022 confirmó la existencia de vegetación forestal con cobertura superior al 63 por ciento y especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en Wadley existe una composición y estructura forestal propia de ecosistemas áridos y semiáridos.
Esto incluye especies como el peyote (Lophophora williamsii), la biznaga burra (Echinocactus platyacanthus) y la biznaga cabuchera (Ferocactus pilosus), todas de especial relevancia ecológica y cultural.
“Tal acreditación científica confirma que cualquier autorización de desmonte o cambio de uso de suelo recae en la competencia federal, de conformidad con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”.
Riesgo sanitario
En el documento, el movimiento de defensa advierte también que el riesgo va más allá de lo ambiental, al ámbito sanitario y social, debido a la aplicación intensiva de pesticidas en la producción agroindustrial de chile.
En este sentido mencionan que la mayor parte de la población de Wadley pertenecen a sectores vulnerables, pues de las aproximadamente 541 personas que habitan, se calcula que cerca del 52 por ciento son mujeres y alrededor del otro 40 por ciento se compone de infancias y personas de la tercera edad, quienes son particularmente vulnerables a la exposición de contaminantes ambientales.
“La aspersión foliar de plaguicidas conlleva la inhalación directa de partículas tóxicas y, adicionalmente, estos químicos se infiltran al nivel freático del acuífero superior, ubicado a 60-70 metros de profundidad, del cual depende la población para su consumo diario, junto con los animales domésticos y de traspatio. Se trata de una amenaza directa a los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano, reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales”.
Al respecto, subrayan que el marco jurídico internacional respalda la adopción de medidas precautorias, además de hacer mención del principio precautorio consagrado en la Declaración de Río de 1992, que obliga a los estados a suspender proyectos cuando exista evidencia de riesgo de daño grave o irreversible.
Mientras que el Acuerdo de Escazú establece además el derecho de la comunidad a acceder a información ambiental, a participar en las decisiones que afecten su entorno y a exigir rendición de cuentas a las autoridades.
Concluyen el escrito puntualizando que la conjunción de factores culturales, ambientales, sociales y sanitarios, configuran un escenario que exige intervención federal inmediata.
Solicitan a la Consejería Jurídica, en coordinación con la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Registro Agrario Nacional (RAN), y a la Procuraduría Agraria, ordenar la suspensión de los trabajos en curso, verificar la nulidad de los títulos apócrifos. Además de garantizar el acceso a la información y a la participación de la comunidad, así como proteger la integridad ambiental, cultural y social de Wadley y Wirikuta.
