Fernanda Durán
Durante la sesión de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente del órgano legislativo, solicitó que se requiera información al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) sobre el conflicto que involucra a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y a la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V., ante la posibilidad de que se presente una solicitud de juicio político contra el rector Alejandro Zermeño Guerra.
El tema fue expuesto al final de la reunión, después de que la comisión recibiera el informe trimestral del IFSE. En ese punto, el diputado Marco Gama Basarte reiteró la importancia de manejar con discreción la documentación entregada por el órgano técnico de auditoría.
“Reiterar la importancia de que se manejen con el sigilo necesario, que no sea materia de discusión pública, porque precisamente en algún momento pueden también ser sometidos a procesos legales, entonces como prevención (…) que no se publiquen los expedientes que se nos acaban de entregar, nada más para que quede de manifiesto”.
En seguimiento, el presidente de la comisión, Luis Fernando Gámez Macías, instruyó al secretario técnico a convocar a los integrantes del órgano legislativo a una próxima sesión en la que se pueda invitar al titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, para atender las observaciones planteadas.
“Pedirte, mi querido secretario, que para la próxima sesión convoque a los diputados, así los diputados podamos tomar la previsión de invitar al titular del Instituto de Fiscalización para que pueda atender las indicaciones que señala aquí el diputado Marco Gama”.
Gámez Macías aprovechó para referirse a los señalamientos hechos en medios de comunicación sobre la posible solicitud de juicio político contra el rector de la UASLP, relacionada con el conflicto por el terreno donde se pretendía desarrollar el proyecto “Distrito Santa Fe”.
“Me preguntaban en los medios de comunicación también acerca de una posible iniciación de un juicio político al titular de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nos pueda platicar a esta Comisión de Vigilancia qué es lo que está ocurriendo a ciencia cierta para que los diputados tengan la información”.
El legislador recordó que “la empresa afectada hoy está señalando que va a exigir al Congreso del Estado la iniciación de un juicio político en contra del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí”, y pidió formalmente al secretario de la comisión que se recabe información sobre el caso.
“Lo que le pediría aquí al secretario de Estudio y Cuenta es que nos haga llegar la información oportuna de los integrantes de esta Comisión, primero para que nos documentemos, la tengamos a la mano, y también aprovechando consultarle al titular de IFSE si sabe algo”.
El conflicto legal entre la universidad y Distribuidora VEM se originó luego de que esta última comenzara a promover un desarrollo comercial distinto al “Centro Deportivo Santa Fe” pactado en el contrato, lo que derivó en una solicitud formal de rescisión enviada por la universidad el 10 de abril pasado.
Al no cumplirse con los términos establecidos, la devolución del terreno ni pagarse el monto correspondiente al arrendamiento, el 15 de mayo la UASLP informó que iniciaría acciones legales. Desde entonces se ha mantenido en un litigio, seguido hasta el momento por diversas declaraciones públicas por parte la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V., representada por el empresario Fabián Espinosa Díaz de León en contra de la UASLP.
En San Luis Potosí la legislación local establece que pueden ser sujetos de juicio político los servidores públicos del Estado, entre ellos el gobernador, los diputados locales, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los integrantes de los Consejos de la Judicatura, así como los miembros de los organismos constitucionales autónomos y los directores generales de organismos descentralizados.
En ese marco, cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en una sentencia reciente que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es un organismo constitucionalmente autónomo, sino un ente público con autonomía de gestión.
