Fernanda Durán
La Comisión de Salud del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el dictamen que adiciona al Código Penal local un nuevo capítulo denominado “Delitos contra la orientación sexual o la identidad de género”, con lo que se sancionarán las llamadas “terapias de conversión”; la iniciativa también incorpora un artículo a la Ley de Salud del Estado, en concordancia con la reforma federal aprobada en 2024.
La diputada Frinná Azuara Yarzábal, presidenta de la comisión, explicó que el objetivo es armonizar la legislación potosina con el Código Penal Federal al garantizar que las autoridades locales puedan sancionar directamente prácticas que vulneran la dignidad humana.
“No hay nada que curar”, sostuvo, al recordar que hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud clasificaba la homosexualidad como una enfermedad y que durante décadas se aplicaron tratamientos violentos como electrochoques, violaciones correctivas o procedimientos hormonales forzados.
La diputada ofreció una disculpa pública a los colectivos que impulsaron la iniciativa por no haberla dictaminado con anterioridad, pues el proyecto no había sido turnado desde la Comisión de Justicia, donde se emitió la primera opinión, y por ello la Comisión de Salud no pudo abordarlo antes.
“No me quiero excusar, pero no me había llegado el dictamen; apenas fue aprobado en Justicia y por eso lo traemos hoy con carácter urgente”, señaló, al destacar que el retraso no fue por falta de voluntad, sino por procedimiento legislativo.
El dictamen aprobado adiciona el artículo 190 Bis al Código Penal del Estado, que establece una sanción de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quien “realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
Las penas se duplicarán cuando las conductas se cometan contra menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, y en caso de ser el padre, madre o tutor de la víctima, el juez podrá aplicar amonestación o apercibimiento.
El artículo también agrava la sanción cuando exista relación laboral, docente, doméstica, médica o de subordinación, o si el autor se vale de una función pública o emplea violencia física, psicológica o moral. En esos supuestos, además se impondrá la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual al de la pena.
La norma dispone que basta la denuncia para iniciar la investigación, sin necesidad de otros requisitos de procedibilidad, y ordena que los jueces consideren la afectación al libre desarrollo de la personalidad de la víctima al determinar la reparación del daño.
El dictamen también incorpora el artículo 380 T a la Ley de Salud del Estado, que prohíbe expresamente a médicos, psicólogos o instituciones públicas y privadas ofrecer o colaborar en este tipo de prácticas, bajo advertencia de sanciones administrativas y penales.
Debate y confrontación entre legisladores
El ambiente en la sala cambió cuando el diputado Carlos Arreola Mallol, de Morena, tomó la palabra para respaldar la iniciativa e hizo una crítica abierta a lo que llamó “la ultraderecha que avanza en el mundo” y a los partidos que, según dijo, “han sostenido posturas contrarias a los derechos de la diversidad sexual”.
Su discurso comenzó como una reflexión histórica sobre la persecución a personas homosexuales y la evolución de los derechos humanos, pero pronto se tornó personal; dirigiéndose a su compañera Aranzazú Puente Bustindui, señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) “ha representado durante años la derecha que persiguió a homosexuales y se opuso al matrimonio igualitario”, y la acusó de sostener una “cara amable” en el Congreso mientras su partido “seguía excluyendo a la comunidad LGBT”.
Puente pidió respeto a su turno de palabra, lo que derivó en una interrupción tensa. “Te respeto a ti, pero no a tu partido”, alcanzó a decir Arreola, mientras la presidenta de la comisión pedía orden.
La panista le respondió de inmediato: “Nosotros estamos a favor de la dignidad humana y por supuesto que vamos a apoyar a toda esta comunidad para que se respeten sus derechos. No estamos en contra de nadie”.
Sin embargo, Arreola insistió en su posicionamiento político al señalar que “el PAN modificó la Constitución para castigar a las mujeres que abortan y ha votado siempre contra la diversidad”.
Los llamados al orden se repitieron varias veces hasta que la presidenta logró que ambos legisladores concluyeran sus intervenciones por separado.
A pesar de ello, luego de manifestar su amistad y solo un choque de posicionamientos el documento fue aprobado por unanimidad de los integrantes presentes, incluyendo a representantes del PVEM, Morena, PAN y PRI.
La presidenta de la comisión adelantó que la iniciativa será enlistada para su discusión en el Pleno el próximo 11 de noviembre, en una sesión donde se prevé la presencia de organizaciones y colectivos de la comunidad LGBTIQ+.
